A raíz del escándalo que sacude la Unidad Nacional de Protección UNP- por el uso de camionetas de la entidad para transportar disidentes de las FARC con órdenes de captura vigentes, la Procuraduría realizó una inspección disciplinaria a la entidad para identificar qué servidores públicos incumplieron la normatividad, Manuales o Protocolos que regulan el ejercicio de la función relacionada con los esquemas colectivos de protección.
Allí, el equipo liderado por la Directora Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación, Lucila Mercedes Vidal Luque, recaudó pruebas documentales las cuales permitirán establecer el tipo de vinculación de los agentes de protección involucrados en el episodio para determinar responsabilidades después de que en un retén militar, en cercanías de Bello, Antioquia, se detuviera a una caravana en la que se movilizaba un grupo de disidentes de las Farc encontrándose al interior de los vehículos elementos tales como armas de fuego, municiones, dinero entre otros.
“Vinimos a corroborar las circunstancias de tiempo modo y lugar en que ocurrieron estos hechos”, señaló la Directora Nacional al recalcar que “si bien es cierto, al parecer, el esquema de protección colectivo era prestado por tercerizados, no descartamos indagar sobre los procesos de contratación y los manuales de funciones de los partícipes en los mismos”.
Esta situación, advirtió la funcionaria, “podría llevar a determinar conductas disciplinarias relevantes en la que hubiesen podido incurrir servidores del nivel directivo y otros”; es por esto que anunció que realizará una inspección disciplinaria a las oficinas de la Alta Consejería para la Paz y en la Unidad Militar del municipio de Bello.
