Por: Carlos A. Gómez/ El municipio de Los Santos, en Santander, es reconocido por la gran cantidad de sismos que allí se presentan casi a diario y también, desde hace un año, es un referente porque la ANLA (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales) otorgó la licencia a la empresa Celsia para el desarrollo del proyecto «Celsia Solar Chicamocha», el cual es el proyecto de energía solar más grande de Colombia.
La resolución núm. 01786, del 5 de septiembre de 2019 de otorgamiento de la licencia, indica que serán más de 120 hectáreas donde se instalarán 5 parques solares en Los Santos. Esto es un avance en materia de sostenibilidad para dejar la dependencia de energías no renovables. Este proyecto puede generar energía eléctrica para más de 20 mil hogares, que de todas maneras tendrán que pagar por el servicio prestado por una empresa del sector privado.
Los avances de las energías limpias en nuestro país van creciendo: ya son más de 100 plantas instaladas en diferentes zonas de Colombia. Por ejemplo, Barrancabermeja ya tiene una administrada por ESSA, la Guajira cuenta con más de 10 proyectos, los departamentos del Cesar, Valle del Cauca y Meta también hacen parte de esta ‘nueva’ forma de brindar un recurso básico.
Existen diferentes sentencias de la Corte Suprema de Justicia donde se indica que el servicio de energía eléctrica hace parte del derecho a una vivienda digna y que es deber del estado asegurar de manera eficiente los servicios públicos (puede ver la sentencia T-189/16, un caso de San Gil).
Todos los ciudadanos podrían acceder a la energía solar instalando paneles solares en sus hogares, sin depender de un servicio prestado por empresas mixtas (que crecen cada vez más) o públicas (que están en vía de extinción). Cada vez más el Estado delega sus responsabilidades de prestar sus servicios públicos al sector privado, que evidentemente es mas ágil en hacerlo.
No es nuevo decir que muchos hogares en Santander o en Colombia no tienen acceso a redes eléctricas que garanticen el servicio. Sin luz eléctrica tampoco hay otros servicios que mejoran la calidad de vida de la población. La televisión, la radio, las neveras y otros electrodomésticos no se pueden usar —ni siquiera pensar en comprar— porque no hay luz eléctrica para su funcionamiento. Ni hablar de usar un computador o del acceso a Internet.
Muchas personas viven lejos de las redes de servicios públicos. Por ejemplo, en algunos municipios, como Santa Helena del Opón, Matanza, Suratá y otros, varios de sus habitantes cuentan con paneles solares que les permiten acceder a la energía eléctrica de manera gratuita, gracias a que tienen instalados una batería de almacenamiento y paneles en los techos de sus casas.
En el año 2019 viajé a la zona rural del municipio de La Primavera, en el departamento del Vichada. Las extensiones de tierra tan grandes no permiten que haya acceso a redes eléctricas para toda la comunidad. Las fincas normalmente tienen una extensión entre mil y cinco mil hectáreas (o más) y la población vive principalmente en áreas rurales.
En mi viaje, me encontré con que la única posibilidad que tienen esas familias apartadas para tener energía eléctrica son los paneles solares, que son la única fuente para acceder a este recurso. Pregunté por el valor de la compra e instalación. La alcaldía entregó los paneles a la mayoría de ellos sin costo. Nadie debería pagar por un servicio que es público.
Hoy quiero llamar su atención y proponer que el acceso a la energía solar para comunidades vulnerables o apartadas sea completamente gratuito. Usted y yo podemos acceder a la energía del sol sin tener que pagar a una empresa (no quiero desconocer que las empresas del sector privado invierten grandes cantidades de recursos económicos para ofrecer energías renovables y que deben recuperar la inversión con una ganancia, es lógico) por un servicio que puede ser gratuito.
La discusión es grande, así como sucede con el acceso a la salud, al agua y demás servicios que podrían ser brindados por un estado social de derecho que vele por reducir la brecha de desigualdad que tenemos en Colombia. Nuestros impuestos deberían tener la capacidad de lograr que los servicios públicos realmente lo fueran. Por ejemplo, en París el agua potable que usted puede tomar en los parques o en las calles es gratuita para todos.
Espero que no lleguemos a tener que seguir pagando por la energía que produce el sol, el viento y la fuerza del agua cuando se pueden aprovechar los recursos naturales para reducir la desigualdad. La democratización de los servicios públicos se ve poco en la agenda de nuestros dirigentes, poco en los planes de desarrollo y menos en las reducciones de las desigualdades.
El Objetivo de Desarrollo Sostenible núm. 7, ‘energía asequible y no contaminante’, debe tener un mayor protagonismo en nuestra sociedad. Los invito a leer más sobre este ODS en este enlace.
*Ingeniero Industrial y Magister en Responsabilidad Social y Sostenibilidad.
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