Por: Carlos A. Gómez/ Antes de 1986 los alcaldes en Colombia eran de libre nombramiento y remoción, puestos por el presidente de la república. A partir de ese año, comienza la tarea de descentralización para que los departamentos y municipios pudieran ser elegidos por voto popular. La ley 49 de 1987 dispone de las funciones y otras obligaciones que tendrían los nuevos alcaldes y gobernadores en Colombia.
Después de la constituyente de 1991, el artículo 320 dispuso: «La ley podrá establecer categorías de municipios de acuerdo con su población, recursos fiscales, importancia económica y situación geográfica, y señalar distinto régimen para su organización, gobierno y administración». Actualmente las categorías se encuentran clasificadas en siete secciones: una categoría «especial» y categorías de la primera a la sexta.
Todas las categorías tienen unas variables para poder asignar a los municipios en cada una de ellas, como se muestra en la siguiente tabla:
Los municipios en Colombia se encuentran categorizados de esta manera en la actualidad. De acuerdo con el informe de la Contraloría General de la República, para el año 2020 en Santander existen 87 municipios que se encuentran categorizados de la siguiente manera:
Bucaramanga es el municipio de categoría especial. Barrancabermeja y Floridablanca están en la categoría 1, Girón y Piedecuesta están en la categoría 2, y Lebrija y San Gil están en la categoría 5. El resto de los municipios son de categoría 6. Así las cosas, el 94 % de los municipios de Santander están en el grupo de pequeños municipios.
Para categorizar los municipios se deben tener en cuenta variables como: número de habitantes, importancia económica, recursos fiscales y situación geográfica. Sin embargo, no se han tenido en cuenta en las leyes donde se han intentado «modernizar» la situación particular que tienen los municipios. Un factor como el crecimiento poblacional es una variable que mantendrá a los municipios como pequeños, en el sentido que la población no crece en miles de personas de un año a otro. Este factor es particular debido a que, por ser municipios que no ofrecen educación secundaria y universitaria, los jóvenes tienen que salir a las ciudades capitales para obtenerla. En la mayoría de los casos, los jóvenes que salen de sus municipios no regresan al encontrar mejores oportunidades de empleo en los municipios grandes. Esta migración por educación o empleo disminuye la población en los municipios y las aumenta en las ciudades capitales.
Para que un municipio genere mayores ingresos y pueda mantener el número de habitantes es necesario poder garantizar bienes y servicios como: acceso a la educación formal, básica, media y profesional; acceso al trabajo con prestaciones de ley; vías de acceso, que en la mayoría de los municipios en Santander son un desafío especialmente en épocas de invierno, y prestación de servicios de salud de calidad. Así mismo, se debe garantizar la legalización de predios. En Colombia, según la revista Semana, más del 60 % de los predios no se encuentran legalizados, impidiendo de alguna manera el recaudo del impuesto predial y esto desfavorece el cálculo que hace la Contraloría para certificar los ingresos del municipio, con el cual todos los alcaldes, antes del 31 de octubre de todos los años, categorizan sus municipios por resolución.
A consideración dejo el siguiente planteamiento sobre el cambio que debería tener la forma de categorizar los municipios en Colombia, ya que la ley actual, con un intento liviano de modernizar la categorización, no ha tenido en cuenta la diversidad de las regiones y la de sus municipios. Así las cosas, se debería tener en cuenta: área geográfica, proyección de crecimiento poblacional, vías de acceso y conectividad (entre ellas la digital), diversidad étnica, situación predial (esto es, que haya capacidad de identificación catastral e individualización de inmuebles ubicados en zona rural y urbana), aporte al PIB departamental, desarrollo y ejecución del plan de desarrollo, aportes a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, circunstancias de desplazamiento forzado por situaciones del conflicto armado o naturales, y la construcción de una tabla de incentivos económicos que los departamentos podrían aportar a los municipios que cumplan con ciertos objetivos.
Podrían ser más, pero considero que estos se ajustarían a realidades municipales actuales. Como última consideración, considero que puede ser útil que los municipios dejen la costumbre de ofrecer descuento por pagar el impuesto predial. Pagar el impuesto es un deber de todos los ciudadanos. Si existiera una socialización con la población sobre la importancia del recaudo fiscal, tendríamos una mejor forma de aportar al crecimiento de los municipios. Ahora bien, esto sería ideal, si los alcaldes que son elegidos por voto popular estuvieran preparados tanto académicamente como públicamente. Muchos alcaldes de la actual vigencia no tienen la suficiente preparación y llegaron a estos cargos por intereses más personales que por lograr el interés común de sus paisanos.
*Ingeniero Industrial – Magister en Responsabilidad Social y Sostenibilidad.
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