Un rabino, un pastor y un obispo bendijeron la posesión presidencial; un juez ordenó disculpas. Colombia vuelve a preguntarse si el Estado, y la escuela, pueden arrodillarse ante un dios.
Por: David Camargo Segura | El 7 de agosto, en la Arena USC de Cali, el presidente Abelardo de la Espriella recibió la banda presidencial entre una alabanza cristiana, un sermón católico y una bendición judía, con la Virgen presidiendo el escenario. Semanas después, el Juzgado Quinto Laboral de Bogotá determinó que ese despliegue vulneró la neutralidad estatal y ordenó disculpas públicas en cadena nacional.
El mandatario ofreció esas disculpas el 30 de agosto, no sin antes reconocer, con evidente incomodidad, que había incumplido su propia Constitución. Pero la disculpa se derrumbó en su cierre: remató la alocución con un “Que viva Cristo Rey”, grito que un siglo atrás lanzaba los cristeros mexicanos ante los pelotones de fusilamiento del gobierno de Calles.
No hace falta imaginar intenciones violentas para advertir el problema: la frase nació como grito de resistencia religiosa contra la autoridad secular del Estado. Cerrar con ella una disculpa ordenada judicialmente para reafirmar esa misma autoridad no es un descuido retórico, sino una contradicción performativa: el presidente obedeció la letra del fallo y, en la misma frase, desmintió su espíritu.
El episodio no fue aislado. Tras el terremoto que dejó más de trescientos muertos, la Vicepresidencia convocó una jornada nacional de oración en la Plaza de Bolívar, presentada como acto de solidaridad. La Asociación de Ateos de Bogotá recordó el carácter laico y pluralista del Estado, mientras la senadora Jennifer Pedraza se retiró de la posesión en protesta.
El patrón es el mismo: un gobierno que confunde consuelo con culto oficial. Días antes de que estallara la polémica, el educador Julián de Zubiría había publicado una columna casi profética: la escuela laica desarrolla pensamiento crítico, reflexivo y argumentativo, mientras la confesional favorece un pensamiento dogmático e inflexible, cerrado a la pregunta y ajeno a la duda.
Zubiría describió la educación laica como “una hija consentida de la Ilustración” (El Espectador, 2026) y advirtió que un dogma en el aula conduce, necesariamente, al adoctrinamiento. Para él, la neutralidad no es indiferencia religiosa: es la condición misma que hace posible pensar, dudar y disentir, el cimiento de cualquier ciudadanía crítica.
La tesis de Zubiría no se agota en el aula: explica, sin proponérselo, lo ocurrido en Cali y en la alocución del 30 de agosto. Si el aula reproduce dogma, el país reproduce sumisión; una ciudadanía que nunca aprendió a dudar difícilmente exigirá coherencia a quien gobierna en nombre de cualquier causa.
La escuela confesional no forma en la fe, forma en la obediencia acrítica, y esa obediencia, tarde o temprano, se traslada al espacio público: se traduce en aplausos sin preguntas o en consignas que se creían enterradas en otro siglo y otro país. Por eso la laicidad educativa es garantía democrática, no capricho ilustrado.
La Constitución de 1991 no dejó esto al azar: consagró un Estado social de derecho, pluralista y respetuoso de todas las creencias, heredero de décadas en que la educación y la vida pública colombianas cargaron el peso del Concordato con la Santa Sede. Esa herencia explica por qué la neutralidad sigue siendo frágil.
La laicidad no nació para excluir la fe de lo privado, sino para impedir que el poder hable oficialmente en nombre de un solo dios o cierre sus discursos con consignas de guerras religiosas ajenas a la historia colombiana. Zubiría confiaba en que cualquier gobierno respetaría ese carácter laico, tanto educativo como estatal.
No todo símbolo religioso amenaza al Estado laico, y sería deshonesto pretender lo contrario. El abogado Álvaro Grajales recordó que la Constitución ordena jurar sobre Dios en su artículo 192 y que “laicidad no es laicismo” (Infobae, 2026): el Estado no impone credos, tampoco los expulsa de la vida institucional.
El problema no es que existan creyentes en el poder ni que un presidente profese una fe personal; el problema es que el poder oficialice una sola creencia como respuesta institucional al dolor colectivo, o que use una disculpa constitucional para reivindicar, así sea retóricamente, la misma inclinación que el fallo le ordenó abandonar.
Hay quienes van más lejos. El exsenador Víctor Velázquez sostiene que Colombia no es, en sentido estricto, un Estado laico sino teísta, porque “un Estado que invoca la protección de Dios no es laico, es teísta” (La FM, 2026). El argumento es jurídicamente sugestivo, pero pedagógicamente riesgoso.
Confunde una fórmula protocolaria con una licencia para gobernar en clave confesional, y desconoce que en democracia la fe se profesa, no se decreta. Entre invocar a Dios en un preámbulo y cerrar una disculpa oficial con el grito de una guerra religiosa ajena hay la misma distancia que separa tolerar la fe de convertirla en programa de gobierno.
Zubiría lo dijo del aula; la coyuntura lo confirma en la plaza pública, y el cierre de la alocución presidencial lo confirma incluso en la Historia: una democracia madura no se arrodilla, delibera. El Estado que reza por decreto y la escuela que adoctrina por costumbre comparten el mismo temor: el de la pregunta que ningún dogma sobrevive.
Colombia no necesita revivir las trincheras de los cristeros ni las de sus enemigos; necesita, como advirtió el propio Zubiría, generaciones capaces de interrogar incluso a quien gobierna en nombre de Dios. Solo esa duda, cultivada desde el aula, puede impedir que el poder vuelva a confundir la plegaria con el decreto.
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*Profesor universitario colombiano, director de trabajos de grado, especialista en Literatura Infantil y Juvenil y escritura académica y Magister en Educación.
