La Corte Suprema de Justicia inspeccionó el martes la sede del Ministerio de Hacienda, en el centro de Bogotá, como parte de su investigación por el caso de corrupción de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), según ha informado la misma cartera este miércoles en un escueto comunicado.
De acuerdo con el escrito, la visita fue atendida por varios equipos del ministerio y, tras la inspección, “entregó a los delegados los elementos que fueron solicitados”.
La visita incluyó también la casa de Andrea Ramírez, una antigua enlace de la cartera con el Congreso, también señalada en el caso. El ministerio estuvo encabezado hasta el miércoles pasado por Ricardo Bonilla, señalado por tres funcionarios de haber participado en el entramado corrupto. De momento, la Sala de Instrucción del alto tribunal no ha informado de los resultados de las diligencias.
El caso de corrupción de la UNGRD se ha convertido en uno de los mayores problemas del Gobierno del presidente Gustavo Petro. Más allá de la gravedad de los hechos, el entramado es llamativo por involucrar a funcionarios que han trabajado con el jefe del Estado desde mucho antes de su llegada al poder.
Bonilla es el principal de ellos. A pesar de que Petro le ha expresado su confianza incluso después de las acusaciones, la semana pasada le pidió la renuncia a su cargo como ministro para que se defendiera sin afectar al funcionamiento de una de las carteras clave para el proyecto político de este cuatrienio.
El ahora exministro, que tenía en sus manos la defensa de una enredada pero fundamental reforma tributaria, ha declarado de forma reiterada ser inocente.
Las acusaciones contra el economista, sin embargo, han causado mucho ruido. En julio pasado, Olmedo López, exdirector de la UNGRD, y Sneyder Pinilla, subdirector bajo López, señalaron al por entonces ministro ante la Corte Suprema de haber ordenado el ofrecimiento de contratos de la entidad a congresistas a cambio de obtener votos que sirvieran al Gobierno en el Legislativo.
Y el pasado 2 de diciembre, María Alejandra Benavides, quien fue reemplazo temporal de Ramírez en las relaciones con los congresistas, dijo que a finales de 2023 su entonces jefe trató de dirigir millones de pesos a la UNGRD para canalizarlos a la comisión de crédito público del Congreso, con la que el Ministerio de Hacienda tiene un vínculo constante, pues requiere de sus avales para aumentar el techo de la deuda del Estado. Benavides dice haber actuado por indicaciones de Ramírez.
Tras las denuncias, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, que se encarga de investigar a los congresistas, anunció el inicio de una pesquisa contra los seis parlamentarios que conforman la mencionada comisión por presuntamente participar del entramado: “Los investigados, como miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP), habrían aceptado emitir conceptos respecto de operaciones de crédito público presentadas por el Ministerio de Hacienda, a cambio de dádivas que se materializarían en contratos de la UNGRD”.
Se trata de los senadores Wadith Manzur (cordobés, del Partido Conservador), Liliana Bitar (cordobesa, también del Partido Conservador) y Juan Pablo Gallo (risaraldense, del Partido Liberal); y los representantes Julián Peinado (antioqueño, Partido Liberal), Karen Manrique (representa a las víctimas de Arauca y pertenece a un movimiento independiente) y Juan Diego Muñoz (metense, Alianza Verde, ya no está en el Congreso). Todos han acudido ya a las audiencias ante la Corte y han guardado silencio.
