El inevitable vencimiento de términos

Por: Deivy Fernando Vega Herrera/ La condena al expresidente Uribe se trata de un hito jurídico sin precedentes en el país: nunca antes un expresidente había sido condenado judicialmente[1]. Aunque es un paso importante, resulta inquietante que el abogado de Uribe sea Jaime Granados, un especialista en lograr impunidad para sus clientes por vencimiento de términos: así logró la libertad de Laura Moreno en el famoso “Caso Colmenares”[2] y así mismo llevó a la libertad a Santiago Uribe, hermano del expresidente señalado de conformar el grupo paramilitar “Los 12 Apóstoles”[3].

Pareciera que la estrategia del abogado defensor del expresidente suele ser la misma: en lugar de basar su defensa en demostrar la inocencia de sus clientes, Granados se enfoca en dilatar el proceso alegando supuestos “vicios de procedimiento”. Esta estratagema la usó también Granados con otros clientes como Luis Alfredo Ramos, exgobernador de Antioquia y alcalde de Medellín[4][5], o el coronel (r) Alfonso Plazas Vega, acusado de desaparición forzada durante la retoma del Palacio de Justicia de 1985[6][7]. La experiencia muestra que el vencimiento de términos es una fórmula que Jaime Granados repite frecuentemente.

A pesar de su mal uso, el vencimiento de términos fue concebido originalmente como una garantía para quien era demandado. En principio, la figura se concibió para tratar de evitar que alguien pasara años preso o bajo investigación sin una sentencia definitiva[8]. El espíritu de la norma es justo, ya que reconoce que el Estado no puede eternizar los procesos ni someter a un acusado a un castigo anticipado indefinido. Pero, como se dice popularmente, hecha la ley, hecha la trampa: esta figura, aunque está basada en las garantías procesales, ha sido cooptada por los abogados más astutos no en busca de justicia, sino de impunidad.

En manos de los abogados de los más influyentes del país, el vencimiento de términos ha mutado en un instrumento de poder[9]. No se usa para proteger inocentes, sino para blindar a quienes tienen recursos para pagar abogados que conocen cómo manipular el sistema judicial. Jaime Granados, por ejemplo, no será recordado por construir brillantes defensas basadas en hechos que demuestran la inocencia de sus clientes. En cambio, es conocido por encontrar fisuras en los procedimientos, por denunciar supuestas violaciones al debido proceso y por promover nulidades y dilaciones que acaben sepultando los casos por falta de tiempo.

Y con el caso del expresidente Uribe no ha sido la excepción: Jaime Granados no se ha enfocado en demostrar que su cliente nunca intentó manipular testigos. Su estrategia, como en otros casos, se enfoca en alegar irregularidades, cuestionar jueces, interponer recursos y solicitar nulidades para que el reloj haga el trabajo y se llegue a la prescripción del proceso el 8 de octubre de este año[10]. Pareciera que cada movimiento tiene como meta final que el proceso se caiga, no por inocencia, sino por agotamiento del proceso penal.

Esta fórmula ha funcionado antes y puede volver a funcionar. En una democracia sana, lo deseable sería que un expresidente acusado de delitos graves enfrentara la justicia, fuera escuchado, y finalmente, absuelto o condenado con base en pruebas y argumentos. Pero en Colombia, los poderosos rara vez se sientan en el banquillo hasta el final. Y si lo hacen, es para ver cómo el tiempo y las artimañas de sus abogados los sacan por la puerta de atrás.

Por esta razón, el problema trasciende el caso puntual del expresidente. El vencimiento de términos, más que una falla técnica del sistema se ha vuelto un síntoma de una justicia desigual. El colombiano común y corriente, que no tiene los recursos para costear un litigio de años por los abogados más caros del país, no puede darse el lujo de jugar con los plazos ni llenar los expedientes de incidentes procesales. Es un privilegio reservado para los que pueden pagar millones en honorarios y utilizar los tiempos de la justicia a su favor.

Por esta razón, que el expresidente Uribe o que cualquier otra figura política quede libre por vencimiento de términos, es una muestra más de que en Colombia no se necesita demostrar inocencia para quedar libre, sino contar con los recursos y la influencia para manipular el sistema. Cuando el poder económico y político garantiza impunidad, lo que se debilita no es solo la justicia, sino la confianza institucional. No se trata de si Uribe es culpable o inocente: sino de asegurar que sea el sistema judicial el que determine su responsabilidad, no el vencimiento de términos.

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*Economista y Magíster en Economía y Desarrollo. Asesor pensional independiente con experiencia certificada con Colpensiones y empresas privados. Investigador interesado en la academia. Docente universitario.

(Esta es una columna de opinión personal y solo encierra el pensamiento del autor).

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[1] Daniel Esteban Reyes Espinosa (Agosto de 2025). El expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez fue sentenciado a 12 años de prisión: la decisión está sustentada en más de mil páginas. Infobae.

[2] Carolina Urrego (Noviembre de 2012). Laura Moreno y Jessy Quintero quedan libres por vencimiento de términos. Radio Santa Fe.

[3] Colprensa (Marzo de 2018). En libertad Santiago Uribe Vélez por vencimiento de términos. El Nuevo Día.

[4] Cristian Almanza (Julio de 2025). 4 casos muy sonados que definieron la carrera de Jaime Granados, abogado defensor de Álvaro Uribe.Caracol Radio.

[5] Verdad Abierta (Agosto de 2013). Corte Suprema concede libertad a Luis Alfredo Ramos por vencimiento de términos. Verdad Abierta.

[6] Caracol Radio (Septiembre de 2011). Defensa de Plazas Vega pide libertad del coronel por vencimiento de términos. Caracol Radio.

[7] Carol Yesenia Rodríguez Gutiérrez (Junio de 2024). Abogado del coronel (r) Plazas Vega solicitó indemnización tras ser absuelto de su condena. La FM.

[8] Affirma Legal (Junio 19 de 2024). ¿Qué es el Vencimiento de Términos en el Derecho Penal Colombiano? Affirma Legal.

[9] El Espectador (Agosto de 2019). Sin justicia por vencimiento de términos. El Espectador.

[10] Redacción Semana (Mayo de 2024). Defensa del expresidente Uribe solicitó la nulidad de todo el proceso argumentando “afectación grave al debido proceso”. Semana.