Un reciente informe de la Defensoría del Pueblo revela un incremento significativo en los eventos de conflictividad social asociados con cultivos de uso ilícito en Colombia entre enero de 2022 y mayo de 2024. Según el informe, se registraron 38 incidentes durante este período, con una alta concentración en 2022, cuando se reportaron 28 casos, equivalentes al 74 % del total. En 2023 se documentaron nueve eventos (24 %), y entre enero y mayo de 2024, uno (3 %).
Los departamentos más afectados incluyen Nariño (21 % de los casos), Córdoba (18 %), Norte de Santander (16 %), Bolívar (13 %), Putumayo (8 %), Antioquia (8 %), Cauca (5 %), Meta (5 %), Valle del Cauca (3 %) y Caquetá (3 %). La Defensoría, a través de su Delegada y Observatorio de Conflictividad Social, atribuyó estos conflictos a los incumplimientos en los programas de sustitución de cultivos ilícitos. El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) es considerado uno de los pilares del Acuerdo Final de Paz, junto con la Reforma Rural Integral, destinada a ofrecer soluciones sostenibles al campesinado.
A pesar de que 99.097 familias han firmado acuerdos de sustitución, el informe identifica varias deficiencias en la ejecución del PNIS. Entre las fallas mencionadas están la ineficacia de las instituciones encargadas del desarrollo rural, la descoordinación entre niveles de gobierno, la inseguridad alimentaria y la presencia de estructuras armadas ilegales.
Enfoque en Catatumbo
El estudio destaca la subregión Catatumbo en el departamento de Norte de Santander, donde se han producido seis eventos de conflicto social desde enero de 2022. La región enfrenta problemas significativos relacionados con la presencia de cultivos ilícitos. Aunque Sardinata y Tibú han sido priorizados en el PNIS, la falta de atención a otras áreas podría estar contribuyendo a la escalada de los conflictos.
Desafíos y recomendaciones
El informe hace un llamado urgente al gobierno nacional para intensificar los esfuerzos en la sustitución gradual de cultivos ilícitos. Se recomienda aumentar el apoyo a proyectos productivos de ciclo corto, que actualmente tienen una meta alcanzada del 9 %, y mejorar la asistencia técnica integral, con un avance del 50 %. Además, se sugiere que las acciones de erradicación deben ir acompañadas de una oferta institucional que promueva la sostenibilidad de los cultivos lícitos y aborde los problemas agrarios subyacentes.
La Defensoría concluyó que garantizar el bienestar social y el desarrollo territorial adecuado es crucial. Esto incluye la disposición de infraestructura, una distribución equitativa de la tierra y la seguridad para las comunidades rurales, para asegurar el goce de los derechos fundamentales en un contexto de transformación territorial.
APN Noticias
