El Gobierno colombiano anunció avances significativos en la reglamentación de la Ley 70 de 1993, una norma clave para el reconocimiento de los derechos territoriales y culturales de las comunidades afrocolombianas, especialmente en la región del Pacífico. Esta ley, surgida tras la Constitución de 1991, establece la propiedad colectiva de tierras y busca fortalecer el desarrollo socioeconómico de los pueblos afrodescendientes.
Según informó portavoces del gobierno, el proceso de reglamentación se enfoca en garantizar la titulación colectiva de tierras, proteger la identidad cultural y promover el ejercicio democrático en los territorios ancestrales. La vicepresidenta Francia Márquez y el Ministerio del Interior lideran las acciones, en articulación con líderes comunitarios y organizaciones étnicas.
Durante los últimos meses, se han realizado mesas de trabajo en distintos departamentos del suroccidente colombiano, donde las comunidades han planteado sus necesidades y propuestas. El objetivo es construir una política pública con enfoque étnico-racial que responda a los desafíos históricos de exclusión y despojo territorial.
La Ley 70 ha sido considerada por expertos como un instrumento fundamental para la justicia racial en Colombia, pero su implementación ha enfrentado obstáculos durante más de tres décadas. El actual gobierno busca saldar esa deuda histórica mediante una reglamentación participativa y efectiva.
Además de la titulación de tierras, el proceso contempla medidas para fortalecer la autonomía de los consejos comunitarios, mejorar el acceso a servicios básicos y fomentar proyectos productivos sostenibles en los territorios afrocolombianos.
Organizaciones sociales han celebrado el avance, aunque advierten que el éxito dependerá de la voluntad política, el presupuesto asignado y el respeto por los procesos comunitarios. La reglamentación de la Ley 70 representa un paso importante hacia el reconocimiento pleno de los derechos de las comunidades afrodescendientes en Colombia
