La restricción al tránsito de motocicletas y parrillero hombre en Bucaramanga reactivó protestas, acciones judiciales y movilizaciones ciudadanas. Mientras las autoridades anuncian sanciones desde el 2 de febrero, motorizados y actores políticos despliegan una ofensiva para reversar la medida en el área metropolitana.
La restricción al tránsito de motocicletas y parrillero hombre en sectores estratégicos de Bucaramanga volvió a encender la polémica en el área metropolitana. A pocos días de que empiecen las sanciones económicas para quienes incumplan la medida, ciudadanos, líderes de motorizados y actores políticos han puesto en marcha distintas estrategias para intentar tumbar una decisión que consideran injusta, desactualizada y poco concertada.
La medida, formalizada mediante la Resolución 063 de 2026, responde a una orden judicial que conmina a los alcaldes de Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta y Girón a restringir el tránsito de motos y parrilleros en determinados corredores viales, con el argumento de combatir la informalidad en el transporte y mejorar la seguridad vial. Sin embargo, su aplicación ha generado rechazo en amplios sectores de la ciudadanía, especialmente entre quienes utilizan la motocicleta como principal medio de trabajo y movilidad.
Desde el próximo lunes, 2 de febrero, la Dirección de Tránsito de Bucaramanga iniciará la imposición de comparendos a quienes circulen en moto en los tramos y horarios restringidos. En la carrera 33, entre la avenida Quebrada Seca y la calle 55, las motocicletas no podrán transitar en horas pico, mientras que en la calle 36, entre carreras 15 y 19, se permitirá la circulación solo sin parrillero.
No obstante, antes de que la norma entre en plena vigencia, ya se evidencian movimientos para frenarla. Esta semana, un grupo de motociclistas realizó un plantón en el parque Santander, en el centro de Bucaramanga, para expresar su inconformidad con la decisión judicial que dio origen a la restricción. Con pancartas, megáfonos y arengas, los manifestantes cuestionaron la falta de participación ciudadana en la adopción de la medida.
“Se programó un plantón de forma pacífica para sentar el descontento ante el Juez 15 Administrativo Oral, el señor Edward Avendaño Bautista, por las medidas que está solicitando a los alcaldes y directores de tránsito para restringir las motos”, afirmó Jhon Mario Blanco Uribe, líder de los motociclistas.
Según los voceros del gremio, la acción judicial que hoy respalda la restricción se basa en un contexto que ya no corresponde a la realidad actual de la ciudad. Blanco Uribe recordó que la demanda inicial fue interpuesta por el gremio de taxistas hace más de una década, cuando el fenómeno del transporte informal tenía otras dinámicas.
“Han pasado más de 10 años desde que se pidió luchar contra la piratería. Hoy las necesidades no son las mismas. El transporte informal ya no opera solo en ‘terminalitos’; ahora los ciudadanos solicitan servicios por medio de plataformas digitales”, señaló el líder motero, quien insistió en que la restricción castiga a quienes usan la motocicleta de manera legal y responsable.
Como alternativa, los motociclistas anunciaron que presentarán una contrapropuesta ante el Juez 15 Administrativo. La idea, según explicaron, es que las soluciones se construyan en mesas de trabajo con participación de todos los sectores y no a través de prohibiciones generalizadas. “Muchos motociclistas que antes se dedicaban al transporte informal han podido formalizarse o capacitarse con apoyo de las alcaldías. Ese camino se puede fortalecer en lugar de imponer restricciones”, agregó Blanco Uribe.
La inconformidad no se limita a los plantones. Otro grupo de motorizados convocó una movilización para el lunes 2 de febrero, a partir de las 2:00 de la tarde, por diferentes puntos de Bucaramanga. Aunque no se han divulgado los recorridos, las autoridades prevén congestiones en las principales vías de la ciudad, justo en el inicio de la aplicación de las sanciones.
El exconcejal de Bucaramanga Carlos Parra interpuso una acción de tutela con el objetivo de dejar sin efectos la Resolución 063 de 2026. En el recurso, el exfuncionario alega una presunta vulneración de derechos fundamentales como la igualdad, el trabajo y la libre movilidad.
“Se está imponiendo una medida general que afecta a miles de ciudadanos sin demostrar que sea proporcional ni efectiva para resolver el problema que se pretende atacar”, habría argumentado Parra en su acción judicial, según trascendió.
Mientras tanto, en las calles la realidad parece ir por otro camino. Durante un recorrido realizado en plena hora de restricción, se constató que numerosos motociclistas, con y sin parrillero, circulaban libremente por la carrera 33, sin presencia de puestos de control ni agentes de tránsito. Algunos conductores aseguraron desconocer la medida, mientras otros defendieron su derecho a movilizarse sin restricciones. “Tenemos derecho a la igualdad y a transitar por cualquier punto de la ciudad”, expresó uno de ellos.
La falta de pedagogía y control efectivo en los primeros días ha alimentado las críticas contra la administración municipal, que ahora enfrenta el reto de hacer cumplir una medida impopular en medio de un clima de protesta y acciones judiciales. El debate sigue abierto y, por ahora, la restricción al parrillero hombre en Bucaramanga se consolida como una nueva “novela” urbana, con capítulos que aún están lejos de cerrarse.
