Por: Javier Antonio Rojas Quitian/ Preocupante resulta la polarización política y social que durante estos días se ha originado a raíz de la orden de detención domiciliaria impartida por la Corte Suprema de Justicia en contra del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez.
Desde que se dio a conocer a la opinión pública la noticia, en medios de comunicación y redes sociales muchos ciudadanos han tomado partido y con comentarios, muchos respetuosos, pero también otros tantos desobligantes y desafiantes; se han manifestado a favor o en contra de la decisión de la alta Corte y como por arte de magia nuestro enemigo en común, del que se hablaba en todo momento desde marzo, el Covid–19 pasó a un segundo plano, como si el riesgo del virus hubiera desparecido.
Quizá dentro de todo lo malo que la pandemia nos ha traído, algo bueno es que nos había unido como sociedad, ya que nadie está exento de su peligro y hasta las clases más altas se han sentido de alguna forma perjudicadas y vulneradas, pero bastó con conocerse el fallo de la Corte para sumirnos nuevamente en la más profunda división, para empezar a escupir nuestro odio y mostrar nuestra intolerancia hacia quienes piensan diferente y de alguna forma difieren de nuestras convicciones.
Es hasta incomprensible que se genere tal revuelo, si la Corte con su decisión lo que busca es blindar el proceso para evitar que el investigado obstruya la justicia, o que oculte, modifique o destruya elementos de prueba, pero el proceso aún continua, pues en este caso no se ha dado ningún veredicto, es una decisión previa, el e presidente no ha sido declarado culpable y ajustándonos a derecho continúa siendo inocente y cuenta con varios mecanismos jurídicos de defensa.
Como ciudadanos no deberíamos estancarnos y dividirnos entre amores y odios, en el debate de la inocencia o culpabilidad de un expresidente dentro de un proceso del cual conocemos muy pocos detalles, lo que deberíamos es unirnos en la exigencia a la alta Corte para que el proceso sea justo y obren con total imparcialidad, sin aceptar presiones políticas, económicas o sociales de ninguna de las partes.
La Constitución política habla de la separación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, para prevenir que una rama del poder se convierta en omnipotente y más bien hacer que cooperen mutuamente para el buen funcionamiento del Estado, a través de un sistema donde se garanticen los balances y contrapesos entre las ramas del poder, de ahí la importancia de que el proceso que se adelanta en contra del hoy senador Álvaro Uribe requiera total trasparencia e imparcialidad, pues sin duda se está hablando del político más importante de los últimos cincuenta años en Colombia y no solo define el actuar de un servidor público, hoy la corte tiene en juego los fundamentos mismos de nuestra democracia, de la estructura de nuestro Estado, es acá donde se pone a prueba si efectivamente hay separación de poderes y si cada uno de ellos actúa en proporción a las competencias que la ley le otorga.
Por ello lamento profundamente que el Presidente de la República, la Vicepresidenta y algunos ministros, quienes actúan como altos representantes del poder ejecutivo, salgan públicamente a cuestionar la decisión de la Corte, pues claramente configuran una intromisión al poder judicial, al debido proceso y a la separación de los poderes, contribuyendo a la polarización y la falta de credibilidad en nuestras instituciones, colocando en entre dicho la justicia en pleno de nuestro país, pues la Corte es Instancia suprema y cabeza de la justicia ordinaria, civil, laboral y de familia.
Como representante de nuestro país el presidente más allá de su inclinación política debería estar uniéndonos y aplacando odios, no avivando divisiones y desobediencias. Él es presidente de todos.
Invito a salir de esta confrontación que nada bueno trae al país en estos duros momentos, lo que debemos exigir es un proceso transparente con todas las garantías para las partes, pero aún más, debemos guardar nuestra tolerancia y respeto para cuando se produzca un fallo definitivo, pues sea cual sea ese fallo dejará a una parte del país feliz o satisfecha y a otra inconforme y afligida.
La paz definitivamente no se da por el simple hecho de desarmar unos grupos al margen de la ley, esta tiene que empezar desde nosotros y demostramos cada día que no estamos preparados para vivir en ella, no toleramos a quien piensa diferente, no respetamos sus ideas y queremos pasar por encima como aplanadoras destruyendo nuestros contradictores, creyéndonos dueños de la verdad absoluta, Colombia requiere una unificación de criterios, un Estado en donde libremente y sin represiones cada uno exprese su punto de vista y tenga la oportunidad de defenderlo, este debería ser el discurso que nos lleve a las elecciones del 2022, los extremos están acabando nuestra democracia y nuestras Instituciones y urgen políticos que construyan su pensamiento con la ideas de todos los sectores o por lo menos con la mayoría.
*Exalcalde de Sucre (Santander), Administrador de Empresas, Especialista en Gestión Pública y Magister en Políticas Públicas y Desarrollo.
Twitter: @Javierrojasqui
