El expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula Da Silva, quien fue líder del izquierdista Partido de los Trabajadores, gana su segundo pleito legal en menos de un mes, lo que fortalece su posible regreso al ruedo político para las elecciones presidenciales de 2022.
La Corte Suprema de Justicia dictaminó que el exjuez Sergio Moro actuó de forma parcializada contra el exmandatario, al juzgarlo y condenarlo por dos procesos de corrupción y blanqueo de capitales, en medio de la investigación del denominado caso Lava Jato.
Las opiniones de los cinco jueces de la Corte se dividieron en tres a favor y dos en contra del recurso presentado por Lula Da Silva, quien alegó que Moro habría tenido intereses políticos en su decisión, dado que en 2018 aceptó entrar al Gobierno del actual presidente ultraderechista Jair Bolsonaro como ministro de Justicia.
Justamente, las sentencias de Moro truncaron las aspiraciones presidenciales de Lula y lo obligaron a retirarse de la contienda de la que hasta entonces era el candidato favorito, según las encuestas. Con Lula Da Silva fuera de la carrera, Bolsonaro ganó los comicios presidenciales.
El nuevo pronunciamiento de la Corte Suprema brasileña afecta la reputación del exmagistrado, quien en abril de 2020 renunció a su ministerio tras una diferencia de posturas con el presidente, pero también abre la puerta a que los demás altos ejecutivos y políticos condenados a prisión por la investigación contra corrupción dirigida por Moro busquen la anulación de sus casos.
¿Más cerca de volver a la Presidencia?
La decisión del Supremo este martes ratifica la exoneración a favor de Lula Da Silva, que le permite volver a buscar la Presidencia, pues recupera así sus derechos políticos. Sin embargo, aún no ha confirmado si volverá a ser candidato.
El pasado 8 de marzo, un juez anuló todas las sentencias contra el exgobernante, que sumaban más de 20 años de cárcel.
En total, Lula estaba envuelto en cuatro procesos: uno relacionado con la compra de un apartamento en el balneario de Guarujá en el litoral de Sao Paulo; la adquisición de una casa de campo en la localidad de Atibaia;una investigación sobre el Instituto Lula, fundado por el exmandatario; y otro sobre supuestas donaciones ilegales realizadas por la constructora Odebrecht.
Por el primer caso, Lula fue condenado a 12 años de cárcel. En el proceso de la casa de campo, fue sentenciado a 17 años de prisión y por la investigación del Instituto Lula aún no hay una sentencia firme.
El magistrado Luiz Edson Fachin, también del Tribunal Supremo, fue quien anuló las condenas. Basó su decisión en que el Tribunal de Curitiba, que lo había sentenciado, no tenía la competencia para hacerlo.
Sin embargo, el juez no concluyó nada sobre el contenido de las investigaciones de Lava Jato, enfocada en la estatal petrolera Petrobras, de donde surgieron las investigaciones contra el expresidente.
Según Fachin, los casos serán enviados a un tribunal del Distrito Federal de Brasil, donde podrán empezar de nuevo, pero en realidad este sería el fin de todo el caso contra el exmandatario, debido a que habría prescrito, según aseguró el jurista Deltan Dallagnol, quien procesó a Lula como jefe del grupo de trabajo de Lava Jato.
El fundador del Partido de los Trabajadores también enfrenta otros procesos. No obstante, esos casos están lejos de una decisión final.
Estas decisiones judiciales también revelan las divisiones políticas en la nación. Los simpatizantes de la izquierda celebran el posible retorno del popular líder político de 75 años, mientras que los conservadores consideran que Lula queda así en la impunidad.
