Según datos de la Federación de Aseguradoras de Colombia (Fasecolda), la tasa de enfermedades laborales en el país descendió 27,5 puntos entre 2010 y 2017. Hace dos años se registró una tasa de 94,7 por cada 100.000 trabajadores, la cifra hace nueve años era de 130,6.
“Los programas de prevención y promoción impartidos por las administradoras de riesgos laborales están dando sus frutos”, dijo Germán Ponce, director de la Cámara de Riesgos Laborales de Fasecolda.
No obstante, también es importante revisar los casos en los que trabajadores pasan un caso de salud por la EPS, acuden como una urgencia o como una cita regular, se les asigna tratamiento y cinco años después se diagnostica como enfermedad laboral y hay que pasarle el caso a las ARL.
“Eso hace que haya un desorden en el sistema, porque una incapacidad no la pagan igual el sistema de salud que las ARL”, destacó Ponce.
Por su parte, el presidente del gremio, Jorge Humberto Botero —quien presentó su renuncia al cargo el viernes pasado— señaló que mientras este índice se ha reducido, pasa lo contrario con las incapacidades, lo cual atribuye a la laxitud en su concesión.
De acuerdo con datos del Ministerio de Trabajo, entre 2009 y 2017 el sistema ha expedido alrededor de 2,7 millones de incapacidades laborales. Solo en 2017, ascendieron a 400.000 en promedio, el doble de los casos de 2009. Un dato relevante es que en 2018, el 74 % de las incidencias se presentaron en hombres y el 26 % en mujeres. Lo anterior, impulsado por la participación del género masculino en el Sistema de Seguridad Social, que está por encima del 60%.
“Hay situaciones recurrentes que hemos identificado y es que los hombres se incapacitan con mayor frecuencia los lunes o los viernes y en la costa caribe, generalmente, sucede en época de carnavales”, destacó Botero.
La edad es otro factor que también juega un papel importante, pues el 35 % de las incapacidades corresponden al rango de los más jóvenes: 20 a 29 años, 30 % entre 30 y 39 años y 20 % entre 40 y 49 años. Y los meses en los que mayor se registran son en junio y diciembre. El año pasado esas situaciones le costaron al sistema unos 200.000 millones.
