Por: Reinaldo Pérez Flórez/ El ejercicio de la función pública en muchas ocasiones termina siendo uno de los más desagradecidos, con el solo hecho de estar vinculados a la administración, las personas ya son sujetos disciplinables, con una responsabilidad muy amplia frente a los recursos públicos y en el cumplimiento de los fines del Estado, normalmente los profesionales que ocupan estos cargos, son los que ejercen las conocidas profesiones liberales.
El Consejo de Estado define a las profesiones liberales “en las que predomina el ejercicio del intelecto”, es decir, personas que han hecho una inversión importante en su formación profesional que en muchos casos aún deben el monto de esta inversión, ojo no son servicios mercantiles.
Los funcionarios públicos están sujetos al Código Único Disciplinario, al Código Penal en su título de los delitos en contra de la administración pública, ahora en nuestra Ciudad Bonita, a nuestro renovado Concejo se les ha ocurrido la maravillosa y pandémica idea de adoptar la Ley 1819 del 2016, donde las Profesiones Liberales también deben ser regidas por el Código de Comercio, como si estos fueran servicios mercantiles, proyecto de acuerdo 069 que busca implementar medidas para la reactivación económica de la ciudad, si es así, ¿qué hacen las profesiones liberales ahí?
Creo que más de un profesional CPS vinculado a la administración, recuerda lo indignante que es trabajar gratis, sin contrato, ahora súmele que lo hicieron en tiempos de pandemia, algunos la necesidad los llevo a repartir mercados con las distintas administraciones, exponiendo su salud y la de su familia, todo con la esperanza de que su contrato sea renovado, que su supervisor tenga en cuenta este sacrificio, no importa los altos costos de la seguridad social, o las estampillas que ellos deben pagar para poder trabajar, el trabajo dignifica, lo que indigna es que algunos jefes de ente territorial se aprovechen de la necesidad.
La cosificación de los seres humanos ya quedo abolida hace siglos, los profesionales externos de las distintas administraciones no se pueden seguir viendo como un favor pago. Esta tarde fue aprobada la propuesta de postergar el pago del tributo a profesionales liberales en nuestra ciudad, hasta el 2022, la justificación “financiar la ciudad que queremos” pero a costa de una tributación que está a cargo de los contratistas que con el solo hecho de alcanzar un título tienen derecho a construir su propio merito, no bachilleres con salario de Magister; estas decisiones del Joven Concejo van en contra del contexto actual del Covid-19.
La pregunta es: ¿Por qué se están tomando decisiones para el recaudo del tributo tan importantes, con una Ley que se expidió cuatro años antes de la pandemia?, tenemos un contexto social muy distinto al del año 2016, si los ingresos corrientes de libre destinación se han reducido de la forma en que lo hicieron, es porque la gente no tiene plata para pagar los tributos, los niveles de productividad evidentemente no son los mismos, las medidas tomadas en la administración anterior con base a la Ley 1819 del 2016 les trajo muchos problemas, demandas en tribunales y pujas en el Consejo de Estado. El que no se aumente el impuesto predial y el que se evite la actualización catastral es un acierto que debemos reconocer.
Por otra parte, gracias a las decisiones tomadas en el concejo de la ciudad el día de hoy, el 0.5 de la sobretasa ambiental ya no va a ser administrada por la CDMB, esperemos que estos recursos no sirvan para fortalecer discursos que le han hecho tanto daño a la democracia, en especial a los habitantes de Santurbán, la Paramo-política no ha servido de nada, la protección del capital ambiental de nuestro departamento muy poco les importa, estos políticos solo se han querido elegir con el discurso pro-paramo, nunca lo han querido proteger, llevan más de diez años eligiéndose con ese discurso, la región está cada vez más pobre y sin opciones de desarrollo, recursos pro-paramo que llegaran para la próxima campaña legislativa.
Esta es mi última columna del año, vale la pena aclarar que jamás buscamos dañar a nadie con nuestras apreciaciones, siempre tocamos temas que busquen construir una mejor ciudad, todos queremos bienestar y que nuestros dignatarios siempre tomen las mejores decisiones en aras de fortalecer el interés general como principio constitucional y no los intereses particulares de algunos dirigentes, que confunden el carácter santandereano con la ‘gaminería’, o la función pública con un concurso de simpatía.
Felices fiestas a todos, bendiciones.
*Abogado, Especialista en Derecho Constitucional y Especialista en Derecho Administrativo.
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Twitter: @reyinaldf77
