El Gobierno nacional anunció un refuerzo integral de seguridad en Bucaramanga y Santander, con aumento de Policía Militar, uso de tecnología, lucha contra economías ilegales y un robusto Plan Democracia, de cara a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026.
El Ministerio de Defensa puso a Bucaramanga en el centro de su nueva estrategia de seguridad territorial y electoral. En un Consejo de Seguridad realizado el viernes 30 de enero en la capital santandereana, el ministro Pedro Sánchez Suárez anunció el fortalecimiento del pie de fuerza, el despliegue de Policía Militar en zonas vulnerables y un plan especial para garantizar elecciones seguras en 2026, en un contexto marcado por la presencia de grupos armados ilegales y estructuras criminales.
El encuentro reunió a las principales autoridades regionales y locales, entre ellas el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, y el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla Pérez, así como mandos de la Fuerza Pública y representantes institucionales. Allí se evaluó la situación de orden público en el área metropolitana y se definieron acciones prioritarias frente a amenazas como el Eln, las disidencias armadas, el microtráfico y la minería ilegal.
Uno de los anuncios centrales fue el fortalecimiento de la inteligencia para atacar estructuras criminales. El ministro fue enfático al señalar que la prioridad será identificar y neutralizar a los cabecillas que operan en los límites del área metropolitana. “Priorizaremos e identificaremos los objetivos de alto valor de los carteles del Eln o de las disidencias que están en frontera a esta región metropolitana y no dudaremos en neutralizarlos”, afirmó Sánchez, subrayando una postura de acción directa contra estos grupos.
El Gobierno también anunció una ofensiva contra el microtráfico, con operativos focalizados en expendios y sitios de consumo de drogas. Estas acciones incluirán procesos de extinción de dominio, una herramienta que busca golpear las finanzas ilegales. Según el ministro, incluso se intervendrán edificaciones que representen un riesgo para la seguridad ciudadana. “Las construcciones que sean amenaza de ruina y de inseguridad serán sometidas a procesos de derribo, con acompañamiento judicial y policial”, explicó.
En el marco de un Consejo de Seguridad realizado en Bucaramanga, el ministro @PedroSanchezCol habló sobre el Plan Democracia, una estrategia que busca garantizar la seguridad en los más de 13.000 puestos de votación a nivel nacional para las elecciones de este año.
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— Mindefensa (@mindefensa) January 31, 2026
En materia de presencia institucional, Sánchez confirmó el incremento del despliegue de los cuatro pelotones de Policía Militar ya existentes, especialmente en sectores considerados vulnerables. Además, anunció que durante 2025 se completará el batallón de Policía Militar asignado a la región, aunque reconoció que este proceso requiere tiempo debido a las etapas de selección, incorporación, entrenamiento y dotación del personal.
El ministro recordó que en 2025 ya se habían incorporado 150 policías adicionales al área metropolitana de Bucaramanga, superando la meta inicial de 120 uniformados. “Vamos a seguir ampliando esta capacidad para responder a las necesidades reales de seguridad de la ciudad y su entorno”, señaló, al tiempo que destacó el trabajo coordinado con las autoridades locales.
Otro frente crítico abordado fue la minería ilegal, identificada como una de las principales amenazas para Santander. El Ministerio de Defensa aseguró que no habrá tolerancia frente a esta actividad, debido a su impacto en el medio ambiente, la seguridad y la vida de las comunidades. Según Sánchez, se avanza en una estrategia intersectorial que involucra a distintos ministerios para atacar el problema desde múltiples dimensiones. “La minería ilegal no solo financia estructuras criminales, también destruye territorios y pone en riesgo a las personas”, advirtió.
La tecnología apareció como un eje transversal de la nueva política de seguridad. El ministro destacó la apuesta del departamento y de los municipios por soluciones innovadoras. “La tecnología no le da gripa, puede estar las 24 horas operando y enfocada en proteger a cada ciudadano”, dijo, al anunciar un plan piloto de sensores que comenzará a implementarse en 2025. La meta es que para agosto Bucaramanga y Barrancabermeja estén integradas a un sistema de sensores conectados a centros de mando y control.
A esto se suma el desarrollo de una aplicación móvil concebida como una “web de la seguridad”, similar a Google Maps, que permitirá alertas en tiempo real y una conexión directa con la Fuerza Pública, integrando servicios tipo 123. La iniciativa busca mejorar la respuesta institucional y fortalecer la confianza ciudadana.
El Consejo de Seguridad también dedicó un espacio clave al Plan Democracia, diseñado para proteger los 13.492 puestos de votación habilitados para las elecciones legislativas del 8 de marzo y presidenciales del 31 de mayo de 2026. De acuerdo con el Gobierno, esta cifra representa un aumento cercano a mil puestos frente a 2022, aunque el despliegue de Fuerza Pública se mantendrá en niveles similares.
Sánchez identificó riesgos claros para el proceso electoral, como la violencia física, la desinformación y la polarización en redes sociales, además de delitos como la compra de votos. “Que gane la sensatez y los argumentos, y que demostremos que somos una democracia madura y digna de llamarnos Colombia”, expresó el ministro.
Para reforzar la seguridad electoral, el Gobierno extendió el permiso militar por tres meses adicionales, lo que permitirá contar con 22.000 militares más durante la jornada electoral. Asimismo, se habilitó la línea 157 para denunciar actos de corrupción y delitos electorales.
Durante la reunión se presentó un balance operativo positivo. Las autoridades destacaron la captura de alias “Pechuga”, cabecilla del grupo criminal Los Búcaros en Barrancabermeja, con presuntos vínculos con el Eln y la estructura Los del Sur, responsable de ataques como el del peaje de Lizama y una patrulla policial en diciembre de 2025. En el mismo operativo fue capturado alias “El Mocho”.
En total, se reportaron 53 capturas y 58 allanamientos en la jurisdicción, con una reducción aproximada del 30 % en los delitos frente al período anterior. Además, se logró afectar las economías criminales por cerca de 3.200 millones de pesos mensuales.
Finalmente, el ministro hizo un llamado a la corresponsabilidad ciudadana. “La seguridad no es solamente de las instituciones, es también de toda la comunidad”, afirmó, insistiendo en la prevención y en las oportunidades para los jóvenes, entre ellas el servicio militar obligatorio como alternativa de formación, ingresos y apoyo a familias vulnerables.
Las medidas anunciadas buscan consolidar una respuesta integral frente a la inseguridad en Santander, en un momento en el que la estabilidad territorial y la confianza democrática serán determinantes para el país.
