En Santander, a escasos días de las elecciones legislativas, la tensión política se intensificó tras dos comunicados enfrentados: la Gobernación solicitó investigación por presunta corrupción electoral y la campaña de Sergio Isnardo Muñoz denunció guerra sucia desde la administración departamental.
La coyuntura electoral en Santander se ha visto marcada por un cruce de acusaciones entre la Gobernación departamental y la campaña de Sergio Isnardo Muñoz, candidato a la Cámara de Representantes por el Partido de la U. Los comunicados emitidos por ambas partes reflejan un ambiente de desconfianza y señalamientos que ponen en el centro del debate la transparencia del proceso democrático.
El primer pronunciamiento provino de la Gobernación de Santander, encabezada por Juvenal Díaz Mateus, en el que se solicitó a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría adelantar investigaciones sobre presuntos hechos de corrupción electoral. Posteriormente, la campaña de Muñoz respondió con un comunicado en el que acusó directamente a la administración departamental de gestar una estrategia de guerra sucia en su contra.
Comunicado de la Gobernación
La Gobernación de Santander informó que tuvo conocimiento de posibles irregularidades gracias a una denuncia pública realizada por el candidato Carlos Anaya. Según lo expuesto, se trataría de un entramado de corrupción electoral vinculado a un programa de emprendimientos del Departamento de Prosperidad Social (DPS).
Un funcionario de la Gobernación manifestó haber recolectado información sobre estos hechos para presentarla ante la Fiscalía, aunque aclaró que lo hizo por iniciativa propia y no por instrucción oficial. Ante la gravedad de lo denunciado y los temores por la seguridad del funcionario, el gobernador Juvenal Díaz Mateus se comunicó con el director seccional de Fiscalías para solicitar una investigación rápida.
La administración departamental precisó que la actuación del funcionario no fue autorizada ni corresponde a sus funciones, reiterando que los servidores públicos deben actuar dentro del marco de sus competencias. La Gobernación, según el comunicado de la misma Gobernación, pidió a los entes de control adelantar las investigaciones con celeridad, subrayando su compromiso con la transparencia y las garantías electorales.
Respuesta de Muñoz
El candidato Sergio Isnardo Muñoz, por su parte, reaccionó con dureza al comunicado oficial. En su pronunciamiento, acusó al gobernador Juvenal Díaz Mateus de confesar implícitamente que desde su administración se gestó una campaña de desprestigio contra su proyecto político. Según Muñoz, se trató de una estrategia sistemática basada en montajes y desinformación, justo cuando su candidatura mostraba un crecimiento significativo en Santander.
El comunicado también señala que un miembro del gabinete del gobernador habría realizado acciones delictivas, engañando a ciudadanos humildes y disfrazándose como parte de la campaña de Muñoz. Dicho material, según el candidato, no fue entregado a las autoridades sino a otra campaña política, que lo utilizó para difamarlo.
Muñoz afirmó que, tras su denuncia pública ante la Fiscalía, se concretó una denuncia conjunta entre el funcionario de la Gobernación y otro candidato, lo que evidenciaría un concierto de delitos electorales y participación indebida en política por parte de la administración departamental. Además, expresó preocupación por la falta de garantías electorales y solicitó una reunión extraordinaria con la Mesa de Garantías Electorales y el Gobernador Ad Hoc.
Escenario político y repercusiones
El cruce de comunicados refleja la tensión que se vive en Santander en vísperas de las elecciones legislativas. Por un lado, la Gobernación en búsqueda de deslindarse de cualquier responsabilidad y reafirmar su compromiso con la transparencia institucional. Por otro, la campaña de Sergio Isnardo Muñoz denuncia una supuesta estrategia de guerra sucia que, según él, quiere frenar el avance de su candidatura.
Este enfrentamiento pone en evidencia la fragilidad de las garantías electorales en el departamento y la necesidad de que los entes de control actúen con rapidez para esclarecer los hechos. La confianza ciudadana en el proceso democrático depende de que las investigaciones se realicen con imparcialidad y que se sancione cualquier irregularidad comprobada.
