Lo público no es sinónimo de lo permisivo, ni pertenece a todos para que nadie responda por ello. Confundir lo público con la ausencia de ley es desconocer su fundamento.
Por: David Camargo Segura | Soy, sin ambages, hijo de la universidad pública. A ella le debo no solo el título que me permitió ascender académica y socialmente, sino algo más silencioso y hondo: la apertura de la mente al conocimiento, esa chispa que ya no se apaga. Es una deuda que la memoria se niega a saldar, y que llevo con gratitud.
Recuerdo con nitidez mi llegada a la UIS, en el segundo semestre de 2010. Era un campus que arrastraba las huellas de una transformación iniciada en los años noventa, pero que aún aguardaba —física y académicamente— su reforma más notoria: pasillos que hablaban de otras épocas, aulas suspendidas entre lo que fueron y lo que estaban por ser.
Recuerdo también, con una perplejidad que aún no se disuelve, estruendos que llegaban de sopetón y presagiaban el estallido de una guerra: sirenas que rasgaban el aire, aulas que se vaciaban en minutos, y luego un mar de humo y gases que dejaban un estertor difícil de sobrellevar sin experiencia previa en los llamados «tropeles» universitarios.
Pocas veces, en medio de esa humareda, se recordaba que detrás del tropel seguía existiendo una universidad que no debería ser ajena al Estado. Ahí empieza el verdadero problema: cuando la respuesta a la violencia se formula tan ampliamente que la intervención policial depende de la apreciación política de turno, y no de criterios jurídicos establecidos.
Conviene entonces una precisión que debería ser obvia, aunque el fragor del debate suela borrarla: la autonomía universitaria no es soberanía. Ningún campus puede convertirse en una isla jurídica donde las leyes pierdan vigencia. Aceptar esa premisa, sin embargo, no autoriza la conclusión contraria: la universidad tampoco es una dependencia más del Ejecutivo, subordinada a su voluntad.
El artículo 69 de la Constitución garantiza esa autonomía y permite a las universidades darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, conforme a la ley. La Ley 30 de 1992 desarrolla esa garantía en lo académico, administrativo y financiero: la condición institucional para pensar sin pedir permiso, investigar sin instrucciones y enseñar sin censura alguna.
La propia Corte Constitucional ha advertido, en reiterada jurisprudencia, que autonomía no equivale a soberanía: la garantía está limitada por la Constitución, la ley, los derechos fundamentales, la razonabilidad y la prohibición de la arbitrariedad. Por eso tampoco resulta razonable romantizar los “tropeles”, como si toda violencia mereciera, sin más trámite, el manto de la protesta legítima.
Una cosa es protestar, incomodar o provocar una discusión necesaria; otra, muy distinta, es lanzar explosivos, destruir bienes, agredir personas o poner en riesgo deliberado la vida de la comunidad universitaria y aledaña. La universidad no debería ofrecer refugio a esas conductas, ni la autonomía convertirse jamás en muralla frente al delito comprobado y flagrante.
En ese punto, la afirmación del presidente Abelardo de la Espriella tiene una base que no debería negarse por razones ideológicas: el Estado debe proteger la vida, los bienes y el orden público. El 13 de septiembre anunció un protocolo para distinguir protesta pacífica de violencia, y designó a la Policía como «primera autoridad operativa» del orden.
Ahí comienza la discusión indispensable: no basta con decir que la Policía podrá entrar; hay que establecer quién determina la situación que lo habilita y qué evidencia concreta se exige. El verbo «preparar» no puede abarcar, por igual, una amenaza cierta y una simple sospecha, ni «terrorismo» confundirse con protesta radical o vandalismo callejero ocasional.
La Corte ha protegido especialmente la protesta pacífica universitaria, dejando fuera de esa protección la violencia, las amenazas y los daños. Ahí está la frontera que más interesa preservar: una universidad puede ser incómoda sin ser violenta, crítica sin ser criminal, contestataria sin volverse escenario de impunidad ni de sospecha generalizada sobre toda idea disidente.
Sería injusto, sin embargo, ignorar el temor contrario: estudiantes, profesores y trabajadores tienen derecho a estudiar y enseñar sin quedar atrapados en enfrentamientos ajenos. Por eso la discusión no debería ser universidad contra Policía, ni autonomía contra seguridad, sino qué reglas permiten que ambas funciones convivan sin que una termine por anular a la otra.
El procurador Gregorio Eljach planteó buscar un equilibrio entre la autonomía universitaria y las competencias del Ejecutivo y la Fiscalía en asuntos penales. Un protocolo serio exige criterios objetivos, controles sobre la actuación policial y garantías para quien proteste pacíficamente, además de responder qué ocurre después: intervenir no equivale a investigar, acusar o condenar.
La universidad, por su parte, no puede reclamar autonomía solo cuando hay violencia y guardar silencio ante sus efectos: sus directivas deben prevenir abusos, activar protocolos y colaborar cuando los hechos trasciendan lo disciplinario. La autonomía exige responsabilidad, y la autoridad exige límites; ninguna puede convertirse en excusa para tolerar el delito o el atropello impune.
Ahora bien, luego de aquellos años que pasé en la UIS, entendí que el humo termina disipándose y que el campus vuelve a llenarse de estudiantes. Queda, sin embargo, la pregunta por el tipo de universidad que queremos preservar: una donde nadie prepare impunemente un ataque, pero donde una idea incómoda tampoco se confunda jamás con una amenaza o un enemigo.
La verdadera prueba del Estado y de este gobierno no será demostrar que puede entrar a una universidad, sino que sabe cuándo, por qué y hasta dónde hacerlo. Porque la autonomía no fue concebida para proteger la violencia, sino la posibilidad de formar ciudadanos capaces de cuestionar el poder: ni la universidad sobre la ley, ni la autoridad sobre la Constitución.
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*Profesor universitario colombiano, director de trabajos de grado, especialista en Literatura Infantil y Juvenil y escritura académica y Magister en Educación.
