La Fiscalía General de la Nación imputó cargos al exgobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, por presuntas irregularidades cometidas durante el proceso de elección del Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), en el año 2023.
El exmandatario fue señalado por el delito de prevaricato por acción, al haber permitido la participación de alcaldes que estaban legalmente impedidos en la votación para conformar dicho consejo. Según el ente acusador, Aguilar ignoró al menos 13 recusaciones presentadas en su contra y en contra de otros funcionarios, lo que habría vulnerado el debido proceso y afectado la legalidad de la elección.
La audiencia de imputación se llevó a cabo ante el Tribunal Superior de Bogotá, donde la Fiscalía expuso que el entonces gobernador no se apartó del proceso pese a los señalamientos de conflicto de intereses. Como resultado, cuatro alcaldes del área metropolitana de Bucaramanga fueron elegidos para integrar el consejo directivo de la CDMB, en medio de cuestionamientos sobre la transparencia del procedimiento.
Mauricio Aguilar, quien también fue senador por los partidos PIN y Opción Ciudadana, enfrenta este nuevo proceso judicial tras concluir su mandato como gobernador en diciembre de 2023. Aunque no se dictó medida de aseguramiento en su contra, la imputación marca un nuevo capítulo en las investigaciones por presuntas irregularidades administrativas durante su gestión.
La elección del consejo directivo de la CDMB es un proceso clave para la toma de decisiones ambientales en la región, y su legitimidad es fundamental para garantizar la protección de los recursos naturales y el desarrollo sostenible. Por ello, el caso ha despertado preocupación entre sectores políticos, ambientales y ciudadanos.
Organizaciones como la Corporación Compromiso y la Veeduría Ciudadana de Santander han solicitado que se investigue a fondo el proceso y se garantice la transparencia en la conformación de los órganos de dirección de las corporaciones autónomas regionales.
Hasta el momento, Aguilar no se ha pronunciado públicamente sobre la imputación. Sin embargo, sus abogados defensores han manifestado que el exgobernador actuó conforme a la ley y que demostrarán su inocencia en el curso del proceso judicial.
La Fiscalía continuará con la investigación para determinar si hubo una vulneración grave al orden jurídico y si se configuró el delito de prevaricato por acción, que implica la emisión de actos administrativos contrarios a la ley por parte de un servidor público.
Este caso se suma a otros procesos que buscan fortalecer la vigilancia sobre el ejercicio del poder público en Colombia y garantizar que las decisiones administrativas se ajusten a los principios de legalidad y transparencia.
