La educación técnica y tecnológica en Santander enfrenta una crisis silenciosa provocada por la rigidez burocrática, el autoritarismo y la ausencia de garantías en el debido proceso. Recuperar modelos pedagógicos centrados en la mediación, el respeto y el pensamiento crítico resulta indispensable para fortalecer la formación profesional.
Por: Luis Carlos Heredia Ordóñez | La educación técnica y tecnológica en nuestro departamento padece una crisis invisible y bastante peligrosa: la rigidez burocrática y la reactividad emocional de algunos docentes o instructores están sepultando el pensamiento crítico. Con ello, se transforman las aulas en escenarios de arbitrariedad que vulneran el debido proceso y frenan el desarrollo profesional.
Frente a esta realidad, resulta imperativo rescatar modelos pedagógicos que demuestran que la excelencia no está reñida con la humanidad.
Desde la filosofía educativa de San Juan Bosco, la autoridad en el aula jamás se impone mediante el miedo o el castigo punitivo; por el contrario, se sostiene sobre la base de la razón y el acompañamiento.
Bajo este precepto, el educador no es un vigilante frío que busca el error para sancionar, sino un asesor, un guía que camina junto al estudiante, participando activamente en su proceso, escuchando sus inquietudes y brindándole oportunidades de mejora.
Ser un docente exigente no implica ser autoritario; la verdadera exigencia radica en elevar el estándar del estudiante acompañándolo durante su proceso, no en derribarlo con un memorando ante la primera diferencia metodológica.
Esta visión se complementa científicamente con la Teoría de la Modificabilidad Estructural Cognitiva de Reuven Feuerstein. Como mediadores del aprendizaje, nuestra función principal es intervenir entre el estímulo y el estudiante para potenciar sus estructuras cognitivas.
Feuerstein nos enseña que todo individuo es modificable y que el docente debe actuar con una intencionalidad clara, transmitiendo el significado de las normas y promoviendo el sentimiento de competencia.
Cuando un entorno educativo se vuelve hostil, rígido o impredecible debido a directrices operativas que no se socializan oportunamente, se rompe la mediación pedagógica y se genera frustración. El alumno tiene derecho a conocer las reglas del juego y, ante cualquier disonancia, a exigir un diálogo técnico y un debido proceso amparado en la razón, no en la percepción subjetiva de quien detenta el poder.
El problema adquiere tintes críticos cuando el sistema pretende homogeneizar a los estudiantes bajo un mismo rasero de sumisión, ignorando que en las aulas de formación tecnológica del departamento de Santander conviven perfiles de alta madurez.
No hablamos aquí del estudiante promedio o del joven recién egresado del colegio que asimila directrices de forma pasiva; el afectado en este tipo de escenarios suele ser un profesional que llega a estos espacios para fortalecer su hoja de vida.
Es precisamente aquí donde se detona un fenómeno tan sutil como perverso: el miedo del instructor vinculado bajo modalidad de contratación. Para un contratista cuya estabilidad laboral depende del control absoluto y milimétrico de su microentorno, la presencia de un estudiante con este bagaje técnico y pedagógico no es vista como un activo, sino como una amenaza directa para su propio trabajo.
Al carecer de la madurez metodológica para interactuar con un par, el docente percibe la firmeza argumentativa, el conocimiento de la norma y el rigor técnico del alumno como un desafío a su posición.
El resultado de esta inseguridad es la instrumentalización del aparato administrativo. El docente, desbordado emocionalmente, prefiere sabotear el proceso académico del estudiante mediante informes de pasillo, llamados de atención exprés emitidos entre gallos y medianoche y bloqueos burocráticos.
Por lo tanto, estos profesionales terminan usando el castigo como un escudo para ocultar sus propias limitaciones conceptuales. La asimetría pedagógica se sostiene sobre la idoneidad y el dominio del aula, no sobre la fragilidad emocional que confunde el carácter profesional con la insubordinación.
Esta desconexión se acentúa por el distanciamiento jerárquico de las coordinaciones académicas, que a menudo procesan expedientes desde una pantalla sin conocer la realidad de los hechos ni a las personas implicadas.
Al validar informes subjetivos basados en «rumores de pasillo, percepciones y comentarios no argumentados», sin exigir pruebas físicas conducentes, como registros técnicos u objetivos, la administración deshumaniza el conducto regular y aplica un sesgo automático que lesiona gravemente la confianza institucional. Además, pone en riesgo la tranquilidad, la neutralidad y las garantías del proceso formativo y académico de este tipo de estudiantes.
Santander y el país necesitan un replanteamiento urgente en la selección y formación de sus propios formadores en la educación técnica, tecnológica y para el trabajo. Es indispensable transitar hacia un modelo de docencia mediadora, asesora y propositiva, donde la autoridad se valide mediante la competencia técnica y la madurez en la resolución de conflictos.
Las instituciones, en especial las del régimen público, deben asegurar que toda directriz operativa sea socializada previamente y que los entes directivos apliquen un rigor jurídico estricto antes de iniciar cualquier trámite correctivo.
La educación no puede permitir que las aulas se conviertan en tribunales de la emoción y del miedo contractual. Solo a través del respeto mutuo, el apego estricto a la norma y la convicción de que el docente es un asesor estratégico para la vida podremos garantizar un entorno que verdaderamente prepare profesionales competentes y ciudadanos con un sentido crítico inquebrantable, sin convertir las aulas de formación en una Gestapo del conocimiento que prefiera silenciar y justificar, bajo percepciones subjetivas, el derecho a la formación, la educación y el entrenamiento de los profesionales del país.
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*Tecnólogo ambiental, ingeniero ambiental.
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