La Justicia Especial para la Paz (JEP) de Colombia avanzó en el caso 03, conocido como «asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado”.
Este martes 6 de julio, el tribunal de justicia transicional, surgido en 2016 tras los Acuerdos de Paz entre el Estado y la guerrilla de las FARC, imputó a 11 personas —un general, dos coroneles, dos tenientes coroneles, un mayor, un capitán, dos sargentos, un cabo y un civil— por la muerte de 120 personas y la desaparición forzada de otras 24. Entre los cargos estarían los crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Este es el primero de, al menos, seis autos y corresponde al Catatumbo, una subregión del departamento del Norte del Santander, fronterizo con Venezuela. Los hechos tuvieron lugar entre 2007 y 2009 y la JEP se ha basado en centenares de documentos, así como en el testimonio de decenas de militares y civiles relacionados.
Este primer auto de 284 páginas sitúa el inicio del plan de desaparición forzada en el Batallón de Infantería No. 15 ‘General Francisco de Paula Santander’ (BISAN) en Ocaña.
📰La JEP les imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 11 personas en el #Caso03 por su participación en el asesinato de 120 personas en estado de indefensión que fueron presentadas como bajas en combate ('Falsos Positivos').
Comunicado completo👉https://t.co/XnpTMUu0Q8 pic.twitter.com/uHZSevwOz2
— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) July 6, 2021
Estas muertes se conocen popularmente como «falsos positivos», una estrategia militar que consistía en ejecutar extrajudicialmente a civiles y hacerlos pasar como guerrilleros muertos en combate. De esta forma, los soldados recibían bonificaciones que iban desde compensaciones económicas hasta tiempos de vacaciones por haber golpeado a las bandas insurgentes en el marco del conflicto armado.
«Fue un patrón de macrocriminalidad, es decir, la repetición de al menos 120 asesinatos durante dos años en la misma región por el mismo grupo de personas vinculadas a una organización criminal y siguiendo el mismo modus operandi«, dijo la magistrada Catalina Díaz, la relatora del caso 03.
Un negocio criminal de limpieza social
Para la JEP, los hechos se enmarcan en la política institucional del Ejército de conteo de cuerpos e incentivos, además de la constante presión de los comandantes de obtener muertos en combate, con expresiones recogidas en el auto como “a como diera lugar”, “todo vale”, “mire a ver qué hace” y “toca dar una baja”.
De esta práctica, el tribunal establece dos modalidades: la que tuvo lugar hasta diciembre de 2007, que consistió en el asesinato de hombres jóvenes de 25 a 35 años, del área rural del Catatumbo, en su mayoría agricultores, comerciantes y transportadores informales.
Asesinatos que provocaron las denuncias de la población local, llegando a instituciones públicas y organismos internacionales. Ante esas protestas, el Ejército cambió de modalidad para evitar que hubiese quejas por la desaparición de jóvenes de la zona.
Inició, entonces, un «negocio criminal» de «limpieza social» entre el Ejército y terceros para reclutar jóvenes de otros municipios muy lejos de Catatumbo. Concretamente, los llevaban desde Soacha (Cundinamarca), Bogotá, Aguachica (Cesar), Gamarra (Cesar) y Bucaramanga (Santander).
Los reclutados trabajaban en la informalidad, eran desempleados, discapacitados o habitantes de calle, a los que prometían una remuneración económica. Cuando llegaban al Catatumbo eran asesinados y sus cuerpos eran vestidos de guerrilleros, utilizándolos para aumentar las estadísticas.
En el texto de la imputación, la JEP establece que «en vez de buscar a los comandos guerrilleros en lo alto de las montañas y de perseguir a los reductos paramilitares —y entrar en combate legítimo con ellos—, los miembros de esas dos unidades militares prefirieron asesinar a civiles indefensos».
También, el Tribunal habría encontrado documentos oficiales que implican destrucción de pruebas cuando iniciaron las investigaciones, además de compra y alteración de testimonios y declaraciones judiciales.
Reconocimiento para las familias de las víctimas
La JEP ha dado un importante espacio en el auto a los familiares, a quienes reconoce que sufrieron daños materiales y del patrimonio «llegando incluso en algunos casos a situaciones de mendicidad» por tener que asumir nuevos roles personales y familiares, además de desplazarse de sus hogares por amenazas tras los falsos señalamientos de que sus seres queridos eran miembros de la guerrilla.
«Para nosotros es una gran satisfacción estar escuchando esta determinación que está dando la JEP y yo creo que más claras no pueden estar las cosas», dijo a EFE la representante legal de la organización Madres de los Falsos Positivos de Soacha y Bogotá (Mafapo), Jacqueline Castillo, quien añadió que espera que los imputados reconozcan sus actos. «La aspiración que tenemos es que ellos reconozcan estos crímenes y podamos conocer la verdad de todo esto», sostuvo.
Excelente, lo estamos logrando. Declaración y rueda de prensa: Caso 03 de la JEP https://t.co/HhET9JTXE0 vía @YouTube
— Madres Falsos Positivos de Colombia (@MAFAPOCOLOMBIA) July 6, 2021
El tribunal transicional ha dado 30 días para que los imputados reconozcan los hechos y puedan completar la información de la que dispone el tribunal. Una opción que podría ayudar a reducir ostensiblemente sus condenas. De negarlo, si posteriormente son condenados en un juicio, podrían llegar a tener penas de hasta 20 años de prisión.
Segundo auto de la Justicia Especial para la Paz
Los «falsos positivos» tuvieron lugar durante el Gobierno del ultraderechista Álvaro Uribe (2002-2008), quien tomó posesión con la promesa de acabar con la guerrilla de las FARC.
Al menos 6.402 personas fueron asesinadas por miembros del ejército de Colombia entre 2002 y 2008 según la JEP, mientras que asociaciones de víctimas aseguran que la cifra podría ser mayor.
Precisamente, Uribe es uno de los más firmes opositores a los Acuerdos de Paz de 2016, de donde nace la Justicia Especial para la Paz, que junto a la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas forman el Sistema Integral para la Paz, pionero por resaltar el papel de las víctimas y por contar con un gran apoyo internacional.
Después de tres años de entrar en funcionamiento, la JEP está próxima a tomar sus primeras decisiones judiciales. A principios de año presentó la primera imputación, correspondiente al caso 01, que trata los secuestros por parte de la guerrilla de las FARC. En ese entonces, acusó a ocho antiguos comandantes guerrilleros, quienes posteriormente reconocieron los hechos.
El caso 03 es el segundo que avanza y próximamente está previsto que se conozca lo que ocurrió en cuanto a los ‘falsos positivos’ en los departamentos de Antioquia, Huila, Casanare, Meta y la región de la Costa Caribe. En el auto presentado este martes se habla de que la JEP va a continuar examinando los patrones que llevaron al asesinato de civiles y depurar las responsabilidades al más alto nivel.
Por esta cuestión declaró, ante la Comisión de la Verdad, hace unas semanas, Juan Manuel Santos, ministro de Defensa en el momento de los hechos, expresidente de Colombia y Premio Nobel de la Paz, quien pidió «perdón desde el fondo del alma» a las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales.
