El Gobierno bautizó su presupuesto como «el de la verdad» y prometió sinceridad fiscal. Pero mientras corrige cifras heredadas, prepara una reforma que le baja la carga a los de arriba. Esa parte de la verdad no la están contando completa, mano.
Por: Manuel Fernando Silva Tarazona | Vamos por partes. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, radicó un Presupuesto General de la Nación de $634,9 billones para 2027, unos $59 billones más de lo que dejó planteado el Gobierno anterior. La justificación oficial: el presupuesto de Petro tenía huecos y cifras infladas.
Puede que tengan razón en eso. Cuadrar las cuentas de un país no es tarea fácil, y cualquier ministro que llegue se va a encontrar sorpresas, gobierne quien gobierne. Hasta ahí, entendible. El problema no es reconocer el hueco, sino de dónde deciden sacar la plata para taparlo.
Y aquí toca refrescar la memoria, mano. Antes de posesionarse, De la Espriella prometió en campaña reducir el tamaño del Estado hasta en un 40%, y su propio ministro habló del «recorte de gasto público más importante de la historia republicana». Ese era el cuento oficial.
La realidad terminó siendo la contraria. El presupuesto no bajó, subió $59 billones frente al de Petro. Prometieron adelgazar el Estado y lo que llegó fue un presupuesto más grande, financiado, eso sí, sin tocarle un peso extra al patrimonio de los más ricos.
Porque casi al tiempo que se radicaba ese presupuesto, el propio ministro anunció la otra cara de la moneda: una reforma tributaria que no va a tocar las tarifas de las grandes empresas y que además elimina el impuesto al patrimonio, según confirmó el presidente en su discurso de posesión.
Ese impuesto lo pagan personas con patrimonios superiores a 3.771 millones de pesos. En 2025 recaudó apenas $1,2 billones, una cifra menor comparada con los $294 billones que recoge la Dian en total. Aun así, es plata que hoy sale de los más ricos y que el Gobierno quiere borrar del mapa.
Y aquí no se trata de satanizar al que tiene plata, ni de meterle odio de clases a la columna. Tener éxito, montar empresa, generar empleo, eso es bueno para el país. El problema es otro: cuánto le toca poner a cada quien cuando el país está en aprietos, y a quién le están aflojando la cuerda justo ahora.
Colombia recaudó apenas el 19,9% de su PIB en impuestos en 2024, según cifras de la OCDE. El promedio de los países de esa organización, la de las economías más desarrolladas, está en 34,1%. O sea que recaudamos casi la mitad de lo que recauda un país con Estado de bienestar real.
Esos países del primer mundo no son ricos en impuestos porque le exprimen al asalariado de a pie. Le cobran fuerte a las grandes fortunas, a las herencias, a las utilidades del capital. Por eso pueden pagar salud gratis, universidad pública de calidad y pensión digna sin quebrar las cuentas del Estado.
Aquí pasa lo contrario. Las empresas colombianas ya cargan una tarifa de renta del 35%, la más alta entre los países de la OCDE, según su propio reporte. El problema no es que paguen poco en la ley, es que la ley está llena de huecos y beneficios que en la práctica bajan mucho esa cifra real.
En 2023 el Estado dejó de recibir $135,4 billones solo por beneficios y exenciones tributarias, cerca del 8,5% del PIB, de acuerdo con cifras que reveló El Tiempo. Eso equivale a casi siete reformas tributarias completas que el país nunca vio entrar a hospitales, colegios o vías.
Entonces la pregunta que me hago, y que le hago al Gobierno, es sencilla: si el país está en presupuesto de emergencia por terremoto, por deuda, por lo que sea, ¿por qué la salida más fácil siempre termina siendo el IVA, la gasolina o el bolsillo de la clase media?
Y aquí viene otra jugada de palabras que no me cuadra. En el cierre de la Convención Bancaria de Asobancaria, el propio ministro Gómez dijo que la ley financiera que viene «no es una reforma tributaria» y hasta soltó la frase: «este país no aguanta más impuestos».
Con toda la plata que ya cuadramos, mano, ese cuento no se sostiene. Con un hueco fiscal de ese tamaño, con la deuda disparada y con recortes que ni juntos alcanzan a cerrar la brecha, es lógico que en algún momento sí toque una reforma, así le cambien el nombre para no asustar al mercado.
Lo sano, entonces, no es esconder la palabra «reforma» detrás de una «ley de rescate» o una «ley financiera». Lo sano es hacerla de una vez, de frente, y que sea integral de verdad: que meta la mano a las grandes fortunas y no solo recorte gasto social o le suba la cuota al consumo diario de la gente.
La reforma que se anuncia busca ampliar la base de quienes declaran renta y combatir la evasión, cosas necesarias, no lo voy a negar. Pero de fondo, eliminar el impuesto al patrimonio y no tocar tarifas empresariales manda un mensaje claro sobre a quién sí y a quién no le duele el ajuste.
No es cuestión de odio contra el que más tiene, insisto. Es cuestión de matemática básica y de justicia elemental. Si el 1% más rico del país concentra buena parte de la riqueza, no puede ser la clase media, otra vez, la que sostenga sola el peso de sacar a Colombia adelante.
Presidente, con toda la calma y el respeto: usted no fue elegido presidente del círculo social que lo rodea ni del uno por ciento al que le quiere aflojar la carga. Fue elegido presidente de todos, incluido el que factura en UVT y el que apenas junta para el mercado de la semana.
Ojalá el próximo «presupuesto de la verdad» también diga esa parte completa: que la verdad fiscal empieza por cobrarle a quien más tiene, no por aliviarle la carga justo cuando el país más necesita que todos pongan parejo.
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*Empresario
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