Una delegación del Gobierno de Colombia y otra del “estado mayor central” de las disidencias de las FARC se reunieron en el departamento de Caquetá, ubicado al sur del país, con el fin de analizar un posible inicio de diálogos de paz con disidencias de las FARC que no se acogieron al acuerdo de la Habana en 2016.
Mediante un comunicado firmado por el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, el número dos de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Raúl Rosende, cuatro disidentes y un delegado del Gobierno de Noruega, las partes aseguraron estar en “disposición y necesidad de que estos diálogos estén ambientados por un cese el fuego bilateral, cuya ejecución deberá ser verificada».
«Un asunto central es la respuesta del Gobierno en la paz total a las demandas ciudadanas sustanciales vinculantes y los derechos que deben ser garantizados para transitar al Estado Social y Ambiental de Derecho», agregó el comunicado conjunto.
“Paz total” es la ambiciosa propuesta del presidente Gustavo Petro, con la cual busca entablar diálogos y buscar acuerdos de desmovilización o entrega a la justicia con grupos al margen de la ley de varios tipos que operan en el país.
Según un reciente informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), actualmente 20 grupos esperan acogerse al proyecto de paz de Petro.
Dentro de los interesados se encuentran guerrillas tradicionales como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias de la antigua guerrilla de las Farc, como la Segunda Marquetalia, liderada por Iván Márquez, quien abandonó el proceso, y también grupos de crimen organizado deedicados al narcotráfico, como Los Caparros, Los Costeños, Los Pachelly y Los Shotas.
“El gobierno Petro ha demostrado que se está jugando todo el capital político que tiene para impulsar lo que ha llamado la paz total. Allí deben entrar esos grupos de las disidencias”, dijo Daniela Garzón de la Fundación Paz y Reconciliación.
El acuerdo busca que quienes se acojan al proceso no sean sometidos a la Justicia ordinaria, sino que se cree un ente especial, tal y como se hizo en su momento con las Farc.
El estado mayor central de las disidencias dijo que para los grupos al margen de la ley, la “paz total” significa” la erradicación de las causas generadoras del conflicto social y armado» y pidieron que el primer paso sea una declaratoria oficial, junto con un «cese al fuego bilateral acordado por las partes, evitando así más dolor en la familia colombiana».
A pesar de la intenciones de buscar la paz por parte de Gustavo Petro, en julio de este año se registró la mayor cantidad de ataques a la fuerza pública en Colombia durante los últimos 20 años, registrando 90 ataques en un solo mes, según reportó el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac).
Hace unos días, el Petro pasó al Congreso las modificaciones de la Ley de Orden Público para poder tener una hoja de ruta para adelantar las negociaciones. Hasta el momento el ELN ha expresado sus intenciones de realizar diálogos de paz.
El pasado 20 de agosto el presidente colombiano anunció la suspensión de las órdenes de captura y extradición contra los negociadores de la guerrilla del ELN, quienes llevan en Cuba varios años, sin avances de ningún tipo en la negociación.
El propósito es retomar los diálogos de paz con dicho grupo, los cuales fueron suspendidos previamente en el 2018, cuando Iván Duque asumió su cargo como presidente. En pos de ese objetivo, Gustavo Petro ha designado a Venezuela como país garante en la eventual negociación que se abra con el ELN y Nicolás Maduro aceptó la propuesta.
Con la suspensión de las órdenes de captura, Petro aseguró que busca «intentar construir el camino, ojalá rápido y expedito, en donde esta organización deje de ser una guerrilla insurgente en Colombia».
