El Congreso de Chile logró esta madrugada un acuerdo para redactar una nueva Constitución y alcanzar la paz en el país. Según Jaime Quintana, presidente del Senado, se realizará un plebiscito en abril de 2020 con dos preguntas.
Se le preguntará a la ciudadanía si “aprueba o rechaza” una nueva constitución y “qué tipo de órgano debería redactar la nueva constitución”.
Según la decisión que ofrezca la consulta plebiscitaria, conjuntamente con las elecciones regionales de octubre de 2020, se elegirán bajo sufragio universal los miembros de la Convención Constitucional.
La otra opción sería una Convención Mixta Constitucional que sumaría (en partes iguales) a los miembros electos, los parlamentarios en ejercicio.
Según Quintana, el órgano constituyente solo “tendrá como objeto redactar la nueva constitución” y se disolverá finalizado el proceso. Quienes sean candidatos a su integración deberán renunciar a cualquier cargo público y quedarán inhabilitados al servicio público por un año después de concluir su trabajo. La Nueva Carta fundamental de Chile, cuando esté redactada, será sometida a plebiscito de ratificación “con sufragio universal obligatorio”.
De acuerdo con el presidente del Senado de Chile, este acuerdo busca una “salida pacífica y democrática a la crisis, de construir un verdadero contrato social y eso ha sido posible gracias a la ciudadanía que ha estado movilizada” y dijo que el ofrecimiento es hacer una “constitución 100% democrática” en alusión a la constitución vigente que fue escrita y aprobada en 1980, bajo el régimen de Augusto Pinochet.
El acuerdo alcanzado establece “el restablecimiento de la paz y el orden público” sin olvidar el respeto de los derechos humanos y la institucionalidad del país.
Situación compleja
La economía de Chile ya sufre los estragos del descontento social en el país. El sector turismo refleja las pérdidas que dejan las protestas. La Federación de Empresas de Turismo reportó que un 50% de los alojamientos en el país han sido cancelados, de acuerdo a una encuesta realizada por el Gobierno.
Además, calculan una pérdida de al menos 40 millones de dólares como consecuencia de la cancelación de la cumbre del Foro de Cooperación de Asía Pacífico (APEC) y la cumbre del cambio climático COP25. Los dos eventos iban a tomar lugar en Santiago en noviembre y diciembre respectivamente.
