Por: Gloria Lucía Álvarez Pinzón/ Ha concluido la primera semana de la COP16, cumbre mundial sobre biodiversidad en Cali, una jornada que estuvo llena de personalidades y de importantes reuniones; cumbres de alcaldes, de gobernadores, de autoridades ambientales, de delegados internacionales, entre otras, y, en todas ellas, se han lanzado propuestas para mejorar la protección de las especies, controlar el tráfico ilegal y la deforestación, y para garantizar un mayor compromiso de cumplimiento de la agenda 2030 impuesta por las Naciones Unidas.
Una colorida fiesta a la que ha asistido el jet set mundial y nacional del sector ambiental, políticos, académicos, empresarios, emprendedores, estudiantes, aprendices y hasta oportunistas, en la que se ha visto de todo; desde los más álgidos debates sobre la política ambiental mundial, hasta el exclusivo stand de ropa ecológica desechable de la hija del Presidente de la República, atendido directamente por su propietaria y su séquito de escoltas.
En estas dos semanas, la que ya pasó y la que viene, Cali tendrá captada la atención del mundo y con el derroche de recursos del presupuesto público que se han invertido para este evento, es previsible que durante la próxima semana tampoco se hable de cosa distinta en los medios del país.
En días pasados, mientras acontecía toda esta gala ambiental, campesinos y mineros de los departamentos de Santander, Norte de Santander, Antioquia y Boyacá, estuvieron volcados en las carreteras nacionales haciendo bloqueos intermitentes, en un paro de actividades y una protesta pacífica, manifestando su desacuerdo con la política y las decisiones gubernamentales que desde hace más de 10 años se han venido tomando por parte del Gobierno Nacional en materia ambiental y que los tienen al borde de la quiebra.
Dentro de las peticiones que le hicieron al Gobierno Nacional las organizaciones campesinas y mineras de Santander, Norte de Santander, Antioquia y Boyacá, ente otros departamentos, se incluyó la derogatoria de las resoluciones que delimitaron los páramos de El Almorzadero Santurbán y Cocuy, la modificación de la Ley 1930 de 2018, también conocida como la ley de páramos, la derogatoria del Decreto 044 de 2024, por el cual se establecen criterios para declarar y delimitar reservas de recursos naturales de carácter temporal en el marco del ordenamiento minero-ambiental, la derogatoria del artículo 135 de la Ley 1801 de 2016 que contiene el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, la derogatoria de las Resoluciones 128/17, 261/18, 126/22, sobre mercados de tierra y frontera agrícola; que las decisiones que afecten a los campesinos y la seguridad alimentaria se tomen fundamentadas en estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales (ETESA) y en acuerdo con la comunidad; así como la implementación de políticas de saneamiento predial y titulación de baldíos.
El paro inició el pasado 21 de octubre de 2024, simultáneamente con la inauguración de la COP16, cuando la Asociación de Campesinos por la Defensa del Páramo de Berlín, anunció su inicio en protesta a la prohibición de las normas que prohíben las actividades agrícolas y ganaderas en los páramos, e iniciaron las movilizaciones en Mutiscua, en la vía que conduce a Málaga, en la vía Duitama – Paipa y en la vía Bucaramanga – Cúcuta y en rutas clave que conectan a Bucaramanga, San Gil, Málaga, Cúcuta, Bogotá y la Costa Atlántica, especialmente en Santo Domingo, Caucasia y Valdivia, en Antioquia, así como en Marmato, en Caldas.
Al día siguiente, se unieron al paro campesino más de 50.000 mineros que se volcaron también a las carreteras para llamar la atención del país y exponer su inconformidad por el anuncio del Gobierno de aplicar el cuestionado Decreto 044/24 para declarar como “reserva temporal” nuevos territorios mineros y prohibir en ellos la actividad.
En la medida que las horas pasaban el paro campesino y minero comenzó a incrementarse y llegó a extenderse a ocho departamentos del país.
Con el afán de no deslucir el evento de biodiversidad, el Gobierno afanosamente convocó a dos mesas de negociación; una en Bucaramanga a cargo de la viceministra de Ambiente y otra en Caucasia (Antioquia) liderada por el Ministro de Minas.
Luego de cinco días de negociaciones y largas horas de trabajo, el pasado viernes el Ministro de Minas anunció un acuerdo con las comunidades mineras en el que se comprometió a derogar el artículo 5° de la Ley 1930/18 que le permite a las autoridades la destrucción de la maquinaria amarilla, elemento esencial utilizado para el desarrollo de la minería ilegal, a implementar la Ley 2250/22 sobre formalización minera y a implementar unas mesas de trabajo para dialogar sobre la creación de nuevas “reservas temporales” para continuar prohibiendo la actividad minera.
En la madrugada de ayer sábado 26 de octubre de 2024, el Gobierno logró firmar con las comunidades campesinas un segundo acuerdo en el que convino, crear una “Reserva temporal” dentro de los 5 meses siguientes a la firma del acuerdo, con fundamento en el artículo 47 del Código de Recursos Naturales, para prohibir la minería en el páramo de El Almorzadero, mientras se efectúa la nueva delimitación participativa de este ecosistema, bajo el compromiso de no aumentar las áreas de aprovechamiento productivo, acuerdo que será protocolizado en Guaca (Santander); realizar en febrero del año entrante una segunda reunión jurídica sobre frontera agropecuaria en Berlín, presentar después del 26 de noviembre de 2024 para retroalimentación la caracterización socioambiental de los productores agropecuarios de Berlín y actualizar los ETESA por parte de la CDMB.
Dentro de los compromisos se incluyó también, instalar una mesa jurídica el 10 y 11 de diciembre en Güicán (Boyacá) para abordar las inquietudes sobre la delimitación del páramo del Cocuy; una segunda reunión en Berlín en febrero de 2025 para revisar la normatividad sobre frontera agropecuaria que incorpore un enfoque diferencial que garantice los derechos de los campesinos, reconocidos en el acto legislativo 01/23; hacer un taller en Málaga en enero de 2025 para abordar temas de frontera agrícola, mercado de tierras, aptitud, planificación, gestión territorial y saneamiento predial; y, emitir a más tardar el 15 de diciembre de este año, una circular que clarifique las actividades agrícolas permitidas en los páramos.
El levantamiento del paro quedó sujeto entonces al cumplimiento de una serie de promesas gubernamentales que deberán ser cumplidas una vez concluya la reunión de la COP16, de forma tal que los funcionarios públicos al parecer esta semana que inicia sí podrán gozar el evento.
No obstante, quedan muchas dudas respecto a la capacidad de cumplir lo prometido, a la legalidad de aplicar las reservas del artículo 47 del CRNR para prohibir la minería y en cuanto al real compromiso del Gobierno en la protección de los ecosistemas, pues resulta paradójico que, mientras en Cali se comprometen a seguir sacrificando el crecimiento económico en aras de la conservación de la biodiversidad, el MinMinas anuncie en Caucasia (Antioquia) que permitirá que los mineros ilegales sigan haciendo uso de maquinaria pesada, es decir que está dando el aval oficial para que, por las vías de hecho, se siga arrasando con el medio ambiente.
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*Abogada, docente e investigadora en Derecho Ambiental.
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