Mediante Circular 016 de 2018, el Personero de Bucaramanga, Omar Alfonso Ochoa Maldonado, requirió al Alcalde de Bucaramanga, sus Secretarios de Despacho y los servidores públicos de los Institutos Descentralizados del Municipio, para dar estricto cumplimiento a las prohibiciones legales aplicables al proceso electoral que se avecina.
Ochoa Maldonado hizo la claridad luego que el alcalde Rodolfo Hernández Suárez, a través de uno de los medios institucionales hiciera una serie de comentarios en favor de uno de los candidatos presidenciales y que fueron catalogados como participación en política.
El jefe del ministerio público hizo énfasis en la prohibición de participación en política y respaldo a causas políticas, prohibición de utilización de recursos y bienes púbicos para favorecer alguna causa de esa naturaleza, así mismo, lo relacionado con modificaciones en la nómina tanto de vinculación de funcionarios, desvinculación de éstos y creación de cargos nuevos, y finalmente enfatizó en “las restricciones aplicables en materia de contratación directa que son aplicables desde cuatro meses anteriores a la elección presidencial y hasta la realización de la segunda vuelta presidencial si fuere el caso”.
El Personero de Bucaramanga señaló que la Circular emitida constituye una exhortación para que los servidores públicos municipales en esta época electoral, ajusten su conducta a las disposiciones señaladas y para que denuncien en ejercicio de sus deberes y obligaciones, ante este Órgano de Control, las acciones desplegadas por funcionarios que se aparten de los postulados de transparencia, moralidad e imparcialidad que deben caracterizar el proceso electoral y en consecuencia, contravengan las disposiciones enunciadas.
“Se ha efectuado por parte de este Despacho, un llamamiento preventivo a la Administración Local, con el ánimo de reiterar las obligaciones que como servidores públicos nos competen en época electoral, con miras al efectivo cumplimiento del régimen de prohibiciones y restricciones vigente en este periodo, así como señalar las consecuencias de su desconocimiento, en procura de robustecer los postulados de moralidad administrativa y transparencia que deben caracterizar el accionar público durante la época electoral”, dijo.
Igualmente, solicitó la mayor divulgación a esas directrices en cada Despacho, para el adecuado conocimiento del contenido del llamamiento preventivo, por parte de cada servidor público, destinatario de las prohibiciones contenidas en el marco normativo vigente, en materia de garantías electorales.
