El Anillo Vial Externo, la obra entre Girón y Piedecuesta vuelve al centro del debate regional. Busca conectar las rutas nacionales 66 y 45A y mejorar movilidad regional. Una infraestructura así no puede evaluarse únicamente por sus beneficios económicos.
Por: Christian Diaz Basto | El progreso vial es necesario, pero ninguna obra pública está por encima de la Constitución, del ambiente ni de los derechos ciudadanos. La licencia ambiental otorgada por la CDMB no significa que el debate haya terminado. Impone condiciones que deben cumplirse y exige seguimiento durante la ejecución.
El impacto ambiental merece una discusión rigurosa. La obra involucra aprovechamiento forestal, intervención de cauces, levantamiento parcial de vedas para especies protegidas y transformación de áreas rurales. Esto significa intervenir ecosistemas, modificar dinámicas hídricas y alterar territorios donde existen comunidades que no pueden ser tratadas como obstáculos.
En Girón y Piedecuesta, el territorio no es una hoja en blanco. Existen propietarios, poseedores, habitantes rurales, productores, organizaciones ambientales y ciudadanos que conocen las condiciones del suelo, las fuentes hídricas y los ecosistemas. Su conocimiento no puede ser descartado. Escucharlos es una obligación democrática.
Aquí aparece una cuestión jurídica esencial: los terceros intervinientes no son espectadores decorativos. Cuando una actuación administrativa puede afectar derechos, intereses colectivos, patrimonio o ambiente, quienes acrediten un interés legítimo deben ser tomados en serio. No basta con recibir escritos. Participar significa ser escuchado.
La administración no puede confundir celeridad con atropello. Una obra estratégica puede avanzar y, al mismo tiempo, respetar el debido proceso, la participación ciudadana, el acceso a la información y los principios de prevención ambiental. La velocidad administrativa nunca puede convertirse en excusa para ignorar advertencias.
También resulta indispensable vigilar las obligaciones ambientales. Una licencia no es un cheque en blanco para intervenir el territorio. Sus compromisos deben verificarse mediante seguimiento y medidas correctivas. Si aparecen afectaciones no previstas, la autoridad deberá actuar con rigor. Prevenir el daño será preferible a repararlo.
El debate tampoco puede reducirse a la falsa oposición entre progreso y ambiente. Una región moderna necesita carreteras, pero también agua, bosques, estabilidad territorial y comunidades protegidas. El verdadero desarrollo consiste en armonizar infraestructura y sostenibilidad. Una carretera que genere conflictos evitables no puede presentarse como exitosa.
Por eso, las autoridades departamentales, municipales y ambientales deben asumir responsabilidad. No basta con anunciar fechas o celebrar la licencia. Deben explicar sus decisiones, responder observaciones y garantizar cada etapa bajo control jurídico, ambiental y ciudadano. La transparencia es una exigencia de la administración pública.
Los terceros intervinientes deben ejercer vigilancia seria y documentada. No se trata de bloquear ni de convertir cualquier desacuerdo en batalla política. Se trata de exigir estudios, respuestas, trazabilidad administrativa, cumplimiento ambiental y protección de derechos. Cuando existan razones suficientes, deberán utilizarse mecanismos administrativos, judiciales y constitucionales.
El Anillo Vial Externo puede convertirse en una obra fundamental, pero solamente si se construye con legalidad, responsabilidad ambiental y participación efectiva. La infraestructura no puede avanzar ignorando a quienes soportarán sus impactos. Escuchar a los terceros puede prevenir conflictos. La región necesita carreteras, pero también instituciones responsables.
El futuro de esta obra dependerá de la capacidad institucional para cumplir la ley. Hay que preservar ecosistemas, proteger derechos y responder a quienes cuestionan decisiones. Santander merece infraestructura moderna, pero también autoridades que entiendan que el interés general no autoriza a sacrificar el ambiente ni silenciar ciudadanía.
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*Abogado especialista en Derecho Administrativo, Práctica Penal y litigante en derecho público y privado.
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