El sorpresivo aumento del salario mínimo para 2026 obligó a los municipios del área metropolitana de Bucaramanga a replantear las tarifas del transporte público, desatando una controversia entre autoridades, transportadores y usuarios por el impacto económico y la falta de consenso sobre los costos finales.
La definición de las tarifas del transporte público para 2026 tomó un giro inesperado este lunes, cuando los alcaldes y delegados de Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta y Girón se reunieron para revisar los valores proyectados. Aunque existía un estudio técnico previo, el incremento del 23,8 % en el salario mínimo —muy por encima de lo anticipado— obligó a recalcular los costos operativos y, con ello, las tarifas que entrarían en vigencia.
Durante la sesión se plantearon rangos tentativos: rutas cortas entre $3.000 y $3.100, rutas largas entre $3.500 y $3.600, y una tarifa de taxi que oscilaría entre $9.100 y $9.200. Sin embargo, estos valores generaron tensiones entre quienes defendían la necesidad de cubrir los costos del sistema y quienes advertían que el alza podría golpear a los usuarios en un momento de desaceleración económica.
Cristian Reyes, representante del Concejo de Bucaramanga ante el Área Metropolitana, aseguró que tras una “discusión juiciosa” se logró un acuerdo para fijar las tarifas del bus convencional en $3.000 para rutas cortas y $3.600 para rutas largas. Esto representa un aumento de $300 frente a 2025, cuando los valores eran de $2.700 y $3.300, respectivamente.
En el caso del Sistema Integrado de Transporte Metropolitano (Sitme), el pasaje quedó en $3.000, también con un incremento de $300 respecto al año anterior. La tarifa de taxi, por su parte, continúa sin definición, lo que mantiene en vilo tanto a los conductores como a los usuarios.
La controversia surge porque, aunque los transportadores argumentan que el alza del salario mínimo y el aumento en los costos de mantenimiento, combustibles y seguros hacen inevitable el ajuste, los ciudadanos consideran que el incremento acumulado en los últimos años supera su capacidad de pago.
Organizaciones de usuarios han señalado que el servicio no ha mejorado al ritmo de las tarifas y que el alza podría incentivar aún más el uso de motocicletas y transporte informal. A su vez, operadores del sistema insisten en que, sin una actualización tarifaria acorde a los costos reales, la sostenibilidad del transporte público estaría en riesgo.
La discusión sobre la tarifa de taxi refleja esta tensión: mientras los gremios piden un ajuste que compense la inflación y el aumento de gastos operativos, algunos alcaldes temen que un salto abrupto —de $7.800 en 2025 a más de $9.000 en 2026— genere rechazo ciudadano y afecte la movilidad formal.
