El único país donde triunfó la llamada Primavera Árabe afronta una serie de golpes a la democracia.
«Acaben con el golpe de Estado” y “quiten sus manos del poder judicial» son algunos de los mensajes que gritan miles de personas que protestan en Túnez contra el actual presidente Kaïs Said.
El hartazgo de los ciudadanos se desató luego de que en las últimas horas el mandatario se hiciera de un mayor control sobre el poder judicial. El nuevo Consejo Superior de la Magistratura dictaminó este domingo 13 de febrero que Said podrá destituir a los jueces, bloquear la designación de magistrados y sus ascensos y retirarles el derecho a la huelga.
También tendrá la autoridad de proponer reformas judiciales, lo que efectivamente le otorga un exclusivo poder sobre todo el sistema de justicia.
La decisión fue emitida justo después de que, el pasado 6 de febrero, el presidente disolviera el máximo órgano judicial del país, que garantizaba la independencia judicial. Y el sábado 12 de febrero nombró un nuevo Consejo que asegura es provisional, aunque sin plazo fijo.
La toma del poder judicial es vista en el país como el último dominio institucional que faltaba en manos del mandatario para consolidar su control.
Paradójicamente, Said fue jurista y profesor de Derecho Constitucional antes de ganar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en 2019.
Pero en agosto 2021, suspendió el Parlamento y afirmó que podía gobernar por decreto.
El mandatario alegó supuesta corrupción y falta de independencia en el sistema judicial para justificar sus acciones. Said asegura que sus medidas son necesarias para salvar a Túnez de una “élite corrupta y egoísta”, que permitió que su economía y su política se estancaran durante años y llevaron al Estado al borde del colapso.
Sin embargo, tras tomar la autoridad ejecutiva y legislativa y judicial, sus críticos lo acusan de buscar poderes dictatoriales y socavar el estado de derecho.
Temor a ola de despidos de jueces
El presidente de la Asociación de Jueces de Túnez, Anas Hamaidi, indicó que teme que ahora pueda producirse una ola de despidos de magistrados en la nación.
«Avanzaremos en la protección de la autoridad judicial legítima», dijo en un comunicado, insinuando que los jueces podrían organizar más huelgas, después de la registrada la semana pasada.
Entretanto, el jefe del Consejo Supremo disuelto, Youssef Bouzakher, rechazó el nuevo decreto y lo calificó como una acción «inconstitucional que acaba con las garantías de la independencia del poder judicial».
Ante este panorama, miles de personas salieron a protestar este domingo contra el mandatario. Muchos ondearon banderas y corearon consignas como «¡Libertad! Y “Se acabó el estado policial», en apoyo de un poder judicial independiente.
«Lo que ha sucedido es la culminación del golpe (…) Túnez se ha convertido en una dictadura naciente después de ser una democracia naciente», explicó Nadia Salem, una de las manifestantes.
La Comisión Internacional de Juristas señaló que el reciente decreto «consolida el poder en manos del presidente y termina efectivamente con cualquier apariencia de independencia judicial» en el país. «Regresa Túnez a sus días más oscuros, cuando los jueces eran transferidos y despedidos por capricho del Ejecutivo», señaló.
Said rechaza las acusaciones en su contra y afirma que supuestamente defenderá los derechos y las libertades ganados en la revolución de 2011, que trajo la democracia. Sostiene que someterá en un referéndum la elección de una nueva Constitución este verano y que convocará a nuevas elecciones parlamentarias en diciembre de este año.
