La presión de EEUU sobre Colombia por su política antidrogas revela una disputa de fondo: la soberanía. Más que un debate técnico, es una pugna por quién decide sobre el territorio. La verdadera alianza exige respeto mutuo, no subordinación estratégica.
Por: Valeria Aceros Caselles/ ¿Puede llamarse “alianza” a una relación en la que un país dicta sin rodeos las decisiones estratégicas de otro? La presión reciente de Estados Unidos sobre Colombia por su giro en política de drogas no fue un debate técnico, sino un acto disciplinario: Washington intervino para corregir un rumbo que considera no negociable. Ese gesto revela que lo que está en disputa no es un instrumento de política pública sino la autoridad última sobre el territorio colombiano.
Este patrón no es novedoso. Cada vez que Colombia intenta salirse de la lógica prohibicionista —detener fumigaciones, priorizar enfoques sociales, replantear el uso de la fuerza— Estados Unidos reacciona como si la política antidrogas fuera un mandato que nos pertenece obedecer y no una competencia propia de un Estado soberano. Cambian los ministros, cambian las administraciones en Washington, pero el mecanismo es el mismo: el diseño estratégico viene del norte; la ejecución y los costos recaen en Colombia.
En ese contexto se entiende el choque con el actual gobierno. Cuando el presidente Gustavo Petro afirmó ante la Asamblea General de Naciones Unidas que la guerra contra las drogas fracasó, y que sostenerla destruye vida y selva sin resolver el problema, no solo formuló un juicio de evidencia: cuestionó públicamente la arquitectura política que Estados Unidos ha impuesto por décadas en la región. Ese discurso no fue retórico —fue un acto de soberanía: reclamar el derecho de redefinir la política sobre el propio territorio.
La reacción estadounidense fue proporcional a ese desafío. No fue un intercambio argumentado; fue una advertencia: la política de drogas no se mueve. El mensaje implícito es claro —y viene desde hace décadas—: Colombia puede administrar el problema, pero no reescribir el marco. El prohibicionismo se preserva no porque funcione sino porque asegura un orden geopolítico que le es útil a Washington: control territorial, legitimación de presencia militar y disciplina diplomática sobre los Estados que la ejecutan.
Defender el giro colombiano no es un gesto ideológico —es un principio de jurisdicción. Una política pública que determina qué se hace en selvas, ríos, fronteras, cuerpos de seguridad y presupuesto no es solo un tema técnico: es ejercicio de soberanía territorial. Si esas decisiones no las toma el Estado colombiano sino otro Estado, entonces el problema no es de eficacia: es de autoridad. No hay Estado pleno donde la política estratégica se dicta desde afuera.
En ese punto, la postura del gobierno actual debe entenderse no como provocación sino como normalización de lo que debería ser obvio: que la política sobre nuestro territorio la define Colombia. Lo contrario —aceptar que EE. UU. fije la línea y Colombia la ejecute— equivale a renunciar en los hechos a la autonomía consagrada en el derecho. Un país que externaliza la decisión sobre su suelo deja de ser sujeto político y pasa a ser un espacio administrado.
La ecuación es simple: quien define la política sobre el territorio ejerce soberanía sobre él. Y ningún país que se respete puede ceder ese derecho sin degradarse. La verdadera disputa no es sobre drogas: es sobre a quién pertenece el poder de decidir qué se hace en Colombia. Y esa pregunta solo tiene una respuesta compatible con la existencia misma del Estado: a Colombia, y a nadie más.
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*Politóloga de la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga
