Como un evidente atentado contra la libertad de prensa y una medida extrema producto de abusos del poder, calificaron los periodistas de Santander la medida judicial que el Juez Trece Civil Municipal de Bucaramanga, Wilson Farfán Joya, en contra de un periodista y una extrabajadora del portal informativo Corrillos.
El gremio de comunicadores denunció un “matoneo judicial” que perjudica sustancialmente la objetividad y la veracidad de los medios, producto de fallos de Tutelas como la que fue víctima Corrillos y que hoy tiene en medida de arresto al director del medio, Juvenal Bolívar Vega y a su exrepresentante legal, Sofía Ortiz Delgado.
La Corporación de Periodistas y Comunicadores Sociales de Santander (CPS), a través de un duro pronunciamiento dijo que “mientras en Colombia se habla de los atentados contra líderes sociales, ningún medio de comunicación registra las amenazas, intimidaciones y hasta el acoso judicial e institucional a periodistas de municipios diferentes a Bogotá (…); Santander, Norte de Santander y Putumayo, son los departamentos en donde en las últimas semanas se han registrado hechos que parece solo importarles a los familiares de los afectados”.
En su análisis, la CPS expone que el hecho más preocupante se registró contra el periodista Juvenal Bolívar, director del portal informativo Corrillos, que trata temas políticos y administrativos en Santander.
“Mediante un proceso que viola los principios constitucionales del debido proceso y la libertad de prensa, el juez 13 civil municipal de Bucaramanga, falló una acción de tutela interpuesta por un funcionario público contra el medio de comunicación (Corrillos), sin notificar debidamente a la parte accionada y por tanto sin tener este derecho a la legitima defensa”, dice textualmente.
En el comunicado emitido por la CPS destaca que “a este tipo de acciones, las organizaciones que protegemos la libertad de prensa y los derechos de los periodistas, las denominamos ‘Matoneo Judicial’ a la Prensa, que consiste en que, por medio de demandas y fallos judiciales, se pretende acallar a los periodistas y los medios de comunicación, violando flagrantemente el artículo 20 de la Constitución Política”.
Medida arbitraria que debe ser investigada
Otro de los gremios que rechazó la medida del Juez Trece Civil de Bucaramanga, fue el Colegio Nacional de Periodistas (CNP), que a través de su presidente, Enrique Ochoa, ha calificado el hecho como “un asunto grave” que debe ser investigado por el Consejo Superior de la Judicatura.
Dijo que el insumo más importante que tienen los medios de comunicación es su objetividad y ésta no puede ser violada por fallos judiciales para acomodar verdades. “Si esa objetividad se pierde, entonces pierde el país que no puede acceder a noticias reales”, dijo Ochoa.
El máximo dirigente del CNP también lamentó como en un Estado Social de Derecho se le niega a un medio defenderse de un funcionario que quiere acallarlo. “La investigación que hizo Corrillos está sustentada periodísticamente. El deber del medio es informar y eso se hizo en este caso y por cumplir con su misión no se le puede sancionar”, argumentó.
“Medida apresurada y errada”
El Círculo de Periodistas de Bucaramanga (CPB) rechazó la forma como el despacho judicial le impidió al medio el derecho a la defensa, “tal como lo estipula el artículo 29 de nuestra carta política”.
Afirmó que “esta decisión apresurada viola flagrantemente la libertad de expresión y periodismo de opinión investigativo, dado que el informe periodístico tuvo como fundamento pruebas documentales que posee el periodista Juvenal Bolívar Vega”.
“Representando la determinación tomada por el juez del caso, nuestra organización periodística no la comparte porque va en contra del debido proceso y el libre ejercicio del periodismo y libertad de prensa amparados por la Constitución nacional”, concluye el CPB.