La Fiscalía General de la Nación presentó acusación formal contra Cristian Camilo González Ardila, señalado de haber participado en el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio en Bogotá. Su rol habría sido clave en la planeación y escape del ataque.
La investigación por el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay continúa revelando nuevas piezas del entramado criminal que lo rodeó. En las últimas horas, la Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Cristian Camilo González Ardila, considerado uno de los presuntos responsables del atentado perpetrado el pasado 7 de junio de 2025 en el barrio Modelia, localidad de Fontibón, occidente de Bogotá.
De acuerdo con los elementos probatorios recopilados por el ente acusador, González habría participado de manera voluntaria en la planeación y ejecución del crimen. Su papel, según la acusación, fue facilitar la huida del adolescente que disparó contra Uribe Turbay, recogiendo al menor en una motocicleta tras el ataque. Para ello, recibió una transferencia de dinero destinada a cubrir gastos logísticos, entre ellos el combustible de la motocicleta.
El día del atentado, las autoridades lo ubicaron en las inmediaciones del parque El Golfito, punto estratégico para la fuga. Sin embargo, el plan se frustró cuando el menor sicario fue interceptado por el esquema de seguridad del senador y resultó herido antes de llegar al sitio pactado. Ante el fracaso, González abandonó el lugar para evitar ser identificado.
Días después, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizó un operativo de registro y allanamiento en Bogotá, donde González fue capturado. En el procedimiento se incautaron varios elementos que, según la Fiscalía, refuerzan la hipótesis de su participación en el magnicidio.
Cabe destacar que González estaba bajo libertad condicional y ya había sido condenado en 2015 y 2016 por delitos como hurto y porte ilegal de armas. Su historial delictivo, sumado a los hallazgos recientes, lo ubican como pieza clave dentro de la estructura criminal que atentó contra Uribe.
Declaraciones del acusado
Durante las diligencias, González Ardila sorprendió con una declaración que generó indignación: “Si hubiese sabido que era Miguel Uribe, habría cobrado más”, aseguró ante la Fiscalía.
Además, señaló que la banda criminal que lo contactó estaba planeando más atentados contra políticos del país, incluyendo un ataque contra un esquema de seguridad compuesto por cinco o seis camionetas. Estas revelaciones han encendido las alarmas sobre la existencia de un plan sistemático para atentar contra figuras públicas.
Actualmente, González permanece recluido en un centro carcelario y deberá enfrentar un juicio oral como presunto responsable de homicidio agravado y de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego en modalidad agravada. Con su acusación, ya son nueve las personas vinculadas formalmente al proceso penal, incluyendo al menor de edad que ejecutó el ataque y que fue sancionado con una pena de siete años de privación de la libertad.
Contexto del magnicidio
El asesinato de Miguel Uribe Turbay, ocurrido en plena campaña presidencial, sacudió al país y reavivó el debate sobre la seguridad de los líderes políticos. Uribe Turbay, nieto del expresidente Julio César Turbay Ayala, era considerado una figura emergente dentro del panorama político nacional. Su muerte no solo truncó una carrera en ascenso, sino que también dejó interrogantes sobre la capacidad del Estado para proteger a sus dirigentes.
El atentado se produjo en un sector residencial de Bogotá, lo que evidenció la audacia de los responsables y la vulnerabilidad de los esquemas de seguridad. La investigación ha revelado que detrás del ataque habría una organización criminal con capacidad logística y financiera para ejecutar operaciones de alto impacto.
La acusación contra Cristian González Ardila representa un paso más en el esclarecimiento del magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Aunque el proceso judicial apenas comienza, las pruebas y declaraciones apuntan a que su rol fue determinante en la planeación del ataque. La justicia deberá establecer su responsabilidad y, al mismo tiempo, garantizar que hechos como este no se repitan en un país que aún busca superar las sombras de la violencia política.
