La inclusión laboral de las personas con discapacidad, es precaria, a pesar de que existen leyes que promueven su vinculación laboral, falta voluntad institucional y empresarial que permita su cumplimiento.
Por: Óscar Humberto Cote Cote/ Los seres humanos pueden nacer con discapacidades congénitas, presentes desde el nacimiento o desarrolladas durante los primeros años de vida. También pueden adquirir una discapacidad como consecuencia de enfermedades, accidentes u otros factores que aparecen posteriormente. Cualquiera de estas condiciones representa un desafío para alcanzar la autonomía personal y una participación plena en la sociedad; desafío que se agudiza cuando surgen barreras sociales adicionales que limitan las oportunidades. Esta realidad exige resiliencia, adaptación y una actitud firme frente a los obstáculos, pero, sobre todo, demanda un compromiso colectivo como sociedad para construir una verdadera inclusión social.
Sin embargo, más allá de la fortaleza individual, la inclusión no puede depender únicamente del esfuerzo de quienes viven con una discapacidad. Requiere una responsabilidad compartida, estructurada y ética de toda la sociedad. En el área metropolitana de Bucaramanga, como ocurre en gran parte del país, la población con discapacidad enfrenta a diario múltiples barreras para desenvolverse en su entorno y, especialmente, para acceder a un trabajo digno. En teoría, la inclusión laboral debería ser un asunto de equidad, respeto y derechos humanos; en el mundo real, se ha convertido en una promesa incumplida.
Normas como el Decreto 533 de 2024, que otorga incentivos económicos a las empresas privadas que contraten personas con discapacidad, o el Decreto 2011 de 2017, que establece mínimos de contratación en las entidades del sector público, demuestran que el problema no radica en la falta de leyes. Lo que ha faltado es voluntad real para romper el paradigma social que asocia, de manera errada, la discapacidad con incapacidad, y comprender que la inclusión laboral no es caridad, sino simplemente un acto de justicia social.
Según cifras del DANE, en agosto de 2024 la tasa de vinculación laboral de las personas con discapacidad en Colombia apenas alcanzaba el 18,5%, muy por debajo del porcentaje de personas sin discapacidad alguna, que ronda el 60,8%. En el área metropolitana de Bucaramanga no existen estadísticas locales actualizadas, pero las organizaciones sociales y los comités municipales de discapacidad coinciden en que la contratación formal de esta población es mínima.
Hoy, solo un pequeño porcentaje de personas con discapacidad tiene un empleo formal y bien remunerado, ya sea en el sector público o privado. La mayoría sobrevive mediante trabajos informales, precarios y sin garantías laborales; algunos recurren al rebusque o a la venta ambulante en semáforos, e incluso acuden a la mendicidad. Actividades que, lejos de ser deshonrosas, representan una muestra de la enorme resiliencia de esta población frente a las barreras que la sociedad les impone. Otros dependen de sus familias o de subsidios estatales insuficientes, todo lo cual evidencia la abismal inequidad laboral existente.
En el ámbito laboral, las barreras son múltiples. La primera es cultural, pues persisten prejuicios que consideran a las personas con discapacidad como poco productivas, ignorando que la discapacidad no equivale a ineficiencia, sino a diversidad que requiere ajustes razonables. La segunda es estructural, toda vez que la mayoría de edificaciones de empresas y entidades públicas carecen de instalaciones accesibles o que permitan un mínimo de movilidad para esta población, o incluso de procesos de selección laboral inclusivos que garanticen igualdad de oportunidades reales, a pesar de que la normativa urbanística y laboral vigente así lo exige. Y la tercera es educativa: gran parte de esta población no logra culminar estudios técnicos o universitarios debido a la falta de apoyos pedagógicos y económicos adecuados.
Pero las barreras sociales aquí expuestas se amplifican ante una sistemática invisibilización institucional. Las políticas públicas se formulan por parte de los entes territoriales, pero rara vez se ejecutan con rigor o, simplemente, se quedan en el papel. En el área metropolitana de Bucaramanga existen oficinas de discapacidad, pero su alcance se limita a realizar eventos, mas no a demostrar resultados, siendo esta una actuación marginal. Las alianzas entre el sector público y el privado para fomentar la inclusión laboral son casi inexistentes. Las ferias de empleo o de emprendimiento rara vez contemplan espacios específicos para este grupo y, cuando lo hacen, los resultados son simbólicos más que transformadores, llegando al colmo de cobrar sumas de dinero por participar en estos eventos a integrantes de este grupo poblacional, incluso en actividades promovidas públicamente por las alcaldías.
El trabajo digno no solo provee sustento económico; también brinda identidad, autonomía y sentido de pertenencia. Negar ese derecho es perpetuar la dependencia y la exclusión. La inclusión laboral no debe verse como un favor, sino como una responsabilidad social ineludible, la misma que recae en los entes territoriales para implementarla y promoverla.
Resulta paradójico que una región como Bucaramanga, reconocida por su dinamismo empresarial y su alto nivel educativo, aún no haya consolidado una cultura de contratación incluyente. Muchas personas en condición de discapacidad pueden desempeñar labores que no exigen esfuerzo físico, pero sí compromiso, disciplina y habilidades cognitivas; cualidades que abundan en esta población, incluso superando a personas que no presentan discapacidad alguna. No obstante, la desconfianza, el temor y el desconocimiento siguen determinando las decisiones de contratación. Por ello, esta situación bien puede considerarse como un paradigma que debemos romper como sociedad.
El Estado colombiano tiene una tarea pendiente. No basta con crear leyes en favor de la inclusión laboral; a través de las alcaldías y gobernaciones, debe hacer cumplir primero las ya existentes. Las entidades públicas deberían ser las primeras en dar ejemplo, cumpliendo y superando incluso los mínimos de vinculación laboral establecidos, e implementando políticas públicas internas para contratar integrantes de esta población en los contratos por prestación de servicios (CPS).
Asimismo, desde las alcaldías y gobernaciones podría exigirse a las empresas contratistas la inclusión de personas con discapacidad, no porque exista una norma legal que lo imponga, sino como un compromiso social y condición para contratar con la entidad.
Las empresas privadas que reciben beneficios tributarios deberían demostrar resultados verificables, reflejando su responsabilidad en hechos concretos. La inclusión no debe quedarse en los discursos ni en las campañas publicitarias; debe evidenciarse en las nóminas, en los entornos laborales y en la empatía activa de quienes toman decisiones.
Por otra parte, las universidades y los centros de formación técnica del área metropolitana también tienen un rol determinante. Deben abrir más programas de formación accesibles, ofrecer acompañamiento académico adaptado y fomentar en sus estudiantes una conciencia empática e inclusiva. Formar profesionales con la sensibilidad social suficiente y con herramientas para construir entornos accesibles es parte del cambio cultural que se requiere para romper el paradigma de estigmatización y exclusión laboral.
Asimismo, los medios de comunicación pueden jugar un papel crucial. No se trata solo de contar historias de superación individual, sino de visibilizar las barreras estructurales que perpetúan la exclusión. Mostrar que la discapacidad es un tema de derechos y no de asistencialismo puede transformar las percepciones colectivas y fomentar acciones reales, tanto desde el sector público como desde el privado.
La inclusión laboral de las personas con discapacidad en Bucaramanga no puede seguir siendo una meta a largo ni a mediano plazo, y mucho menos un simple eslogan institucional. Debe convertirse en una realidad concreta, respaldada por políticas serias y coherentes, vigilancia ciudadana y, sobre todo, empatía. Detrás de cada persona con discapacidad hay una historia humana: un profesional que no consigue empleo, una madre que, tras un accidente, busca el sustento de su familia, un adulto mayor que perdió la visión y fue despedido sin posibilidad de reubicación.
La verdadera inclusión no se mide por los discursos, sino por las oportunidades reales. Mientras las personas con discapacidad sigan al margen del mercado laboral, la sociedad seguirá en deuda con ellas. Es hora de que la inclusión deje de ser un ideal y se convierta, finalmente, en una realidad tangible y cotidiana. Debe transformarse en un paradigma roto que permita a un importante sector poblacional —hasta ahora mayoritariamente desfavorecido— acceder a oportunidades laborales bajo el principio constitucional de igualdad. Y, por ser un derecho fundamental, vale la pena formular el siguiente interrogante:
¿Qué medidas efectivas han tomado la Defensoría del Pueblo y las personerías municipales en favor de la defensa del derecho al trabajo de la población en condición de discapacidad?
Por lo aquí expuesto, cierro este espacio con una invitación a que todas las entidades públicas y privadas abran las puertas laborales a los hombres y mujeres en condición de discapacidad, rompan el paradigma de exclusión existente y vinculen en empleos formales a estos grandes seres humanos.
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*Veedor municipal e integrante del Comité de Control Social de la Contraloría de Santander.
