Por: Diego Ruiz Thorrens/ Nuevamente la población LGBTI es víctima de la violencia, ahora en tiempos de “post pandemia”. Y lo más grave es que la violencia va en aumento, apareciendo en diversos y nuevos escenarios. A continuación, algunas de las situaciones que se presentaron en la última semana:
El día primero de septiembre, un juez de la ciudad de Cartagena se negó a casar a dos mujeres justificando su retardaría decisión (constitucionalmente excluyente) basado en un “acto de conciencia” y utilizando la biblia, no la ley o la constitución. La denuncia, realizada en redes sociales por la organización Caribe Afirmativo, generó todo tipo de reacciones, casi todas a favor o en contra de la decisión del juez, nunca en relación a las mujeres que habían sido vulneradas en su derecho a la unión marital.
Un dato “extra” sobre el famoso juez: el señor es un firme creyente de la teoría que ratifica los microchips que Bill Gates quiere insertar a la gente mediante la vacuna del coronavirus y de la relación de la covid-19 y el Arca de Noe. ¿Cómo carajos permiten ejercer a este tipo de funcionarios?
El día 02 de septiembre se conoció la arremetida de un docente de la universidad distrital de Bogotá contra personas pertenecientes a las poblaciones trans. El docente manifestó que eran una abominación, argumento que vulnera y pone en riesgo la vida de todas aquellas personas que no se identifican con modelos heteronormativos – binarios, basados en “roles” que hombres y mujeres deberían cumplir según su genitalidad y que terminan validando la violencia en razón del género.
El académico se escudó en su “libertad de expresión”, equivalente a la conocida “libertad de conciencia” o “libertad de opinión”, ignorando conscientemente su responsabilidad educativa, disfrazando deliberadamente libertad de expresión con discurso de odio, arrastrando opiniones personales en el ejercicio académico.
El día 05 de septiembre el país fue testigo del ataque homofóbico que recibió la alcaldesa mayor de la ciudad de Bogotá por alguien que se autoidentifica como “cristiano”. En su perorata, el señor afirmó que la alcaldesa “está enseñando la homosexualidad a nuestros niños”, lo cual no es cierto; y utilizó un término para “repulsar” o repeler lo que él quiso entender como “espíritu de la homosexualidad”: reconvenir.
“Te reconvengo”, repitió varias veces, quizá pensando desde su estrecha y pequeña mente que así “liberaría” de la homosexualidad a la señora López. Sería bueno recordarle a dicho señor que la homosexualidad hace parte de la naturaleza humana, y que también está presente en el mundo animal, así él y muchos no quieran comprenderlo.
¿Por qué debe preocuparnos estos sucesos de violencia vestidos de “actos de conciencia” o de “libre expresión”? Porque los mismos son utilizados, como en la peor época de nuestro país, para anular, aniquilar (literalmente) todo aquello que sea distinto o diverso.
Según la organización Caribe Afirmativo hasta la fecha se han presentado más de 24 homicidios, sólo en la costa caribe. En otras regiones del país (incluyendo el departamento de Santander) los crímenes cometidos contra pertenecientes a poblaciones sexualmente diversas, han sido expuestas, identificadas, bajo distintos rótulos: por resistir un atraco, un abuso. Incluso, se ha revivido la figura estigmatizante de “crimen pasional”.
Las investigaciones nunca profundizan en otras variantes, como es la diversidad sexual de las víctimas. La sevicia de los crímenes demuestra que la orientación sexual e identidad de género fueron el principal factor para aniquilarles. El desprecio por las vidas de las poblaciones sexualmente diversas está más latente que nunca.
Santander tampoco escapa de la discriminación y la violencia: desde el primero de septiembre a la fecha (e incluso mucho antes), la corporación Conpázes ha identificado varios casos de jóvenes expulsados de sus hogares en razón de su orientación sexual. Dos de los jóvenes, una pareja de adolescente, fueron lanzados a la calle por sus progenitores una vez descubierta la relación. Los padres de los adolescentes se dicen identificarse con el credo y los valores cristianos, pero con su acto de rechazo y violencia, parecieran rechazar de tajo el “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”. Estos jóvenes, por el momento, buscan apoyos o al menos un lugar dónde refugiarse dado que ninguno cuenta con un trabajo.
La realidad de la población LGBTI en nuestro país es desoladora, y la no aplicación (sumado al desconocimiento) de mecanismos de protección que ayuden a prevenir estas violencias enfrentan el nulo interés político e institucional, potenciando desmedidamente los riesgos.
No podemos permitir que la violencia se revista en discursos deshumanizantes que busquen anular la diferencia. El estado colombiano debe impulsar acciones que ayuden a prevenir y reducir los delitos. También, garantizar protección a quienes son víctimas en razón de la orientación sexual e identidad de género. La difusión, cumplimiento de leyes, e incluso, la creación de agendas en derechos humanos que protejan a dichas poblaciones se hace cada vez más urgentes.
En días pasados conversaba con una excelente profesional de una administración pública de Santander quién comparte conmigo la necesidad y la idea de construir un hogar de paso, de apoyo, para todas aquellas personas que son víctimas en razón de su diversidad sexual. La idea sigue girando en mi mente, aunque soy consciente que ésta no debería ser la única salida: la verdadera salida es reconocer que todos cabemos en este país, y que nunca, bajo ninguna circunstancia, podemos permitir que el odio se disfrace de elocuencia, muchas veces camuflada en “libertad de expresión” o en “actos de conciencia”.
*Estudiante de Maestría en Derechos Humanos y Gestión de la Transición del Posconflicto de la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP Santander.
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