Por: Diego Ruiz Thorrens/ El pasado 08 de Junio los medios de comunicación nacional registraron la noticia de la recusación contra el primer Representante a la Cámara abiertamente gay Mauricio Andrés Toro Orjuela, interpuesta ante la Comisión de Ética por un ciudadano que se autoidentifica como “cristiano y provida”, buscando impedir la discusión, avance y aprobación de un proyecto de ley que tiene como propósito “eliminar los esfuerzos de cambio de orientación sexual, identidad y expresión de género (Ecosieg)”, lo cual significa, en otros términos, prohibir cualquier tipo de acción que valide, reafirme o permita las llamadas “terapias de conversión”. Los argumentos para recusar al Representante a la Cámara de la Alianza Verde son por sí mismos inverosímiles y discriminatorios, y desconocen tajantemente la esencia y el corazón del proyecto de Ley que en ese momento se buscó discutir.
Para entender la persecución cometida contra el Representante Mauricio Toro tendríamos que responder a la pregunta sobre qué es o qué son las terapias de conversión y porqué la discusión del proyecto que plantea el Representante Toro es sumamente urgente e importante en este tiempo, momento del año donde se celebra y conmemora la diversidad sexual y la lucha por el reconocimiento de los derechos de personas LGBTIQ+ en todo el mundo.
¿Qué son las terapias de conversión?
En el año 2020 la Corporación caribe Afirmativo publicó el artículo titulado “Terapias de Conversión”: Informe del Experto Independiente sobre violencia contra personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas”, documento que expone la gravedad de este tipo de “terapias” y los peligrosos efectos en la calidad de vida y la salud mental de cientos de miles de personas LGBTIQ+ que son sometidas a estos tratos.
En dicho artículo, la organización manifiesta que las “terapias de conversión” configuran tratos crueles, inhumanos y degradantes, e incluso en algunos casos constituyen tortura. Por ello, es necesario describirlas desde un enfoque de derechos humanos en el que no se reduzcan a un solo agente generados y se comprendan sus raíces en la discriminación contra personas LGBT. En este sentido, se plantea que las prácticas son ejercidas con un alto componente de coerción familiar y presión de miembros de las comunidades por parte de familiares, líderes religiosos, profesionales de la salud mental, empleadores, autoridades educativas y autoridades estatales. Además, están acompañadas de la criminalización y la patologización de las orientaciones sexuales e identidades de género diversas.
Por esta razón y como manifestaron varios medios de comunicación, en el proyecto de ley presentado por Mauricio Toro, “los Esfuerzos de Cambio de Orientación Sexual e Identidad y Expresión de Género (Ecosieg) es el término adecuado para referirse a las llamadas terapias de conversión”, ya que son todos los medios y técnicas conductuales, psicoanalistas, médicas, religiosas y espirituales que tienen como finalidad cambiar, revertir, impedir o reprimir la orientación sexual, identidad de género y expresión de género de una persona, según lo explica la Asociación Americana de Psicología.
El proyecto de Ley presentado por el Representante a la Cámara de la Alianza Verde brinda luces de una problemática real, soterrada y perturbadora. En el documento, el Representante expone que: “En Colombia las “terapias de conversión” aún son una realidad, con cifras escalofriantes pues una (1) de cada cinco (5) personas LGBTIQ+ y una (1) de cada tres (3) personas trans, pueden llegar a ser sometidas a golpes, a desnudarse, a tener alimentación forzada, a violaciones, inmovilización durante días y a estar encadenadas; con la excusa de “poder curarlas” o “poder convertirlas”, prácticas que sin duda alguna son formas de tortura y discriminación hacia la población LGBTIQ+”. Bajo esta argumentación, es impensable la recusación expuesta por el autoproclamado activista cristiano, puesto que su denuncia ignora la protección especial que tienen ante la Ley las personas de poblaciones LGBTIQ+, buscando hacer caso omiso (literalmente, pasar por alto) de la violencia que vienen promoviendo algunos sectores cristianos contra la humanidad y la salud mental de muchas personas LGBTIQ+.
Y ante esto, ¿cuál es el escenario de las terapias de conversión en el departamento de Santander?
En Santander, la identificación de casos y/o denuncias de terapias de conversión ha sido problemática. A pesar del esfuerzo de algunas organizaciones (como la corporación Conpanzes) y activistas de la población LGBTIQ+ por exponer y visibilizar la persecución proferida desde algunos sectores que se autoproclaman como cristianos contra poblaciones LGBTIQ+, la identificación de este tipo de violencias cometida primordialmente contra adolescentes LGBTIQ+ ha sido compleja, siendo quizá la principal barrera la invisibilidad de los casos y la inexistencia de rutas de atención para los mismos.
También, porque las victimas que han sido identificadas, como se mencionó anteriormente, son en su mayoría menores de edad, seres que desconocen ante quién pueden recurrir o denunciar. Y cuando denuncian, sus voces terminan siendo ignoradas por el personal responsable, muchos de ellos docentes o personal académico. En los casos que han sido identificados, la violencia cuenta con la complicidad de los padres o de sus acudientes.
Esperemos que este importante proyecto de Ley planteado por el Representante Toro no continúe enfrentando las barreras que actualmente encara, y que la Comisión de Ética entienda el ultraje cometido por una persona que considera que se pueden pisotear y manosear los derechos de las poblaciones más vulnerables. También, porque un fallo en contra del Representante sería la puerta para la vulneración de derechos de otras comunidades que enfrentan similares tipos de violencias, especialmente, los niños, niñas y adolescentes, y la población de mujeres víctimas de feminicidio, más aún cuando en estos tiempos existen personas, figuras políticas, que demuestran su más portentoso desprecio por las Leyes que buscan proteger a los más vulnerables.
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*Estudiante de Maestría en Derechos Humanos y Gestión de la Transición del posconflicto de la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP Seccional Santander.
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