Por: Édgar Mauricio Ferez Santander/ En julio de 2025, el Ministerio de Trabajo de Colombia reveló los resultados de una serie de inspecciones laborales que sacudieron a uno de los gigantes del comercio en el país: Tiendas D1.
El informe no solo confirmó una larga lista de abusos laborales, sino que dejó al descubierto un fenómeno aún más preocupante: la normalización de la explotación, la indiferencia social y el silenciamiento sistemático del trabajador.
Abusos sistemáticos: más allá de un «modelo eficiente»
Entre junio y julio de 2025, el Ministerio realizó más de 230 visitas a tiendas y centros de distribución de D1, entrevistando a cerca de 400 trabajadores. Los hallazgos fueron alarmantes:
Contratos de medio tiempo con jornadas de tiempo completo: Muchos empleados firmaban contratos de media jornada, pero laboraban entre 10 y 12 horas al día, sin reconocimiento ni pago de horas extras.
Descansos insuficientes: Solo se otorgaban 30 minutos de pausa durante extensas jornadas, tiempo insuficiente para comer o recuperarse físicamente.
Sobrecarga de funciones: Un solo trabajador debía cumplir roles múltiples: cajero, aseador, reponedor, vigilante y bodeguero. Esto generaba agotamiento extremo, tanto físico como mental.
Acoso y amenazas: Se documentaron casos de acoso por parte de supervisores, así como represalias contra quienes intentaban sindicalizarse o solicitaban licencias.
Riesgos para la salud: Hubo denuncias sobre accidentes no reportados, lesiones sin atención médica, ausencia de protocolos de salud ocupacional, y falta de salas de lactancia para madres trabajadoras.
Daños psicológicos graves: Uno de los episodios más críticos fue el intento de suicidio de una trabajadora en Bogotá, relacionado con la presión y el estrés laboral. También se reportaron casos de insomnio, ansiedad, depresión y fatiga crónica.
Burocracia y respuestas ambiguas: el silencio disfrazado de colaboración
Ante las denuncias, la respuesta institucional de D1 fue inmediata pero ambigua. Aseguraron tener una “actitud abierta de colaboración” con el Ministerio y afirmaron no haber recibido notificación formal de sanciones.
No obstante, algunos elementos de su defensa generaron polémica:
Alegan cumplir la normativa laboral, sin negar de forma directa los hechos denunciados.
Consideran que el proceso de inspección ha sido “sin precedentes” y manifiestan disposición a revisar sus prácticas.
Justifican su modelo con el argumento de que generan empleo para más de 25.000 personas en todo el país y que garantizan acceso a productos económicos.
Pero el trabajo digno no es un favor, es un derecho fundamental. Y generar empleo no puede ser la excusa para legitimar el abuso. Más preocupante aún es que, frente a las denuncias, D1 priorizó el control de daños en su reputación antes que el diálogo con sindicatos o víctimas.
Complicidad social: cuando el silencio se convierte en violencia
El caso D1 evidencia una verdad incómoda: la sociedad colombiana también ha normalizado la explotación laboral. En redes sociales y conversaciones cotidianas, abundaron frases como:
“Por lo menos tienen trabajo, ¿de qué se quejan?”
“Si no les gusta, que se vayan.”
“Eso pasa en todas partes.”
“Póngase la 10”
Estas afirmaciones revelan una cultura profundamente arraigada donde la precariedad laboral se considera parte natural del trabajo, y quienes exigen condiciones justas son tachados de problemáticos o malagradecidos.
Este no es un fenómeno nuevo. Colombia lleva décadas aceptando formas de sobreexplotación bajo el disfraz del “progreso” o la “empleabilidad”. Lo que el caso D1 deja al descubierto es que la eficiencia económica muchas veces se construye sobre cuerpos agotados, y que el consumidor también forma parte de esta cadena al priorizar precios bajos sin cuestionar las condiciones laborales detrás.
¿Y ahora qué? Medidas urgentes e impostergables
El Ministerio de Trabajo ordenó el cierre temporal de una tienda en Bogotá por riesgos físicos y biológicos, además de instalar una mesa bipartita con sindicatos, ARL y autoridades. Aunque es un paso importante, no es suficiente si no se traducen en transformaciones estructurales. Las medidas necesarias son:
- Sanciones claras y seguimiento permanente: No basta con multar. Es necesario aplicar sanciones proporcionales y garantizar la vigilancia continua del cumplimiento de las leyes laborales.
- Fomento de la organización sindical: El miedo a sindicalizarse es síntoma de una democracia laboral débil. Es deber del Estado proteger este derecho y de la sociedad respaldarlo.
- Educación social y cultural del trabajo: Debemos erradicar la idea de que el trabajo digno es un lujo. Exigir derechos laborales no es un acto de rebeldía, es una necesidad para una sociedad justa.
- Transparencia empresarial obligatoria: Las empresas deben rendir cuentas no solo de sus ganancias, sino también de las condiciones en las que se producen esas ganancias.
Tiendas D1 ha sido mostrada como un caso exitoso de expansión, logística y ahorro. Pero su modelo revela una lógica inquietante: sacrificar derechos laborales para maximizar ganancias. Cada producto barato tiene un precio oculto: el esfuerzo no remunerado, el descanso negado, el maltrato silenciado.
Este escándalo no habla solo de una empresa, sino de un modelo de trabajo, de una forma de legislar y de convivir como sociedad. La explotación ya no ocurre solo en fábricas clandestinas o en minas ilegales: también está en la tienda de la esquina, en el turno extendido, en la sonrisa obligada del cajero.
Y mientras tanto, al trabajador colombiano se le exige no solo que aguante, sino que dé las gracias y se ponga la 10.
…
*Historiador, Magíster de la Universidad de Murcia y Candidato a doctor en estudios migratorios Universidad de Granada-España.
