Un fallo histórico condenó a cuatro directivos de la empresa Maderas del Darién por financiar con más de 700 millones de pesos al Bloque Elmer Cárdenas de las AUC, liderado por Carlos Castaño. La sentencia marca un precedente en la lucha contra la impunidad empresarial en el conflicto armado colombiano.
El 5 de noviembre de 2025, el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Antioquia emitió una sentencia sin precedentes: cuatro directivos de la empresa Maderas del Darién fueron condenados a seis años de prisión por haber financiado de manera consciente y voluntaria al Bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), comandado por Carlos Castaño en los años 2000.
La decisión judicial, producto de una investigación que se remonta al allanamiento del Parqueadero Padilla en Medellín en 1998, abre un capítulo clave en la relación entre el empresariado colombiano y las estructuras paramilitares que dominaron vastas regiones del país.
Las AUC, bajo el mando de los hermanos Castaño, consolidaron su poder en regiones como Urabá y el Bajo Atrato a través de la violencia, el control territorial y la financiación proveniente de sectores empresariales. El Bloque Elmer Cárdenas, liderado por Freddy Rendón Herrera, alias “El Alemán”, fue uno de los más activos en la explotación de recursos naturales, especialmente la madera.
En el allanamiento de 1998, las autoridades encontraron miles de registros contables que revelaban la red financiera de las AUC. Los documentos mostraban aportes de empresarios, maniobras contables y el uso de empresas pantalla para canalizar recursos hacia los grupos armados.
La Fiscalía demostró que Maderas del Darién transfirió más de 700 millones de pesos al Bloque Elmer Cárdenas mediante Proveedores ficticios y asientos bancarios alterados; empresas pantalla para desviar recursos de la explotación forestal y uso de 17 personas naturales y cinco jurídicas para encubrir las operaciones.
El contratista Néstor Cayetano Victoria recibió 937 millones de pesos, de los cuales solo 207 millones correspondían a servicios reales; el resto fue destinado a financiar a los paramilitares.
Alias “El Alemán” declaró ante la Fiscalía: “Sobre el río Atrato se tenía control sobre todo lo que transportaba, sobre todo con la madera, que era el principal medio legal. Es cierto que ellos nos daban aportes financieros por mucho tiempo y fue de manera voluntaria”.
El tribunal concluyó que no existió extorsión ni coerción, sino una colaboración directa y sostenida entre la empresa y la estructura armada.
Los empresarios sentenciados fueron Jorge Amézquita García, Jaime Guillermo Hernández Truten, Saúl Buriticá Cifuentes y Ricardo Ronal Palacios Romaña.
Tres cumplirán la pena en detención domiciliaria, mientras que Palacios Romaña deberá hacerlo en un centro penitenciario, por decisión del Inpec.
Las prácticas de Maderas del Darién afectaron directamente a comunidades afrodescendientes de Cacarica, Curvaradó y Jiguamiandó, a quienes se les descontaban recursos bajo el argumento de garantizar la “seguridad” en la región.
El fallo reconoce que la financiación empresarial contribuyó a la consolidación del poder paramilitar, lo que derivó en desplazamientos forzados, violaciones de derechos humanos y despojo de tierras.
La sentencia se fundamenta en pruebas documentales, testimonios de exparamilitares y análisis contables. La Fiscalía calificó la conducta como delito de lesa humanidad, lo que implica que es imprescriptible.
Este fallo se suma a otros procesos internacionales, como el de Chiquita Brands, cuyos exdirectivos fueron condenados por financiar a las AUC. En conjunto, estas decisiones marcan un giro en la lucha contra la impunidad empresarial en el conflicto armado.
La condena a los directivos de Maderas del Darién por financiar a los paramilitares de Carlos Castaño en Urabá constituye un hito en la historia judicial de Colombia. El fallo no solo sanciona a quienes aportaron recursos a estructuras criminales, sino que también envía un mensaje claro: la responsabilidad empresarial en el conflicto armado es real y exigible.
