Por: Pablo Arteaga/ El 6 seis de marzo del año 2020 es una fecha sumamente importante en nuestro país, aunque para ese momento muy pocos alcanzaban a imaginar la dimensión de los hechos que vendrían de la mano de la noticia que confirmaba el primer caso Covid-19. En Colombia, según el Ministerio de Salud y Protección Social en esta fecha se confirmó el primer caso en el territorio nacional luego de los análisis practicados a una paciente de 19 años proveniente de Milán (Italia) quien presentó síntomas y acudió de manera voluntaria a los servicios de salud en donde se le practicaron los análisis respectivos.
Desde entonces los mandatarios electos en el territorio colombiano han estado en una constante carrera contra el tiempo, generando un sinnúmero de decisiones, que, desde el principio de la buena fe, se consideran acciones en pro del bienestar de cada uno de sus territorios y de cada una de las comunidades que representan, primando la vida, la seguridad social y alimentaria de sus ciudadanos.
Sin embargo, como toda como toda familia, no falta el que empaña la excelentísima labor de muchos mandatarios que con firme determinación no han parado de entregarle lo mejor de ellos a sus administraciones, aquellos lunares negros que deslegitiman la honorable labor del servidor público frente a la comunidad.
Es así como al día de hoy hay más de 1.550 procesos disciplinarios que cursan en las diferentes dependencias de los entes de control por los malos manejos de funcionarios públicos inescrupulosos y corruptos que han visto en el Estado de Emergencia decretado por el gobierno nacional, una oportunidad rastrera y poco ética de llenar sus bolsillos a costa de la dura situación que hoy vive nuestra población, aunando el oscuro panorama del país que en materia de salud, educación y empleo.
En este selecto grupo encontramos gobernaciones como Chocó, Vaupés, Magdalena, Nariño, Quindío, Santander, Atlántico, Sucre, Córdoba; solo por nombrar algunos, al igual que más de 300 municipios en el país que durante este periodo de cuarentena se han visto involucrados en estos procesos disciplinarios, sin embargo, me asaltan varias dudas.
Una de ellas, es si después de 18 días de haber aparecido el primer caso de Covid-19 en el país, el gobierno nacional tomó la decisión de enviar a todos los ciudadanos a cuarentena obligatoria, iniciando el día 0 cero con cuatro fallecidos y un panorama incierto de lo que podría llegar a pasar, un número aproximado a 114 mil infectados y más de 3.900 fallecidos acumulados, con panorama peor a cuando comenzó la cuarentena. Ni los mandatarios, ni el gobierno nacional y mucho menos la población, al parecer, han entendido la gravedad del tema
¿Cuál es el real interés del gobierno nacional en insistir en la reapertura de sectores tan vulnerables a la propagación de la pandemia? Tal es el caso de transporte aéreo nacional de pasajeros, al igual del terrestre intermunicipal, que tras fallidos intentos aún se encuentran cerrados.
El sector de la banca privada es otro sector que atrapa mi atención y es que en Colombia hacia el año de 1998 el gobierno nacional para la época, declaraba la emergencia económica para en el país y lanzaba salvavidas a los sectores, entre ellos el financiero. Entre los salvavidas nace el ampliamente conocido como el impuesto a las transacciones bancarias, ahí nació el 2×1000 como medida transitoria por un año, pero que más tarde se convirtió en el 4×1000.
Hoy vuelve y juega, el gobierno nacional con una estrategia que a través del decreto 444 del año 2020 creó el FOME (Fondo de Mitigación de Emergencias) con un presupuesto alrededor de 15 billones de pesos, el cual tiene como objetivo atender las necesidades del sector salud para la atención de la pandemia, los efectos adversos generados a la actividad productiva y la necesidad de que la economía continúe brindando condiciones que mantengan el empleo y el crecimiento económico; fondo construido de con recursos de los colombianos provenientes de fondos como el FAE (Fondo de Ahorro y Estabilización), FONPET (Fondo de pensiones territoriales) entre otros.
Sin embargo vemos el inconformismo de pequeños empresarios que han intentado acceder a estos dineros provenientes de este fondo sin éxito alguno, entonces si el FOME tiene como principal objetivo la reactivación de la economía, por la dura situación que pasa el país, ¿por qué estos dineros no llegan al grueso de los sectores empresariales que en su mayoría son pequeños empresarios y emprendedores que en medio de la pandemia día a día luchan por su reinvención generando nuevas líneas económicas?
¿Por qué el gobierno nacional en vez de direccionar estos dineros a la banca privada no la condensan en el Banco Agrario de Colombia el cual es de propiedad del Estado, por ende, de los colombianos?
Al igual, si al Estado le interesa tanto el bienestar de los colombianos y cuidar los recursos públicos, ¿por qué los miles de empleados del Estado no reciben sus pagos a través de este banco ahorrando así los márgenes de intermediación de la banca privada?
¿Será una estrategia del gobierno mantener el estado de emergencia para continuar la ejecución de los presupuestos al libre albedrío a mediano plazo, con la presunción e incertidumbre que a finales del año 2021 haya una vacuna para el Covid-19?
¿Estarán teniendo en cuenta los diferentes mandatarios, principalmente los asesores del presidente Iván Duque que los presupuestos de las administraciones no serán tan jugosos como los actuales, producto de la pandemia y de la caída y poca posibilidad de repunte de los precios del petróleo?
¿Seguiremos siendo idiotas útiles, silenciados por la falta de conocimiento por nuestra pereza mental?
*Profesional en Comercio Internacional y Especialista en Gerencia de Proyectos.
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