El fiscal general de Panamá, Eduardo Ulloa, renunció este 24 de febrero en medio de numerosos escándalos sin resolver en el país, motivado principalmente por la conmoción que ha supuesto para el Estado centroamericano el destape de abusos sexuales a menores en albergues públicos.
Ulloa subió un vídeo en YouTube en el que leyó su carta de «renuncia irrevocable» a partir del 1 de marzo al cargo de fiscal general.
«Debimos trabajar con un sistema incapaz de dar solución a situaciones tan críticas como el bienestar de nuestra niñez, conllevando una responsabilidad institucional, aunque no personal, por los últimos hechos que han conmocionado a la nación panameña», afirmó el exfuncionario en su carta de renuncia.
La dimisión se dio poco después de que la Procuraduría anunciase que comenzará a investigar los 54 albergues públicos del país después de que se denunciasen en 14 de ellos maltrato físico y psicológico, abusos sexuales a menores y tratos “infrahumanos”.
El exfiscal no pudo dar solución en este tiempo a las causas de corrupción de las multinacionales Odebrecht y FCC, por los que apenas hay dos personas en prisión condicional y varias decenas de investigados e imputados.
Entre los imputados por el delito de blanqueo en el caso Odebrecht están los expresidentes Ricardo Martinelli (2009-2014), acusado de cobrar sobornos de la empresa, y Juan Carlos Varela (2014-2019), acusado de haber recibido de la constructora financiación ilícita para sus campañas electorales.
Caso de abuso a menores en albergues
Una subcomisión de la Asamblea Nacional presentó hace más de dos semanas un informe que detalla que desde 2015 decenas de menores fueron abusados sexualmente, maltratados física y psicológicamente en 14 albergues a nivel nacional, en los que se acoge a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.
Los albergues en Panamá están administrados por oenegés y fundaciones, pero están bajo la supervisión del Estado a través de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) y en muchos casos se les otorga fondos públicos para su financiación.
La lenta respuesta de algunas instituciones estatales ante la grave denuncia y la falta de control de estas han provocado una serie de protestas en todo el país contra la gestión pública. Los manifestantes han acusado al presidente del país, Laurentino Cortizo, de ser demasiado tibio en su reacción a lo expuesto.
Hasta el momento, el ministerio ha imputado a ocho personas por los abusos a menores y se sabe que alguna de las víctimas sufrió este tipo de violación de forma repetida durante varios años.
