“Más de seis meses después, el Fiscal todavía no resuelve si les otorga ese beneficio procesal”, informó el periodista de Caracol Televisión que el domingo 24 de enero de 2021 desempolvó un proceso en donde los primeros acusados son la exsecretaria de Infraestructura de Santander, durante el Gobierno de Richard Aguilar, Claudia Yaneth Toledo y su esposo Lenín Darío Pardo.
Informó el periodista Juan David Laverde Palma que desde junio de 2020 la Corte Suprema de Justicia le envió presuntas evidencias de la trama de presunta corrupción en la contratación en Santander en el gobierno de Aguilar, que denunciaron Toledo y Pardo con el propósito de obtener el beneficio de principio de oportunidad, pero que desde junio de 2020 está en manos del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa y no se ha resuelto.
Ese principio de oportunidad daría la posibilidad de que Toledo y Pardo, de resultar responsables, tuviesen una pena mínima, como por ejemplo que su condena se pagase en detención domiciliaria. A cambio de ello tendrían que develar el presunto entramado de corrupción que según ellos mismos existiría en Santander durante la Gobernación de Aguilar en el periodo 2012 – 2015.
Además de esas delaciones tendrían que devolver 3.000 millones de pesos que es la suma que habrían recibido Toledo y Pardo por haber direccionado el contrato para la remodelación del estadio Alfonso López de Bucaramanga, que según señalan está sin concluir.
Zozobra en Santander
El informe en el Noticiero de Caracol Televisión del domingo 24 de enero de 2021 generó zozobra en Santander, porque además de que se menciona a Richard Aguilar, hoy Senador de la República, también se menciona a Edwin Ballesteros, hoy Representante a la Cámara. En el caso de este último se lo sindica de exigir presuntamente una coima por direccionar el contrato de construcción del acueducto del municipio de Landázuri, Santander.
Como lo menciona el mismo periodista Laverde Palma, la solicitud del beneficio de oportunidad solicitado por Toledo y Pardo que está en la Fiscalía lleva desde junio de 2020 sin tener una definición cierta.
Desde hace varios meses el tema está en aparente pausa sin que haya mayores movimientos, por lo que la noticia en un informativo nacional puso de nuevo en titulares a Santander y a dos de sus connotados políticos, figuras jóvenes de unos 40 años, que podrían ser más altos cargos en un futuro, pero que de verse envueltos en estos informes los ponen en una balanza de riesgo.
Aunque en Caracol Televisión el senador Richard Aguilar no salió a responder los cuestionamientos, sí lo hizo su abogado Iván Cancino. No obstante el Director de Noticias TRO en Santander, Oscar Gerardo Hernández, tuvo mayor poder de convencimiento y logró tener a Aguilar en el noticiero local para tener su opinión.
“Corte pidió reserva”
Aguilar dijo, entre muchas cosas, que la Corte Suprema de Justicia les pidió la reserva en la investigación y se abstuviera a dar declaraciones en los medios para que allí no se definieran los procesos, sino en los estrados como debe ser.
Por ello el senador Aguilar señala que esa información a nivel nacional en el noticiero “violenta el pedido de reserva de la Corte Suprema de Justicia”.
Dijo que “así como Aguilar y su abogado no pueden hablar, se levanta un muro de infamia. La Corte permite que se hable de una sola parte. Y así se violenta la ley cuando se acude a una sola parte”.
Dijo Aguilar que así las cosas que entonces se “nos levante la reserva y si muchos quieren llevar el proceso en los medios, que haya un equilibrio y que las partes puedan hablar. Mucho de lo que se ha dicho – dijo Aguilar – es mentira, es un muro de desinformación”.
Dijo que para tratar de mantener la reserva que ordenó la Corte Suprema de Justicia solo se atreve a señalar que la “Conmebol revisó el estadio Alfonso López y lo avaló en el 2020 para un campeonato” y lo avaló porque lo encontró apto y no como señalan que el estadio no tiene baños y está sin terminar, dijo.
Filtraciones muy editadas
Dijo Aguilar que “como la Fiscalía ya negó un principio de oportunidad se hacen filtraciones muy editadas a favor de una sola de las partes. Ya radicamos con mi abogado Cancino en la Corte y la Fiscalía la solicitud de que se respete la reserva de las partes”.
Dijo además que “hay un centenar de contradicciones, se han surtido etapas procesales en la Corte Suprema pero no se puede comentar, porque existe la reserva que nos pidió la Corte Suprema de Justicia, pero otros violan esa reserva de manera violenta”.
Pidió Aguilar “que la Corte nos levante esa reserva para que haya un equilibrio, para que mi abogado pueda replicar todos lo publicado en medios de comunicación. No puedo afectar lo ordenado por la Corte con relación a la reserva por eso no puedo aportar más ingredientes”.
“Tratan de vincularme”
El Representante a la Cámara, Edwin Ballesteros, quien al parecer no tendría esa reserva pedida por la Corte salió en Caracol en medio del informe en comento y le respondió al periodista Laverde Palma que “No, yo no estoy mintiendo, no he mentido, no lo he hecho, no lo voy a hacer ni lo haré, vuelvo y lo repito, estamos diligentes a cualquier llamado por parte de la Corte Suprema de Justicia y claramente acá lo que se está buscando es tratar de enlodar o ver cómo me vinculan en un proceso donde todo lo que están diciendo no es cierto”.
La investigación está en manos de la Corte Suprema de Justicia y el objetivo de la misma es determinar si o no los hoy congresistas amañaron la contratación en el periodo del gobierno de Aguilar en Santander. Nada está determinado a la fecha.
La exsecretaria de Infraestructura de Santander, Claudia Toledo y Pardo, su esposo, insisten en los señalamientos de una supuesta red de corrupción en Santander cuando Aguilar oficiaba como gobernador y Ballesteros como gerente de la Esant en Santander.
El tema volvió a la palestra por un informe en donde se desempolvó un archivo, pero ni en la Corte Suprema de Justicia ni en la Fiscalía hay pronunciamientos o movimiento del proceso, así que por ahora siguen donde estaban acusados y acusadores. Y como en todo proceso se presume la inocencia hasta que no se demuestre lo contrario.
