Al menos 250 campesinos de Tibú y El Tarra huyeron precipitadamente por los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC, en medio de una crisis humanitaria que amenaza con confinar a más de 6.000 personas y que mantiene en alerta a las autoridades.
La Navidad volvió a ser una fecha de zozobra en el Catatumbo. Mientras en gran parte del país las familias se reunían para celebrar, en esta región fronteriza de Norte de Santander cientos de campesinos emprendían un éxodo forzado para salvar sus vidas. Según el Consejo Noruego para Refugiados (NRC), cerca de 250 personas llegaron en las últimas horas a Cúcuta y Ocaña tras abandonar sus hogares en Tibú y El Tarra, epicentros de los recientes choques entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias del Frente 33 de las FARC.
La situación, lejos de ser un hecho aislado, se inscribe en una crisis humanitaria que se ha intensificado desde comienzos de 2025. El Catatumbo, históricamente disputado por grupos armados por su ubicación estratégica y sus economías ilícitas, vive un nuevo ciclo de violencia que ha dejado muertos, desplazados y comunidades enteras confinadas. El NRC advirtió que más de 6.000 personas podrían estar en riesgo de desplazamiento masivo en el corregimiento de Pachelly, en Tibú, donde los habitantes han denunciado el avance de los combates y la imposibilidad de movilizarse con seguridad.
La Defensoría del Pueblo ya había alertado días antes sobre la llegada de 11 familias desplazadas a Cúcuta, provenientes de la vereda Mineiro de Tibú, y pidió una desescalada urgente de las hostilidades, especialmente en una época que debería estar marcada por la tranquilidad familiar y no por el miedo a la guerra.
El conflicto entre el ELN y las disidencias del Frente 33 no es nuevo, pero sí se ha recrudecido. Ambas estructuras, que anunciaron ceses al fuego unilaterales para finales de diciembre, mantienen enfrentamientos entre sí por el control territorial y de economías ilegales, lo que deja a la población civil en medio de una confrontación que no se detiene ni siquiera en fechas simbólicas.
Las autoridades locales han expresado preocupación por la presión que recae sobre los municipios receptores. La Alcaldía de Cúcuta advirtió que la atención a las víctimas vuelve a recaer de manera desproporcionada sobre las ciudades que reciben a los desplazados, recordando que a comienzos de año miles de personas también huyeron por un recrudecimiento del conflicto en la zona.
Los testimonios recogidos por organizaciones humanitarias coinciden en un punto: el miedo. Miedo a quedar atrapados en medio del fuego cruzado, miedo a que los grupos armados impongan confinamientos, miedo a que la violencia escale aún más. Giovanni Rizzo, director del NRC en Colombia, señaló que “cientos se están desplazando para salvar sus vidas y necesitan asistencia humanitaria urgente”, advirtiendo que el número podría aumentar si no se protege a la población civil.
La región del Catatumbo, conformada por once municipios, ha sido históricamente una de las zonas más golpeadas por el conflicto armado. A pesar de su riqueza natural, presenta altos índices de pobreza y una débil presencia estatal. Según cifras de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), más de 200.000 personas habrían sido afectadas por el escalamiento del conflicto en 2025, lo que representa más de la mitad de la población de estos territorios.
El Estado colombiano, por su parte, no se ha pronunciado oficialmente sobre la alerta emitida por el NRC. La ausencia de una respuesta inmediata genera inquietud entre las comunidades y las organizaciones humanitarias, que insisten en la necesidad de garantizar alojamiento temporal, alimentación, agua potable y acompañamiento psicosocial para las familias desplazadas.
Mientras tanto, los ceses al fuego anunciados por el ELN y las disidencias parecen insuficientes. Aunque ambos grupos justificaron sus treguas apelando a la necesidad de permitir que las familias colombianas vivieran las festividades sin temor, la Defensoría del Pueblo advirtió que estos anuncios no abarcan las hostilidades entre las dos organizaciones, que son precisamente las que están generando el desplazamiento masivo.
El desplazamiento de 250 campesinos en Navidad no es solo un episodio doloroso: es un síntoma de una crisis estructural que se profundiza. El Catatumbo continúa siendo un territorio donde la presencia del Estado es insuficiente, donde las comunidades viven bajo la amenaza constante de actores armados y donde la paz sigue siendo una promesa lejana.
La situación exige una respuesta integral que vaya más allá de la atención inmediata. Implica fortalecer la institucionalidad local, garantizar la protección de la población civil, avanzar en la presencia social del Estado y asegurar que los anuncios de cese al fuego se traduzcan en hechos verificables que reduzcan la violencia.
Mientras tanto, las familias desplazadas intentan reconstruir, una vez más, sus vidas lejos de sus tierras. Y el país observa cómo, incluso en Navidad, la guerra sigue marcando el destino de miles de colombianos.
