El Gobierno de Gustavo Petro y la Defensoría del Pueblo discrepan sobre el nivel de riesgo electoral en Colombia: mientras el Ejecutivo identifica 104 municipios críticos, la Defensoría alerta sobre 649 en peligro, generando tensiones institucionales y preocupación por la seguridad democrática del país.
En vísperas de un ciclo electoral decisivo para Colombia, se ha desatado una controversia entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y la Defensoría del Pueblo, liderada por Iris Marín, en torno al nivel de riesgo que enfrentan los comicios de 2025 y 2026. Las cifras presentadas por ambas entidades difieren sustancialmente, lo que ha encendido el debate sobre la seguridad democrática y la protección de los derechos políticos en el país.
Colombia se prepara para una serie de procesos electorales que incluyen las elecciones de concejos de juventud en octubre, consultas interpartidistas y Congreso en marzo, y la primera y segunda vuelta presidencial en mayo y junio de 2026. Sin embargo, el ambiente político está marcado por una creciente preocupación por la violencia, las amenazas a líderes regionales y el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, hechos que han puesto en tela de juicio la capacidad del Estado para garantizar elecciones libres y seguras.
En este contexto, el Ministerio del Interior, encabezado por Armando Benedetti, presentó un informe que identifica 104 municipios en riesgo electoral, concentrados principalmente en zonas con problemas de orden público y presencia de cultivos ilícitos. “Nuestra preocupación está, principalmente, en las zonas donde hay producción y cultivo de coca”, afirmó Benedetti, señalando regiones como el Catatumbo, el Cauca, Nariño, Chocó y el sur del Valle del Cauca.
La Defensoría del Pueblo, por su parte, reveló un informe mucho más amplio y detallado, elaborado con base en trabajo de campo realizado por más de 100 funcionarios en distintas regiones del país. El documento, titulado Alerta Temprana Electoral 2025-2026, establece que 649 municipios presentan un nivel alto de riesgo electoral. De estos:
- 62 requieren atención inmediata
- 162 necesitan acción urgente
- 425 demandan acción prioritaria
Además, se identificaron otros 216 municipios bajo observación permanente y 257 con llamado a acción ordinaria.
Durante la presentación del informe, Iris Marín enfatizó que “la prioridad del informe, más allá de identificar los lugares más críticos, es emitir recomendaciones concretas para que las entidades del Estado actúen y reduzcan los niveles de riesgo”. El documento incluye 20 recomendaciones enfocadas en seis ejes temáticos, con énfasis en la prevención y protección de candidatos, periodistas y firmantes de paz.
Acusaciones y tensiones
La diferencia entre los informes no solo es numérica, sino también política. Benedetti criticó duramente el documento de la Defensoría, que aún no había sido publicado al momento de sus declaraciones: “La Defensoría hace un informe con todos los errores posibles porque lo hace con base en denuncias o precauciones que se deben tomar. Se equivoca mucho, parece que hubiera un interés, a veces uno no sabe si es por maldad o por falta de conocimiento del país”.
Estas declaraciones generaron malestar, especialmente porque Iris Marín fue ternada por el propio presidente Petro, aunque ha demostrado independencia desde que asumió el cargo en 2024. Marín respondió con mesura, señalando que el documento aún no había sido expedido y que no entendía a qué se refería el ministro. Al día siguiente, presentó el mapa de alertas tempranas, dejando en evidencia la magnitud del riesgo electoral que percibe la entidad que dirige.
El presidente Petro intentó calmar las aguas con un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter): “Buscaré que ningún municipio quede en riesgo en elecciones”. Sin embargo, la controversia ya había escalado. Marta Lucía Ramírez, exvicepresidenta y excanciller, cuestionó públicamente la postura del Gobierno: “No hay derecho!! La Defensoría del Pueblo da informe sobre 600 municipios en riesgo electoral, pero el ministro del interior la desdice, señalándola de ignorante y terminan reduciendo el riesgo a 104 municipios!!!”.
La Misión de Observación Electoral (MOE), por su parte, ha advertido sobre la necesidad de una respuesta institucional coordinada y eficaz. Alejandra Barrios, directora de la MOE, señaló que el país atraviesa un “momento de inseguridad jurídica” y que es urgente blindar el proceso electoral con medidas concretas y diferenciadas según el nivel de riesgo de cada territorio.
¿Qué está en juego?
La discrepancia entre el Gobierno y la Defensoría no es solo técnica, sino que refleja una tensión más profunda sobre cómo se entiende y se gestiona la seguridad electoral en Colombia. Mientras el Gobierno parece enfocar su diagnóstico en la presencia de grupos armados y cultivos ilícitos, la Defensoría incorpora variables como amenazas a líderes sociales, violencia política, y condiciones estructurales que afectan la participación democrática.
La diferencia de enfoque plantea interrogantes sobre la capacidad del Estado para actuar de manera preventiva y garantizar que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto sin miedo ni coacción. Como lo expresó Iris Marín: “Hay municipios en cuidados intensivos que se pueden salvar con una acción institucional también intensiva; otros deben ir a urgencias, a citas prioritarias o a controles mensuales, pero ninguno puede desatenderse”.
El choque de cifras entre el Gobierno y la Defensoría del Pueblo revela una fractura institucional que podría afectar la confianza ciudadana en el proceso electoral. Más allá de las diferencias, lo que está en juego es la garantía de los derechos políticos y la vida de miles de colombianos en territorios históricamente golpeados por la violencia.
La Defensoría ha hecho su parte al emitir una alerta temprana con suficiente antelación para permitir una respuesta articulada. Ahora, corresponde al Gobierno y a las demás entidades del Estado asumir el reto de coordinar esfuerzos, superar diferencias y actuar con responsabilidad para que las elecciones de 2025 y 2026 se desarrollen en condiciones de seguridad y legitimidad.
