Según un informe titulado ‘Nuestras identidades bajo arresto’ de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales, ILGA, la diversidad sexual se ve amenazada en 64 países alrededor del mundo por leyes que la entidad denuncia atentan directamente contra los grupos LGBTIQ.
El coordinador de investigación de ILGA Mundo, Lucas Ramón Mendos, destaca que «en sociedades donde el comportamiento no normativo es leído como evidencia de no-heterosexualidad, la forma en que una persona luce, viste y habla puede tenerse como indicio de una probable ‘actividad criminal’, lo cual puede considerarse suficiente para justificar una detención».
El informe advierte que las detenciones arbitrarias y los enjuiciamientos hacia personas LGBTIQ se mantuvieron en 2021 y que “las redadas, las detenciones callejeras, las emboscadas por Internet por parte de las fuerzas de seguridad y las denuncias de terceras personas en entornos hostiles se encuentran entre las formas más comunes que adquieren estas detenciones».
Las confesiones, denuncia ILGA, son extraídas muchas veces por medio de tortura o por exámenes anales forzados que son utilizados para crear pruebas de actividad sexual consensuada.
Luz Elena Aranda y Tuisina Ymania Brown, cosecretarias generales de ILGA Mundo, aseguran que es necesario “arrojar luz sobre cómo las leyes criminalizantes afectan a millones de personas y dar voz a esas ‘masas’ doloridas que han sido silenciadas por los prejuicios y por quienes detentan el poder».
Los hallazgos de ILGA contra la diversidad sexual
La Asociación denuncia «abuso» y «maltrato» por parte de la policía en «casi todas las instancias documentadas», también asegura que «los medios de comunicación pueden desempeñar un papel importante en la forma en que los Estados aplican las leyes criminalizantes». Algunas personas, dependiendo de su «estatus económico», logran «evadir la aplicación de estas leyes», dice ILGA.
ILGA destaca que en 2016, en Camerún “se habían abierto 36 investigaciones penales sobre ‘homosexualidad’, dando lugar a 16 procesos judiciales y 14 condenas”. En Marruecos, en 2018, “170 personas habían sido acusadas de «homosexualidad» en 147 casos diferentes”. En Sri Lanka hubo, en 2016, 17 casos de ‘homosexualidad’. Usbekistán reportó que 49 personas estaban “privadas de su liberad por «sodomía» en virtud del artículo 120 del Código Penal, y que nueve de ellas habían sido detenidas en 2020”.
En la investigación, al menos 22 casos terminaron en “imposición de castigos corporales, consistentes principalmente en latigazos”. En Malasia en 2019 se le impusieron seis latigazos a una persona declarada culpable y en Arabia Saudita en 2005 se impuso la pena a un acusado de “14.200 latigazos en múltiples sesiones”.
Todos estos son casos registrados oficialmente, aclara ILGA, y hay muchos que quedan en el subregistro, ya que las personas implicadas, en muchas ocasiones, «son extorsionadas u obligadas a pagar sobornos a agentes de policía para ser liberadas sin ser acusadas”.
Las personas “trans y de género diverso” también se ven afectadas con estas leyes discriminatorias, “son detenidas o procesadas bajo leyes que criminalizan actos sexuales consensuales entre personas adultas del mismo sexo”.
