El Departamento Administrativo de la Función Pública presentó el primer balance de los trámites que deben surtir un proceso de racionalización en el 2021, en cumplimiento de la Ley anti-trámites 2052 de 2020.
“Invitamos a las entidades públicas del orden nacional y territorial a adelantar las gestiones pertinentes para la implementación de las acciones de simplificación de trámites, actualizando la estrategia de racionalización formulada en el marco del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y registrada en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT”, indicó el director de Función Pública, Fernando Grillo.
En total son 602 trámites y otros procedimientos administrativos los que deben ser simplificados por parte de las entidades del orden nacional como territorial y que corresponden a trámites que debieron simplificarse durante la vigencia 2020 pero que a 31 de enero de 2021 no se ha reportado su cumplimiento y a aquellos trámites que aún no han sido simplificados, atendiendo a las disposiciones contenidas en el Decreto Ley 2106 de 2019.
Entre los trámites que deben ser racionalizados se destacan los siguientes: el reconocimiento del Gobierno nacional de la condición de refugiados, un procedimiento administrativo a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores, y en el que se buscará reducir los tiempos de respuesta a los solicitantes.
Otro de los trámites nacionales que debe simplificarse está a cargo del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) en relación con la digitalización y automatización de las inscripciones, selección y matrículas de los aspirantes a los programas de formación profesional integral.
En cuanto a las acciones de racionalización en las entidades territoriales se destaca la automatización del registro, encuesta y retiro de los hogares potenciales a ser beneficiarios del SISBEN en la Alcaldía de Candelaria (Valle del Cauca). También la digitalización y automatización del Impuesto predial del municipio de Arauca.
“Desde Función Pública seguimos avanzando en el fortalecimiento de las capacidades de las entidades públicas para la garantía de los derechos de los ciudadanos y la generación de valor público”, agregó el director Fernando Grillo.
Finalmente, Función Pública pone a disposición de las entidades que requieran asesoría en la racionalización de los trámites un equipo multidisciplinario que atenderá las solicitudes en todo el país.
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