La negociación entre la Electrificadora de Santander y el sindicato Sintraelecol entró en una fase decisiva tras vencer el primer plazo legal. Mientras la empresa solicita una prórroga, el sindicato insiste en mayores incrementos salariales y cuestiona la falta de cifras claras en la mesa.
En los primeros días de 2026, Santander sigue atento a una negociación laboral que puede marcar el rumbo de la principal empresa del departamento. La Electrificadora de Santander (ESSA) y el sindicato Sintraelecol no lograron cerrar un acuerdo dentro del plazo inicial para renovar la convención colectiva, lo que abrió la puerta a una prórroga y, eventualmente, a un tribunal de arbitramento.
La discusión se centra en el ajuste salarial y los beneficios laborales. Sintraelecol propone incrementos cercanos a los del salario mínimo, que para este año fue del 23,7%, mientras que la compañía plantea aumentos algunos puntos por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC), ubicado en 5,3% a noviembre. La diferencia entre ambas posturas ronda los 18 puntos porcentuales y refleja, según la ESSA, una brecha difícil de cerrar desde el punto de vista financiero.
El gerente de la empresa, Guillermo León Valencia Agudelo, confirmó que la ESSA solicitó una prórroga de 20 días para continuar la etapa de arreglo directo. “Estamos comprometidos con llegar a un acuerdo con el sindicato”, aseguró, al tiempo que envió un mensaje de tranquilidad a los usuarios al garantizar la continuidad del servicio de energía.
Desde la perspectiva de la empresa, el principal riesgo de aceptar las pretensiones sindicales está en el costo. De acuerdo con la gerencia financiera, los gastos de nómina y personal ya representan cerca de la mitad de los costos totales de la ESSA. Atender el pliego completo elevaría esos gastos de aproximadamente $100.000 millones a unos $250.000 millones anuales.
Ese aumento, cercano a $150.000 millones, equivaldría a alrededor del 60% de las utilidades obtenidas por la compañía en 2024. La ESSA fue la segunda empresa con mayores ganancias en Santander ese año, con utilidades superiores a los $252.000 millones, y su desempeño tiene un efecto directo sobre las finanzas departamentales, ya que la Gobernación posee cerca del 22% de la participación accionaria.
La empresa también advierte que sus ingresos crecen en línea con el Índice de Precios al Productor (IPP), que cerraría alrededor del 2 %, muy por debajo de las cifras reclamadas por el sindicato. “Eso nos genera una brecha importante”, ha reconocido la administración, que insiste en que su propuesta superará el IPC, pero sin comprometer la sostenibilidad.
La postura del sindicato y el rol del MinTrabajo
Del lado sindical, Sintraelecol rechaza que sus peticiones sean inviables. Carlos Roncancio Castillo, asesor del sindicato, sostiene que en la mesa no se ha presentado un análisis financiero detallado que demuestre que el pliego es exagerado. Según el sindicato, la ESSA cuenta con la solidez suficiente para asumir los incrementos y mantener su calificación crediticia.
Además de los aspectos salariales, el pliego incluye puntos relacionados con seguridad y salud en el trabajo, un tema sensible para una organización que agrupa a más de 660 trabajadores, en su mayoría técnicos y personal operativo que labora en campo.
Ante la falta de avances, Sintraelecol solicitó el pasado 2 de enero la intervención del Ministerio de Trabajo territorial Santander. En una carta enviada a esa entidad, el sindicato argumentó que no ha existido un progreso real en la negociación y que la postura de la empresa ha sido regresiva en materia económica.
Si en la prórroga no se logra un acuerdo, el conflicto pasará a un tribunal de arbitramento, un escenario legal e imparcial que definiría las condiciones de la nueva convención colectiva. Mientras tanto, la negociación sigue siendo un tema central para el clima laboral, la estabilidad financiera de la ESSA y el interés público en Santander.
