Por: Javier Antonio Rojas Quitian/ Dando cumplimiento a la Ley 152 de 1994, “Por la cual se establece la Ley orgánica del plan de desarrollo”, las Asambleas Departamentales y Concejos Municipales como Instancias de Planeación Territorial, por estos días analizan y someten a discusión los planes de desarrollo departamentales y municipales, con una responsabilidad excepcional e inusual, pues aprobarán lo que será la hoja de ruta de departamentos y municipios para afrontar la pandemia y para superar las consecuencias que esta nos deje.
Estos planes de desarrollo, en el contexto de la ley, pueden ser quizá los que menos hayan agotado el principio de participación ciudadana, ya que llevamos dos meses en aislamiento obligatorio y muy seguramente muchos sectores sociales, agremiaciones, instituciones, líderes comunales o ciudadanos del común no lograron expresar su visión de desarrollo o las necesidades apremiantes que padecen, lo que hace correr el riesgo de que se hayan presentado Planes de Desarrollo técnicamente correctos pero alejados de la realidad. Documentos de escritorio.
En estos términos, nos encontramos en manos de nuestros diputados y concejales, de quienes esperamos su mayor responsabilidad y esfuerzo para que al finalizar mayo los planes de desarrollo aprobados no solo sean técnica y financieramente viables, sino que además representen los intereses de los diferentes sectores y agremiaciones y se conviertan en verdaderas estrategias de reconstrucción y crecimiento de nuestro territorio y de nuestra sociedad.
Con el confinamiento que estamos afrontando y con la llegada del virus, para quedarse, muchas cosas han cambiado y seguirán cambiando a nivel individual, familiar, local, nacional y mundial. Una de las grandes cosas que debe cambiar en Colombia, es que el país no puede seguir soportando su economía en el petróleo, ¡No somos ya un país petrolero!, en julio del 2008 el barril se cotizaba en US$146.08, iniciamos el año 2020 con una tasa de US$66.00 y cuando apenas llevábamos tan solo 30 días de cuarentena ya se había desplomado a US$ 19.33, el más bajo en la historia y tenía a Colombia solicitando créditos a la banca mundial para sostenerse. Lo que es como sacar un crédito al banco para hacer mercado o pagar el arriendo.
Aun así el gobierno neciamente insiste en colocar el petróleo como el principal producto de exportación, utilizando prácticas de explotación que atentan contra el agua, los ecosistemas, las culturas y el tejido social de las regiones, demostrando una mentalidad inflexible y ciega frente a una realidad que ha estado latente aun antes de la pandemia y mientras habla de reactivar la economía no se vislumbra la posibilidad de activar nuevos sectores productivos. Los colombianos no somos petroleros, muchos somos campesinos y hasta para los ojos menos ilustrados el agropecuario debería ser el principal sector económico del país.
Señores diputados y concejales, ustedes en este momento tienen en su poder una gran herramienta para empezar a proyectar el campo colombiano, recuerden que ustedes están estudiando los primeros planes de desarrollo locales posteriores a la firma del proceso de paz y deben tener en cuenta lo allí acordado, por lo menos en lo que al primer punto concierne, “Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral”, de ninguna forma pienso que las antiguas Farc hayan representado los interés de los campesinos y el campo colombiano, pero ese acuerdo si debe ser la excusa o la oportunidad para que los gobiernos nacionales, departamentales y locales resarzan la deuda histórica con el sector rural de nuestro país, el cual también es el sector que más víctimas aporta por causa del conflicto armado interno.
Desafortunadamente el proceso de paz cayó en una discusión política en la que a algunos sectores no les gustó que exguerrilleros ocuparan unas curules en el Congreso o que no pagaran con cárcel sus delitos y en eso se centró el debate, pero ningún medio de comunicación o sector político ha defendido con ahínco lo acordado con relación al campo, para ellos carece de importancia, es más importante lo que le ocurra a 20 exguerrilleros que lo que están pasando 11 millones de personas que residen en el sector rural o las más de 8 millones de personas víctimas del conflicto.
Formalización masiva de la pequeña y mediana propiedad rural, programas de desarrollo con enfoque territorial y ambiental, infraestructura vial, acceso al agua, acceso efectivo a servicios públicos, conectividad, salud, educación, investigación, innovación y desarrollo científico y tecnológico, asistencia técnica, vivienda, estímulos a la economía solidaria y cooperativa, créditos, mercadeo, formalización laboral rural y protección social, asociatividad, igualdad y enfoque de género, son solo algunos de los temas acordados en La Habana que los planes de desarrollo locales deben contener en cuanto a desarrollo rural y a donde se espera que los alcaldes y gobernadores direccionen su gestión y su inversión de recursos en los próximos años.
Esta sin duda será una excelente estrategia, pues entre otras ventajas se garantizará la seguridad alimentaria de los departamentos y municipios, se fortalecerá un sector productivo que generará empleos y riqueza, se descongestionaran las ciudades y se incrementará el Producto Interno Bruto del país, con lo que habrán también más recursos para inversión. Le queda la tarea a nuestros diputados y concejales, pues las decisiones que esta semana tomen esperamos se traduzcan, en hojas de ruta claras que ayude tanto a Entes Territoriales como a nosotros los ciudadanos a superar esta incertidumbre económica, social y política en la que la pandemia nos sumió. ¡Confiamos en ustedes!
*Exalcalde de Sucre (Santander), Administrador de Empresas, Especialista en Gestión Pública y Magister en Políticas Públicas y Desarrollo.
