La Procuraduría General abrió una indagación previa para establecer si funcionarios de la Universidad del Atlántico omitieron ejecutar la sanción disciplinaria impuesta al rector Rafael Ángel Castillo Pacheco, quien, pese a estar suspendido por cuatro meses, fue designado nuevamente en el cargo a finales de 2025.
La actuación disciplinaria se origina en la aparente contradicción entre el fallo de la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento de la Procuraduría, emitido el 21 de febrero de 2025, y las decisiones administrativas adoptadas por la institución educativa meses después. El fallo ordenaba la suspensión de Castillo Pacheco por cuatro meses, medida que quedó registrada en el Sistema de Información y Registro de Inhabilidades (SIRI) el 11 de marzo del mismo año.
Sin embargo, el 17 de diciembre de 2025, el directivo fue nombrado nuevamente como rector, lo que para el Ministerio Público podría constituir una inejecución de la sanción o un incumplimiento de los deberes funcionales por parte de quienes debían garantizar su aplicación. La Procuraduría busca establecer si existió desconocimiento deliberado del fallo o si se trató de una omisión administrativa que permitió su retorno al cargo sin haber cumplido la suspensión.
Como parte del proceso, el ente de control ordenó la práctica de pruebas para esclarecer las circunstancias que rodearon la decisión de la universidad y determinar quiénes intervinieron en la eventual inobservancia del fallo disciplinario. La indagación se dirige contra “servidores indeterminados”, lo que implica que aún no se ha identificado plenamente a los funcionarios responsables, pero sí se reconoce la necesidad de individualizar a quienes tenían la obligación de ejecutar la sanción.
La Procuraduría evaluará documentos, actos administrativos, comunicaciones internas y registros institucionales para reconstruir la cadena de decisiones que permitió el nombramiento de Castillo Pacheco pese a la medida vigente. De confirmarse la inejecución, los implicados podrían enfrentar procesos disciplinarios por incumplimiento de deberes, omisión de funciones o desconocimiento de decisiones de autoridad competente.
Este caso se suma a otros episodios recientes que han puesto bajo escrutinio la gestión administrativa en universidades públicas, donde la tensión entre decisiones internas y controles externos ha generado debates sobre transparencia, gobernanza y responsabilidad institucional. La investigación avanza con el propósito de garantizar que las sanciones disciplinarias no se conviertan en actos simbólicos, sino en herramientas efectivas de control y corrección dentro del sector educativo.
