El monitoreo hecho por el Observatorio de Conflictividad Social de la Defensoría del Pueblo identificó 35 eventos de conflictos sociales manifiestos en el contexto preelectoral, todos ocurridos en Bogotá y 12 departamentos del país en los dos primeros meses del año.
- La Defensoría reiteró el llamado a las autoridades nacionales y territoriales a establecer acciones preventivas oportunas que garanticen el ejercicio libre de los derechos a elegir y ser elegido, la protección de los derechos humanos y la estabilidad democrática durante todas las etapas del calendario electoral.
La Defensoría del Pueblo advirtió este jueves 5 de marzo sobre posibles escenarios de conflictividad social durante la jornada electoral del próximo domingo 8 marzo y en la etapa poselectoral. Entre el 1 de enero y el 28 de febrero del 2026, identificó 35 eventos en Bogotá y 21 municipios de 12 departamentos del país, a partir del análisis preventivo adelantado por su Observatorio de Conflictividad Social.
En Atlántico, Boyacá, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Huila, Meta, Norte de Santander, Santander, Tolima y Valle del Cauca, los hechos registrados han estado asociados principalmente a acciones contra la oposición política (34 %), a situaciones que evidencian la polarización política con tensiones sociales entre quienes tienen posturas políticas diferentes (23 %), a inscripciones de listas de candidatos (17 %), a situaciones que restringen el derecho a elegir y ser elegido (14 %), entre otros temas con una menor proporción.
En cuanto a las formas de manifestación, la mayoría de los eventos se desarrolló mediante plantones y concentraciones (46 %), afectaciones a vallas electorales (14 %), disturbios o acciones violentas en manifestaciones públicas (11 %), afectaciones a sedes de campaña (9 %), marchas y movilizaciones (6 %), sabotajes en actos de campaña (6 %) y otros mecanismos (6 %).
Si bien la generalidad de las manifestaciones se ha caracterizado por su naturaleza pacífica, se destacan algunos hechos en distintos territorios que incluyeron agresiones, daños a sedes de campaña, confrontaciones violentas entre simpatizantes y denuncias de actos de intolerancia política. Estos hechos reflejan un escenario de tensión latente que, ante eventuales fallas logísticas, limitaciones en el acceso al voto, decisiones operativas percibidas como restrictivas o controversias durante el escrutinio y la divulgación de resultados, podría derivar en escalamiento de la conflictividad social.
Además, el monitoreo de la Defensoría permitió identificar factores que pueden generar conflictos de índole electoral en los comicios del próximo 8 de marzo. Entre ellos se destacan: pronunciamientos públicos sobre un eventual fraude electoral, controversias y decisiones judiciales relacionadas con candidaturas, nuevas demandas que cuestionen la contabilización de votos en determinadas circunscripciones electorales, tensiones durante actividades proselitistas en distintos territorios, incidentes de seguridad en eventos políticos y convocatorias a movilizaciones sociales o manifestaciones pacíficas en fechas cercanas a las elecciones, que podrían afectar la movilidad de ciudadanos y de las autoridades electorales o del material electoral que podrían incidir el normal desarrollo de la jornada.
La Defensoría recomendó al Ministerio del Interior, a través del Viceministerio de Diálogo Social y los Derechos Humanos, y la Registraduría Nacional a fortalecer las acciones de prevención y transformación de conflictos con incidencia electoral, priorizando mecanismos de diálogo, mediación y articulación interinstitucional que permitan atender oportunamente las inconformidades que puedan surgir durante el desarrollo de las elecciones y en la etapa poselectoral.
En este sentido, resulta fundamental promover canales de comunicación efectivos entre autoridades electorales, gobiernos territoriales, organizaciones sociales y actores políticos, con el propósito de tramitar de manera temprana las tensiones que puedan presentarse en los territorios y así evitar escenarios de escalamiento de la conflictividad social.
La Defensoría del Pueblo de igual forma les hizo un llamado a los partidos políticos, a las candidaturas y a la ciudadanía para que cualquier inconformidad relacionada con el proceso electoral sea tramitada exclusivamente a través de los mecanismos institucionales y legales establecidos, en un marco de respeto por la diferencia política y la convivencia democrática.
Recomendó la Defensoría incorporar un enfoque de género en las medidas de prevención para evitar que la violencia política basada en género profundice la conflictividad electoral. Todas las acciones tienen como propósito fundamental garantizar los derechos políticos a elegir y ser elegido, la protección de los derechos humanos y la estabilidad democrática durante todas las etapas del calendario electoral.
Foto: Defensoría del Pueblo / @DefensoriaCol /
