El campesinado colombiano ha participado históricamente en los procesos electorales como una fuerza amplia pero fragmentada. Durante décadas, su presencia en las urnas ha sido constante, aunque no siempre acompañada de una comprensión plena de su capacidad de incidencia dentro del sistema democrático. Este comportamiento ha permitido que su participación sea significativa en número, pero limitada en orientación colectiva.
Por: Alexander Martínez Castrillón/ En la actualidad, este escenario presenta una posibilidad real de transformación. De acuerdo con la caracterización estadística del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2023), más de 10 millones de personas en Colombia se reconocen como campesinas, lo que representa aproximadamente el 26,4% de la población nacional. Esta proporción ubica al campesinado como uno de los sectores sociales con mayor potencial de incidencia electoral, especialmente en territorios rurales donde su presencia es determinante. Sin embargo, este potencial ha estado históricamente disperso. La toma de decisiones electorales se ha dado de manera individual, sin procesos previos de deliberación comunitaria ni articulación organizativa. Esta fragmentación ha reducido la capacidad del campesinado para traducir su peso demográfico en orientación política y territorial efectiva.
El poder electoral del campesinado no radica en la confrontación con otros sectores sociales ni en la afiliación a estructuras partidistas específicas. Su fortaleza se encuentra en el reconocimiento de su papel estructural dentro del país, particularmente como garante de la seguridad alimentaria y dinamizador de las economías rurales. En este sentido, la participación electoral consciente se convierte en un mecanismo legítimo de incidencia sobre decisiones que afectan directamente la vida en el territorio.
Según la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA, 2023), la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria aporta entre el 60% y el 70% de los alimentos que consumen los colombianos. Este dato evidencia que el campesinado no solo cumple una función productiva, sino que sostiene un componente esencial para la estabilidad nacional. En consecuencia, su participación en los procesos electorales trasciende lo sectorial y adquiere una dimensión estratégica para el país. A esta realidad se suma que más del 50% del empleo rural depende directa o indirectamente de la economía campesina, conforme a lo establecido en la Política Pública de Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Esto implica que las dinámicas laborales, sociales y económicas en amplias zonas del territorio están directamente vinculadas al fortalecimiento del sector campesino.
La expresión territorial de esta realidad es evidente en distintos departamentos del país. En Boyacá, los sistemas productivos campesinos continúan siendo fundamentales para el abastecimiento de alimentos como papa, cebolla, leche y hortalizas. En Santander, las economías cafeteras, paneleras y cacaoteras dependen de condiciones de mercado, infraestructura y asistencia técnica que son definidas en escenarios de decisión pública. En el caso de Bolívar, la organización campesina ha desempeñado un papel relevante en la defensa del acceso al agua, la tierra y la producción alimentaria como elementos centrales de la vida comunitaria. Por su parte, el Valle del Cauca evidencia una coexistencia entre agroindustria y economía campesina, donde esta última cumple un rol esencial en el abastecimiento regional y en la sostenibilidad de prácticas agrícolas tradicionales. Estos ejemplos permiten afirmar que el voto campesino no es una variable abstracta dentro del sistema electoral. Está anclado a territorios específicos, a dinámicas productivas concretas y a formas organizativas que configuran la vida rural. Por lo tanto, su orientación consciente puede incidir directamente en la definición de políticas públicas que impactan el desarrollo territorial.
Un elemento clave en este proceso es la existencia de más de 64.000 Juntas de Acción Comunal registradas en Colombia, según datos del Ministerio del Interior (2024). Muchas de estas organizaciones se encuentran en zonas rurales y constituyen la base más amplia de participación comunitaria en el país, funcionando como espacios naturales de deliberación colectiva. En estos escenarios se gestionan asuntos fundamentales como el mantenimiento de vías terciarias, la administración de recursos comunitarios, la organización de proyectos productivos y la solución de problemáticas locales. Por ello, su fortalecimiento como instancias de análisis y orientación electoral puede contribuir significativamente a la consolidación de una participación campesina más estructurada.
El reconocimiento del campesinado como sujeto de especial protección constitucional, aprobado mediante acto legislativo por el Congreso de la República en 2023, marca un hito en la historia reciente del país. Este avance jurídico no solo valida la importancia del campesinado, sino que abre la posibilidad de fortalecer su participación en la formulación e implementación de políticas públicas relacionadas con el desarrollo rural. No obstante, el impacto de este reconocimiento depende en gran medida de la capacidad organizativa del propio campesinado. Los derechos adquiridos requieren ser acompañados por procesos de apropiación social, participación activa y toma de decisiones informadas que permitan materializarlos en el territorio.
En este contexto, el poder decisivo del campesinado emerge cuando las comunidades desarrollan procesos de diálogo previos a la participación electoral. La construcción de acuerdos colectivos, el análisis de propuestas y la identificación de necesidades comunes permiten transformar el voto en una herramienta de orientación territorial. Este enfoque implica un cambio en la forma tradicional de participación. El voto deja de ser una acción individual y reactiva para convertirse en una decisión colectiva y estratégica. De esta manera, el campesinado no solo participa en el sistema democrático, sino que contribuye activamente a su direccionamiento.
La coyuntura actual del país plantea la necesidad de fortalecer este tipo de participación consciente. Temas como la infraestructura rural, la comercialización de productos, el acceso a servicios básicos, la educación con enfoque territorial y la atención en salud requieren decisiones públicas que respondan a las realidades del campo. En este sentido, el campesinado cuenta con la legitimidad para incidir en dichas decisiones, no solo por su peso poblacional, sino por su contribución directa a la estabilidad social y económica del país. Su participación electoral consciente puede convertirse en un factor determinante para orientar el desarrollo nacional desde una perspectiva territorial.
Finalmente, es importante señalar que la fuerza del campesinado no radica en su vinculación a estructuras políticas específicas, sino en su capacidad de organización y en la claridad de sus decisiones colectivas. Cuando esta fuerza actúa de manera articulada, deja de ser una suma de voluntades individuales y se convierte en un actor con capacidad real de incidencia.
El momento actual representa una oportunidad histórica para consolidar este proceso. La construcción de conciencia, el fortalecimiento organizativo y la participación informada pueden transformar el papel del campesinado dentro de la democracia colombiana, posicionándolo como uno de los principales orientadores del futuro del país.
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*Profesional en calidad y agroindustria, líder social, docente, emprendedor y defensor campesino.
Instagram: @alexandermartinezcastrillon
Facebook: Alexander Martínez Castrillon
(Esta es una columna de opinión personal y solo encierra el pensamiento del autor).
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Referencias
- DANE (2023). Caracterización estadística de la población campesina en Colombia.
- UPRA (2023). Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria en Colombia.
- Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Política Pública de Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria.
- Ministerio del Interior (2024). Registro Nacional de Juntas de Acción Comunal.
- Congreso de la República de Colombia (2023). Acto Legislativo de reconocimiento del campesinado como sujeto de especial protección constitucional.
