A un año de las elecciones presidenciales de 2022, una bancada de partidos políticos presentaron un polémico proyecto de ley que en la mañana levantó polémica y ya en horas de la tarde había quedado sin las 10 firmas de legisladores necesarias para que siguiera su curso en el Congreso, pues más de 15 congresistas retiraron sus firmas del proyecto.
Se trataba de una propuesta radicada ante la Cámara de Representantes por el Centro Democrático, el Partido Conservador y el Partido de la U que buscó tres cambios principales: el primero, que el Presidente y Vicepresidente de la República pudieran extender sus mandatos hasta el 7 de agosto de 2024, así como alcaldes, gobernadores, senadores, representantes y otros funcionarios; el segundo, unificar las elecciones legislativas y presidenciales, para que se realizaran en un solo día; y el tercero, evitar el reajuste de salario de los congresistas en los próximos 10 años.
Como medida adicional, el proyecto que se hundió sin ni siquiera llegar a su primer debate en el Congreso, planteaba que la elección del Alcalde de Bogotá tuviera dos vueltas en caso de no llegar a 40% en la primera.
En contravía de la Constitución
Para el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla, la propuesta va en contravía de lo estipulado en la Constitución. “Es anticonstitucional pretender que por ley se pueden extender periodos previamente señalados para ser ejecutados en cuatro años como el del Presidente, magistrados y congresistas”.
El experto afirmó que la consecución de este proyecto suponía un golpe a la democracia al querer prorrogar periodos de mandato. “Es absurdo pretender que la ley pueda prorrogar estos cargos porque sería una acción antidemocrática. El Congreso es una autoridad del Poder Público y las tres ramas que lo componen deben respetar la Constitución”, afirmó Arrubla.
Para Juan Manuel Charry, abogado constitucionalista, el proyecto de ley se trataba de una reforma a la Constitución Política y aunque la Corte Constitucional decretó que se pueden hacer modificaciones, no se pueden trastocar sus elementos esenciales. “El reto estaba en dictaminar los aspectos esenciales”, dijo.
Charry recordó que la Constitución de 1991 había separado las elecciones de municipios y departamentos con el ánimo de crear espacios más democráticos. “Esta propuesta que unifica una sola jornada de elecciones solo la podrá deliberar la Corte con base en si es un elemento esencial constitucional.
Cambiar las reglas de juego
El proyecto, por otra parte, resulta muy inconveniente porque estamos a un año de las elecciones y ya se están preparando los partidos y candidatos. Si hubiese sido aprobado, el acto legislativo saldría en plenas elecciones y enrarecería el ambiente electoral”, afirmó el experto.
Los integrantes de los partidos que presentaron y luego retiraron el proyecto legislativo habían afirmado en el documento de la iniciativa que existía la necesidad de fortalecer la capacidad de gestión de los diferentes funcionarios públicos al ampliar su margen de acción para ejecutar diversas políticas.
Este cambio es, sin duda, el elemento del proyecto que más revuelo causó pues se estipulaba que se podría extender el mandato del actual Gobierno hasta 2024, lo cual, para muchos sectores, resulta inviable y anticonstitucional.
Así también lo hicieron ver la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría al asegurar que se debía respetar el periodo de cuatro años de mandato. Incluso, el mismo presidente Iván Duque afirmó que estaba en contra de ampliar los periodos.
El mandatario ratificó que su administración culminaría el 7 de agosto de 2022 y afirmó que el país no necesita discusiones adicionales a la vacunación y reactivación económica. “Los que pretenden hacer proyectos para acaparar el poder por varias décadas, sencillamente ya sabemos el efecto que tiene eso en otros países”, dijo.
Si el proyecto hubiese continuado, Charry explicó que una propuesta de esta escala implicaría un total de ocho debates, con una revisión para continuar en el cuarto debate.
