Miembros de CTI de la Fiscalía General de la Nación, madrugaron el pasado viernes 17 de noviembre a San Vicente de Chucurí. Media docena de camionetas de alta gama que transportaban a por los menos 20 policías investigadores, llegaron hasta ese municipio a darle cumplimiento a la orden de captura emanaba por un fiscal, en contra de la Secretaria de Educación de Santander, Ana de Dios Tarazona y contra otras dos personas incusos en una investigación penal.
La orden de captura fue determinada días antes –según conoció Corrillos!- por solicitud del Fiscal 20 de delitos contra la administración pública, Germán Peñaloza; el mismo al que relevaron del proceso en contra de los concejales de Floridablanca, por hablar de más.
Peñaloza tenía previsto días antes responsabilizar a varios de estos funcionarios del gobierno de Didier Tavera por las presuntas irregularidades contractuales con la empresa Surcolombiana de Inversiones en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Santander, por eso estuvo muy pendiente de los movimientos de los mismos.
El Fiscal 20 se enteró por los medios de comunicación, una semana antes, que el Mandatario Seccional llevaría su ‘Expedición Santander’ a San Vicente de Chucurí y allí participarían los miembros de su gabinete.
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En una extraña coincidencia, la orden de captura se hizo efectiva ese mismo día y en plena jornada de gobierno. Los agentes del CTI llegaron hasta el sitio donde la Secretaria y sus subalternos entregaban unas tablets y verificaban la calidad del alimento que les estaban entregando a los niños de un plantel educativo, paradójicamente le hacía ‘auditoria’ al PAE.
Además de sorprender a todos los que participaban en el evento, el operativo causó temor y dejó un sinsabor, toda vez, los mismos funcionarios capturados estuvieron durante todo el día anterior en sus oficinas de la gobernación y regresaban ese mismo día a Bucaramanga, entonces no se explica que llevó al Fiscal Peñaloza a confeccionar el singular show.
Presuntas irregularidades
Surcolombiana de Inversiones es una empresa relacionada con el grupo de los hermanos Torrado (Efraín, exsenador de la U y Édgar, exconcejal de Bogotá), quienes fueron salpicados por el ‘carrusel’ de contratación de Bogotá.
La presencia de estos protagonistas dentro la contratación de los refrigerios escolares la hicieron a través de Germán Trujillo, conocido como el ‘zar de la contratación de los alimentos’ en el país. Trujillo y Surcolombiana de Inversiones han escrito historia.
Trujillo se hizo famoso por la empresa Alimentación Familiar (Alfaba) de su propiedad, que salió mal librada en un debate en el Congreso sobre un presunto cartel de contratación en el ICBF. La relación con los Torrado se remitía a que aparecía éste en consorcio con Surcolombiana de Inversiones, empresa señalada de ser una de las más fuertes del emporio de los Torrado en el país. Aunque en Surcolombiana de Inversiones no figura Germán Trujilo, en todos los círculos políticos se cree que es éste quien la dirige.
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Surcolombiana de Inversiones apareció en Santander el año pasado cuando la acusada Secretaria de Educación, Ana de Dios Tarazona, hizo una convocatoria exprés para garantizar el suministro de alimentos a los niños desde los primeros días de clase. El contrato de $11.425 millones, tenía como objetivo entregar el alimento a casi 100 mil niños de 83 de los 87 municipios de Santander.
Para esa convocatoria, la Gobernación invitó a participar a cuatro empresas: Petrocasinos, Ecoservir, Surcolombiana de Inversiones y CD S.A. Pero al final del proceso solo llegó una unión temporal entre Surcolombiana de Inversiones y MCD, esta última empresa también guarda relaciones con los Torrado.
La investigación
Desde el año pasado varias veedurías y empresas de Santander pusieron el grito en el cielo por presuntas inconsistencias contractuales que se habrían presentado en las licitaciones públicas para adjudicar la operación del PAE.
En su momento el Comité de Transparencia por Santander advirtió que el pliego de condiciones exigido por la Secretaría de Educación en la licitación del PAE limitaba la libre participación de probables oferentes.
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“El pliego de condiciones reunía una serie de requisitos que hacía que la participación de los oferentes en este proceso fuera demasiado baja, por eso hubo único oferente, porque en el cierre del pliego de condiciones estas estaban dadas para que así fuera y evitar que otras empresas pudieran participar”, señaló María Juliana Acebedo, vocera del Comité.
Ante esa situación, la Fiscalía decidió investigar las posibles irregularidades en el contrato para la operación del PAE en colegios oficiales de 83 municipios no certificados de Santander, el cual tuvo un costo de $23 mil 845 millones y fue adjudicado a la cuestionada firma Surcolombiana de Inversiones, único oferente habilitado en la licitación.
Luego de varios meses de pesquisas y llamados a declarar, el Ente Acusador decidió vincular formalmente a Ana de Dios Tarazona, Secretaria de Educación de Santander; Aníbal González, coordinador del PAE en el departamento y Fernanda Flórez, representante legal del operador.
La Fiscalía solicitó para ellos, medida de aseguramiento por los presuntos delitos de celebración de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales, peculado a favor de terceros y falsedad en documento público y privado; tres cargos que no son excarcelables.
