Colombia llega a las presidenciales de 2026 atrapada en una paradoja: 72% quiere votar, pero más de la mitad desconfía de la democracia. En medio de crisis humanitaria, fracaso de la Paz Total y expansión armada, sufragar no es esperanza: es resistencia ciudadana.
Por: Erika Bayona López/ La semana pasada hablé con una amiga. Le pregunté si iba a votar el 31 de mayo. Me miró un momento antes de responder, como si la pregunta fuera más complicada de lo que parecía. «Claro que voy», dijo. Y luego, casi en voz baja: «Aunque no sé para qué.» Esa frase me quedó dando vueltas. No porque sea derrotista —ella no lo es— sino porque es absolutamente honesta. Y la honestidad, en este país, a veces es lo único que nos queda.
Eso es Colombia hoy: un país que todavía cree en el voto sin terminar de creer en lo que viene después. Y yo no sé si eso es esperanza o simplemente terquedad. Tal vez las dos cosas.
Cuando uno lee que el 92% de los colombianos cree que su voto hace la diferencia, la reacción inmediata es de alivio. Casi parece un titular institucional: el pueblo colombiano cree en la democracia. Qué bonito. Qué tranquilizador. Qué conveniente.
Pero el dato completo es otro. El mismo estudio que registra esa fe electoral también revela que más de la mitad de la población está profundamente insatisfecha con cómo funciona esa democracia que están dispuestos a ejercer. No es fe ciega. Es algo más complicado y, paradójicamente, más digno: es la apuesta de quien no tiene más opciones.
Colombia vota porque no tiene otra cosa a qué aferrarse. Y eso, lejos de ser una señal de fortaleza, debería hacernos sentir vergüenza colectiva. O al menos incomodidad. Esa incomodidad que a veces preferimos callar para no sonar «negativos».
«Colombia llega a estas elecciones no como un país que elige su futuro, sino como uno que intenta sobrevivir al presente.»
El Estado ausente como dato estructural
Human Rights Watch lo dijo sin anestesia: 2025 fue el año de la crisis humanitaria más grave de la última década en Colombia. En un solo fin de semana, Cauca, Valle del Cauca y Nariño vivieron 31 ataques guerrilleros. 21 muertos. 56 heridos. Y el gobierno respondió con lo que sabe hacer mejor en estos tiempos: construir una narrativa.
La Paz Total —esa promesa que iba a refundar la relación entre el Estado y los grupos armados— no fracasó por falta de buenas intenciones. Fracasó porque negoció con actores que nunca quisieron soltar el control territorial que los alimenta. Fracasó porque confundió el diálogo con la rendición. Y la rendición nunca produce paz: produce redistribución del poder armado. Eso no es paz. Eso es un cambio de dueño.
La Defensoría del Pueblo identificó amenazas a los derechos civiles y políticos en 224 municipios colombianos. Doscientos veinticuatro. No son cifras abstractas. Son 224 lugares donde la pregunta «¿quién manda aquí?» tiene una respuesta que no incluye al Estado. Y en esos lugares, votar el 31 de mayo no es democracia plena: es un acto de valentía que el propio Estado no puede —o no quiere— proteger.
En ausencia de resultados concretos, la política colombiana lleva años perfeccionando otro arte: la polarización como espectáculo. El adversario ya no es alguien con quien se debate; es un enemigo a destruir, un traidor, un agente del caos o del imperialismo, dependiendo del bando que haga el diagnóstico.
Esto no es espontáneo ni inocente. Es funcional. Le conviene enormemente a quienes necesitan que el debate público gire alrededor del miedo y la identidad, y no alrededor de preguntas incómodas: ¿cuántos líderes sociales fueron asesinados este año? ¿Cuántas familias desplazadas? ¿Dónde quedaron las reformas?
La polarización es el ruido que se levanta cuando no hay nada que mostrar. Y Colombia lleva meses inmersa en ese ruido, mientras los candidatos repiten promesas que ya hemos escuchado antes con distinta envoltura: erradicar la pobreza, industrializar el campo, transformar el país. El problema no es que sueñen grande. El problema es que ninguno parece dispuesto a explicar con precisión cómo.
«Votar y callar después es exactamente lo que el poder —cualquier poder— siempre ha preferido.»
Votar en el territorio del miedo
Hay algo que los análisis electorales desde Bogotá casi nunca mencionan: en gran parte del país, llegar a las urnas no lo garantiza el Estado. Lo negocia —o lo impide— quien controla el territorio. Y ese quien, con demasiada frecuencia, no tiene uniforme oficial.
El Parlamento Europeo lo señaló. Naciones Unidas lo señaló. La violencia política tiñó el período preelectoral, y los riesgos para la participación democrática están documentados, son reales, y son sistemáticamente minimizados en el debate público nacional porque reconocerlos plenamente sería admitir un fracaso que nadie quiere firmar.
Entonces me pregunto, y se los pregunto a ustedes: ¿qué significa la democracia para una mujer indígena confinada en su vereda? ¿Para el campesino que recibió una amenaza esta semana? ¿Para el líder comunal que duda si su nombre en una lista lo pone en peligro? Para ellos, votar no es un derecho garantizado. Es una apuesta. Y apostar con la vida propia es demasiado pedir en nombre de una democracia que luego no aparece cuando la necesitan.
Seré directa: el 31 de mayo no va a resolver los problemas estructurales de Colombia. Lo digo sin cinismo, porque creo en el voto. Lo digo porque es verdad.
La desinformación no se desmonta con un buen candidato. La expansión de los grupos armados no para con un cambio de gobierno si ese nuevo gobierno repite los mismos errores conceptuales que el anterior. Y la ausencia del Estado en 224 municipios no se resuelve con un decreto que tarde décadas en aterrizarse en los territorios que lo necesitan desde siempre.
Lo que las urnas sí pueden hacer —y es mucho— es abrir o cerrar posibilidades. Pueden elegir a alguien que entienda que gobernar un país en conflicto no es lo mismo que liderar un movimiento político. Pueden rechazar a quien haya demostrado que confunde sus enemigos ideológicos con los enemigos del pueblo. Esa diferencia, aunque no lo resuelva todo, importa. Importa enormemente.
La democracia que merecemos empieza por la que exigimos
Mi amiga va a votar el 31 de mayo. Lo va a hacer aunque no esté segura para qué. Lo va a hacer porque aprendió de su mamá que rendirse es más caro que intentarlo. Y yo, que la escucho desde acá, pienso que ese gesto tan simple y tan enorme merece algo más que una papeleta. Merece un Estado que exista al día siguiente.
El verdadero peligro no es que los colombianos voten poco. El 72% dice que lo hará, y le creo. El peligro es que voten mucho y exijan poco después. Que la energía de millones se agote en el acto de votar y no alcance para lo que viene: la veeduría, la presión, la pregunta incómoda semana tras semana.
Una democracia no se mide solo en urnas. Se mide en lo que pasa el 1 de junio, el 1 de julio, el 1 de enero del año siguiente. Se mide en si el Estado llega a esos 224 municipios. En si los líderes sociales dejan de ser asesinados. En si la promesa del voto se convierte en la realidad del territorio.
Colombia merece una democracia que no dependa únicamente del coraje de su gente para existir. Eso no lo dan las urnas solas. Lo da la ciudadanía organizada, incómoda, que no se cansa de preguntar. Lo da también quien, desde estas páginas, se niega a mirar para otro lado.
Voten. Y luego no se callen.
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*Business Data Analyst – IT & Logistics / MBA & Máster en Project Management. Auditor interno BASC. Administradora de Negocios Internacionales y Especialista en Mercadeo Internacional de la Universidad Pontificia Bolivariana.
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